Retoman la protesta en las calles: marcharon los jubilados con apoyo de la CGT y los movimientos sociales

Una vez terminado el mundial, la agenda de la oposición en las calles se reinició este miércoles con una protesta de los jubilados contra el Gobierno, que la CGT acompañó como parte de un plan de acciones sectorizadas. En la protesta confluyeron las dos vertientes de la CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), los estatales porteños de ATE, agrupaciones de izquierda y emisarios del gobernador Axel Kicillof.

El eje principal de la movilización fue el reclamo por una mejora en los haberes de los adultos mayores. Desde julio, el haber mínimo pasó de $403.302,81 a $411.989 por la actualización mensual. Con el bono extraordinario de $70.000 —que permanece congelado desde el inicio de la gestión libertaria—, el ingreso mínimo alcanza los $481.989, un monto que fue calificado como una “miseria” durante la protesta.

La demostración no fue masiva, pero implicó el regreso de sectores opositores al gobierno de Javier Milei a la escena pública. A partir de ahora, estos grupos podrían intensificar las protestas, anticiparon los dirigentes consultados por LA NACION en el lugar. Uno de los que apareció en esa sintonía fue Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros.

Entre los dirigentes que dieron el presente estuvieron los triunviros cegetistas Jorge Sola (Seguros), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio); Juan Carlos Schmid (CATT); Julio Piumato y Maia Volcovinsky (Judiciales); el diputado Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores); Hugo Godoy (CTA Autónoma), Alejandro Gramajo (UTEP); el también diputado Mario Manrique (SMATA) y Roberto Baradel (CTA bonaerense).

Además, fue de la partida Daniel Catalano (ATE Capital). En representación del gobierno bonaerense y del sello axelista Movimiento Derecho al Futuro (MDF) se mostró Walter Correa, el ministro de Trabajo de la provincia.

“Nos sumamos a la convocatoria de todos los miércoles de los trabajadores jubilados porque es una bandera que llevamos siempre, es una necesidad que están reclamando desde hace tiempo y forma parte de nuestra agenda”, dijo Sola, quien exigió “no solamente recuperar su poder adquisitivo a través de de los haberes jubilatorios, sino también las prestaciones en el PAMI, y también la recuperación de los planes Volver al Trabajo, del que dependían más de 900 mil personas”.

Además, anticipó que “la CGT continuará acompañando los conflictos sociales” y confirmó la participación de la central obrera en la marcha de San Cayetano organizada por los movimientos sociales todos los 7 de agosto, la cual —todo indica— concluirá con un acto en Plaza de Mayo. También adelantó que impulsarán “una movilización al Ministerio de Economía por el endeudamiento de las familias trabajadoras” y que proyectan una “gran marcha federal” en los próximos meses.

Sola definió como “distante y esquiva” la relación de la CGT con el Gobierno y acusó al oficialismo de “considerar al sindicalismo como un adversario político antes que como representante de los trabajadores”, pese al reciente decreto en el cual la Casa Rosada introdujo modificaciones en la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral y flexibilizó el esquema de aportes destinados a los sindicatos.

El co-secretario de la CGT dijo que en la actual gestión “se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo y cerraron más de 23.000 pymes”, como consecuencia de un rumbo que —según afirmó— “abandonó la producción y el desarrollo industrial”. Describió la situación social como “grave” por “el avance de la informalidad laboral”, “el deterioro del sistema de salud” y “la pérdida del poder adquisitivo incluso entre los trabajadores con paritarias”, lo que —aseguró— “alimenta un creciente malestar social”.

La marcha de los jubilados de los miércoles supo ser un escenario de tensión en diversas oportunidades entre el oficialismo y la oposición en las calles a comienzos de la gestión libertaria. Nacida hace años por iniciativa de un grupo de jubilados vinculados a espacios de izquierda, en el último tiempo había perdido capacidad de convocatoria y quedado reducida a expresiones minoritarias. Si bien las columnas sindicales hoy presentes no fueron masivas, ampliaron considerablemente el volumen, así como también llevaron a que distintos sectores opositores volvieran a compartir una misma postal.

En un Congreso que nuevamente lució totalmente vallado a su alrededor, la CGT se concentró sobre avenida Rivadavia a la altura del Cine Gaumont con una pancarta al frente con la frase “la seguridad social es un derecho, no un privilegio” y encabezó desde allí la tradicional vuelta a la plaza, un trayecto en el cual no hubo discursos ni se leyeron documentos.

Una vez que se retiraron, marcharon detrás las columnas del Polo Obrero, Partido Obrero, MST y SUTNA, que montaron un acto lleno de discursos contra el gobierno de Milei, en los cuales exigieron “ir a una huelga general” y que “la CGT y la CTA dejen de dormir la siesta porque se vienen más reformas”. Entre los dirigentes y legisladores estuvieron Myriam Bregaman, Cristian Castillo, Vilma Ripoll, Nicolás del Caño, Néstor Pitrola, Gabriel Solano y Celeste Fierro.

En paralelo, la jornada de protesta reunió durante su desarrollo a agrupaciones de clubes de fútbol, diversas banderas celeste y blanco, y hubo reivindicaciones a la causa Malvinas, con réplicas a la sábana con la leyenda “son argentinas” que los jugadores del seleccionado nacional desplegaron tras la agónica victoria en la semifinal contra Inglaterra por el Mundial.

La jornada había comenzado con otras protestas impulsadas por organizaciones sociales y piqueteras en distintos puntos del país. Una de ellas derivó en incidentes con las fuerzas de seguridad, principalmente en el Puente Pueyrredón, cuando las columnas de la UTEP y el Polo Obrero intentaban avanzar hacia la ciudad de Buenos Aires para luego sumarse a la marcha de los jubilados frente al Congreso.

El conflicto se originó por la decisión del Gobierno de eliminar definitivamente el programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo), que asistía a alrededor de 900 mil beneficiarios con un ingreso mensual de $78.000, y reemplazarlo por un sistema de vouchers de capacitación.

La medida, apoyada en señalamientos de irregularidades y falta de efectividad, fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, conducido por Sandra Pettovello, y quedó firme tras un fallo de la Cámara Federal de San Martín que revocó una cautelar favorable a las organizaciones sociales. Ahora, según indicaron desde la UTEP, “la decisión final la tendrá la Corte Suprema”.

Por Manuel Casado

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