El oficialismo interviene la Oficina de Presupuesto del Congreso, que audita el costo de las leyes
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que contradijo estimaciones oficiales sobre jubilaciones y discapacidad, ya no podrá realizar informes sin autorización previa; sus datos fueron citados por la Justicia para exigir el cumplimiento del financiamiento universitario
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La disputa entre el Gobierno y la oposición por el costo fiscal de las leyes aprobadas por el Congreso sumó un nuevo capítulo. Después de que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) difundiera informes que contradijeron estimaciones utilizadas por el Poder Ejecutivo para cuestionar proyectos sobre jubilaciones y discapacidad, el oficialismo avanzó con la intervención del organismo técnico.
A través de la Comisión de Supervisión Parlamentaria (CSP), controlada por La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados, se firmó una resolución que incrementa el control político sobre el funcionamiento de la OPC. Entre otros cambios, las áreas técnicas ya no podrán elaborar informes extraordinarios sin autorización previa de la comisión, una decisión que podría limitar la capacidad del organismo para responder a pedidos urgentes de diputados y senadores.
Creada en 2016, la OPC es el organismo técnico que asesora al Congreso en temas económicos y presupuestarios. Entre otras funciones, analiza el costo de los proyectos de ley, revisa las cuentas públicas, estudia cambios impositivos y evalúa la evolución de la deuda del Estado. Sus informes no son vinculantes, pero suelen ser una referencia clave durante los debates legislativos.
El conflicto se hizo visible durante la discusión de iniciativas vinculadas a jubilaciones y discapacidad. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, advertía que los proyectos impulsados por la oposición tendrían un costo de hasta US$12.000 millones, equivalentes al 1,8% del PBI, los cálculos de la OPC arrojaron cifras considerablemente menores.
En el caso del aumento del 7,2% para jubilaciones y pensiones, junto con la actualización del bono de $70.000 a $110.000 mensuales, la OPC estimó un costo fiscal de 0,32% del PBI. Anualizado, ese impacto ascendía a 0,78% del producto.
Respecto de la moratoria previsional, cuya prórroga fue rechazada por el Gobierno, calculó un impacto acumulado de 0,165% del PBI en dos años.
Para la emergencia en discapacidad, en tanto, proyectó un costo de entre 0,28% del PBI y 0,51% del PBI. La amplitud de la estimación respondía a dos factores: la posibilidad de incorporar nuevos beneficiarios al sistema de pensiones por discapacidad, una variable difícil de determinar de antemano, y el hecho de que esas prestaciones estaban atadas al aumento jubilatorio, que finalmente no prosperó tras el veto presidencial.
El Ministerio de Economía, por su parte, calculó para esa misma iniciativa un impacto equivalente al 0,3% del PBI.
Mientras que el incremento previsional y la moratoria fueron vetados por Javier Milei y el Congreso no logró reunir los votos para insistir con su sanción, la emergencia en discapacidad obtuvo los dos tercios necesarios en ambas cámaras para sostenerse.
Pero la influencia de los informes de la OPC trasciende el ámbito parlamentario. En marzo pasado, por ejemplo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal citó datos elaborados por el organismo al ordenar al Poder Ejecutivo cumplir de manera “inmediata” con la Ley de Financiamiento Universitario. En ese fallo, el tribunal destacó que el impacto fiscal de la norma equivalía al 0,23% del PBI y concluyó que se trataba de un ahorro “poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública”.
La semana pasada, en paralelo a la disputa judicial, el Gobierno y las universidades cerraron un acuerdo salarial con aumentos de hasta 24,3%.
El antecedente volvió a poner de relieve el peso que tienen los informes de la oficina en debates vinculados al gasto público, tanto en el Congreso como en otros ámbitos institucionales.
“Un cepo”
En ese contexto, el oficialismo avanzó con una serie de medidas que refuerzan su control sobre el funcionamiento de la OPC.
Presidida por el senador oficialista Agustín Monteverde, aprobó a principios de junio la Resolución 003-CSP-2026, que incorpora controles estrictos sobre su funcionamiento. Esta medida fue acompañada por los diputados Bertie Benegas Lynch (LLA) y Daiana Fernández Molero (Pro), así como la senadora radical por Chaco, Silvana Schneider. El kirchnerista Carlos Castagneto, en cambio, se opuso.
El punto más sensible aparece en el artículo 4°, que establece que las direcciones técnicas no podrán realizar actividades no previstas sin autorización previa y formal de la comisión. En los hechos, esto implica que los pedidos de informes específicos sobre cuestiones económicas quedarán sujetos al aval político de la Comisión de Supervisión Parlamentaria, controlada por los libertarios.
La resolución también limita la autonomía presupuestaria del organismo. A partir de ahora, el director ejecutivo de la OPC, actualmente Gabriel Esterelles, ya no podrá realizar modificaciones internas de partidas sin autorización de la comisión supervisora.
A ello se suman nuevas auditorías sobre la gestión del organismo. La CSP dispuso revisiones conjuntas de ambas cámaras sobre el período administrado por Esterelles. Además, la comisión solicitó información detallada sobre la planta de personal y puso bajo revisión el concurso mediante el cual fueron incorporados analistas en 2023, pese a que ese proceso no había recibido impugnaciones formales.
Las medidas despertaron críticas inmediatas de la oposición, pero también de una figura con trayectoria en la producción de estadísticas públicas: el extitular del Indec Marco Lavagna. A través de las redes sociales, cuestionó la interferencia sobre la OPC y defendió la autonomía de los organismos técnicos. “La independencia en la producción y el análisis de información es una condición indispensable”, sostuvo.
Lavagna dejó la conducción del Indec en febrero pasado, luego de confirmar que el Gobierno no avanzaría con la actualización metodológica para medir la inflación en la que el organismo venía trabajando.
La diputada de Unión por la Patria (UP), Julia Strada, habló de “cepo” a la OPC y se preguntó: “¿Por qué le tienen tanto miedo a los datos y al rigor técnico?”.
En la misma línea, su compañera de bloque Victoria Tolosa Paz calificó la resolución como una intervención sobre el organismo. “Es un hecho gravísimo que atenta contra la transparencia, el control parlamentario y la calidad de nuestra democracia”, sostuvo en su cuenta de X.
También se sumó a las críticas el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich, quien defendió el rol de la OPC y recordó que fue creada para equilibrar la información disponible entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. “El Congreso necesita información propia e independiente para controlar el presupuesto, la deuda y el gasto público”, afirmó.
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