La oposición quiere evitar que prospere la intervención oficial de la Oficina de Presupuesto del Congreso
Buscan reforzar con proyectos la autonomía del ente que audita el costo de las leyes y que contradijo informes del Gobierno sobre jubilaciones y discapacidad
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El avance del oficialismo sobre la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) abrió un nuevo frente de conflicto legislativo. En respuesta, senadores y diputados de distintos bloques opositores comenzaron a impulsar proyectos para proteger al organismo, cuestionar las medidas adoptadas por la comisión supervisora y exigir explicaciones sobre su futuro funcionamiento.
Las presentaciones surgieron después de que la Comisión de Supervisión Parlamentaria (CSP) aprobara una serie de resoluciones que reforzaron su control sobre la oficina técnica encargada de analizar el costo fiscal de las leyes, evaluar el presupuesto nacional y estudiar la evolución de la deuda pública.
Entre otras medidas, la comisión dispuso que las áreas técnicas no podrán realizar actividades extraordinarias o informes no previstos sin autorización previa, ordenó auditorías sobre el funcionamiento de la oficina y limitó la capacidad de sus autoridades para realizar modificaciones presupuestarias.
La respuesta más ambiciosa llegó desde el Senado. Los integrantes del bloque Convicción Federal, Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), presentaron un proyecto de ley para reformar la norma que creó la OPC y fortalecer su autonomía administrativa, financiera y técnica.
La iniciativa propone ampliar el acceso a los informes del organismo para que puedan ser solicitados por las presidencias de todas las comisiones con competencia sobre una iniciativa y no únicamente por las comisiones de Presupuesto y Hacienda. También otorga mayores facultades de gestión al director general, establece mecanismos de transparencia y crea un esquema de financiamiento propio equivalente, como mínimo, al 1% del presupuesto de cada Cámara.
Según los autores, el objetivo es reforzar la independencia del organismo y reducir la “asimetría de información” que existe entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en materia presupuestaria y fiscal.
“La OPC es un insumo muy importante de información para todos nosotros, periodistas y la sociedad en general porque nos provee información técnica específica”, explicó Moisés.
En los fundamentos, los senadores sostienen que la legislación vigente contiene “rigideces que no se le conocen a ningún otro organismo de la administración pública” y que limitan el desarrollo institucional de la oficina. También plantean que garantizar la estabilidad de sus equipos técnicos es una condición necesaria para preservar la independencia de sus análisis.
En Diputados, el radical bonaerense, Pablo Juliano, avanzó por otra vía. Presentó un proyecto de declaración para expresar la “profunda preocupación” de la Cámara por las resoluciones aprobadas por la Comisión de Supervisión Parlamentaria.
El integrante del bloque Provincias Unidas advierte que las nuevas restricciones podrían afectar la capacidad legislativa de trabajar con información propia. “Lo que está en juego es la capacidad del Congreso de la Nación para producir conocimiento propio sin depender exclusivamente de la información elaborada por el mismo Poder Ejecutivo que debe controlar”, sostiene en los fundamentos de la iniciativa.
Juliano también cuestiona que una mayoría circunstancial pueda definir qué estudios puede realizar la oficina. “Su función no puede quedar limitada únicamente a aquello que resulta previamente autorizado o políticamente conveniente”, argumenta.
A estas iniciativas se sumará un tercer proyecto impulsado por la diputada Julia Strada, de Unión por la Patria (UP). Según pudo saber LA NACION, la legisladora trabaja en un pedido de informes dirigido a la presidencia de la Cámara de Diputados para obtener precisiones sobre las auditorías ordenadas, las modificaciones introducidas por la comisión y el futuro funcionamiento de la OPC.
La controversia se desató luego de que la comisión supervisora aprobara las resoluciones 003 a 006 de 2026. Sus críticos sostienen que las medidas afectan la autonomía de la oficina y podrían condicionar la elaboración de informes sobre temas sensibles. El oficialismo rechaza esa interpretación.
El senador libertario Agustín Monteverde, integrante de la Comisión de Supervisión Parlamentaria, defendió las decisiones adoptadas y sostuvo que se ajustan a las atribuciones previstas en la ley que creó la OPC.
La norma establece que la comisión tiene entre sus funciones aprobar el reglamento interno, el presupuesto, el plan anual de trabajo y la memoria institucional del organismo. También puede solicitar la remoción de sus autoridades y conformar consejos asesores de expertos.
Precisamente ese punto es uno de los que más cuestiona la oposición. La misma comisión que actualmente impulsa auditorías, revisa concursos de personal y limitó la realización de informes extraordinarios es la encargada de aprobar el plan de trabajo anual de la oficina. Hoy ese cuerpo está controlado por representantes del oficialismo y sus aliados.
“Se dispuso expresamente que la OPC siguiese trabajando de manera normal, lo que así está ocurriendo”, afirmó Monteverde a través de las redes sociales.
La preocupación opositora se explica también por el protagonismo que ganó la OPC en algunos de los debates más sensibles de los últimos meses. El organismo elaboró estimaciones que difirieron de las difundidas por el Gobierno durante las discusiones sobre jubilaciones y discapacidad y, además, fue citado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal al ordenar al Poder Ejecutivo cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Para sus defensores, esos antecedentes refuerzan la necesidad de preservar su independencia técnica.
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