La presidenta que juraba no saber nada de la violencia

María Estela Martínez de Perón estaba recluida en Ascochinga, Córdoba, -"para volver con kilos y bríos renovados", según su propio relato- cuando el presidente interino, Italo Argentino Luder, y su gabinete dictaron el decreto que ordenó "aniquilar el accionar de la subversión".

La presidenta había dejado Buenos Aires el 13 de septiembre de 1975 para tomarse un descanso y había delegado el poder en Luder, que era el presidente provisional del Senado.

Antes de partir a Córdoba, como un augurio, la viuda de Perón había dicho: "El gobierno queda en buenas manos y todas las resoluciones que tome el señor presidente interino estarán respaldadas por la presidente de la Nación Argentina".

Ella llevaba tres semanas en las sierras cuando su gabinete dictó el decreto que disponía que las Fuerzas Armadas ejecutarían "las operaciones militares y de seguridad necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país".

Lo firmaron, además de Luder, su canciller, Manuel Araux Castex; el ministro de Defensa, Tomas Vottero; el de Trabajo, Carlos Ruckauf; el de Bienestar Social, Carlos Emery; el de Economía, Antonio Cafiero, y el de Interior, Angel Federico Robledo.

Por la puesta en práctica de aquella orden hoy la viuda de Perón podría volver a la cárcel. Su primera experiencia en prisión duró cinco años. Empezó con el golpe de Estado de 1976, cuando un avión de la Fuerza Aérea la confinó en Bariloche.

Veinte años después de su derrocamiento, radicada ya en España, Martínez de Perón le dijo al juez Baltasar Garzón -que investigaba la desaparición de ciudadanos españoles- que ella era "una pobre mujer ignorante" que había sido presidenta por decisión de Dios. En su autobigrafía, Garzón recuerda que definió a la Triple A como "unos que mataban" y los montoneros, como "unos que cantaban".

"Es cierto que ella era una ignorante. Era una bailarina de un local nocturno de Panamá que no tenía ninguna capacidad política", dijo el historiador José Ignacio García Hamilton, que advirtió, en cambio, que es mentira que ella no supiera lo que pasaba.

García Hamilton relata que Ricardo Balbín le contó que, cuando empezaba a operar la Triple A, fue a visitar a la viuda de Perón. Ella lo recibió junto con José López Rega, líder en las sombras de la Triple A. Según la reconstrucción de García Hamilton, Balbín le dijo: "No tiene que buscar afuera los responsables de lo que estaba pasando, sino acá", y golpeó la mesa. Ella no le respondió.

Varios discursos dan cuenta de la determinación de la presidenta en la lucha contra el ERP y Montoneros.

El 17 de octubre de 1975, recién llegada de su retiro en Córdoba, encabezó el acto por el día de la lealtad y dijo que la batalla contra la subversión era "un deber inexcusable de todo argentino" y que esa lucha tenía un único fin: "erradicar la reacción terrorista definitivamente y a todos aquellos que se quieren encaramar en el poder usando la camiseta peronista".

La crónica de LA NACION de ese día da cuenta de un Cafiero enfervorizado: "El ministro de Economía, con el saco en la mano, expresó su entusiasmo con un imprevisto golpe de manos en el aire y fuertes aplausos, cuando la señora de Perón afirmó: «Acentuaremos la lucha sin pausa contra el terrorismo económico, aliado y socio de la subversión»".

• La causa en la que se investigan los crímenes cometidos por la Triple A sumará hoy un nuevo detenido: el ex policía Miguel Angel Rovira se entregará ante el juez federal Norberto Oyarbide, informó a LA NACION un funcionario que interviene en el expediente. En la misma causa, Oyarbide dispuso el arresto de los ex policías Juan Ramón Morales, Felipe Romeo y Rodolfo Almirón, recluido desde años en España.

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