La protesta contra la Corte y la contramarcha no alteraron el ritmo en los tribunales

Las movilizaciones que durante la semana pasada apuntaron al Poder Judicial y, en particular, a la Corte Suprema de Justicia, apenas si movieron el amperímetro entre jueces y fiscales, que minimizaron tanto las expresiones virulentas para pedir la renuncia de los altos magistrados en la protesta encabezada por dirigentes políticos y sindicales oficialistas, como las advertencias de la contramarcha, en la que participaron referentes opositores.

Ni una ni otra fueron una demostración que despertara pasiones entre los magistrados, ya sean entre los que miran al Gobierno con simpatía como los que están en las antípodas y se posicionan muy críticos frente al kirchnerismo.

Lo que las convocatorias sí expusieron fueron los posicionamientos ante el Gobierno y la Corte de diferentes sectores de la Justicia federal y nacional: exhibieron muchos matices, no una grieta, sino una colección de grises, entre posturas extremas, como la de echar a patadas a todos los jueces de la Corte, que verbalizó el juez Juan Ramos Padilla, hasta la de calificar a los manifestantes de golpistas y desestabilizadores por pretender la renuncia de uno de los poderes del Estado mediante vías de hecho (como una marcha) y no de acuerdo con los mecanismos constitucionales previstos para remover a los magistrados.

En el medio se quedaron otras expresiones de jueces y fiscales, críticos con el funcionamiento de la Corte y de la Justicia, pero también combativos ante la infiltración de operadores judiciales representantes del poder político, pero que no estaban de acuerdo con ir a Plaza Lavalle.

Los mismos matices se advirtieron en la contramarcha del 3 de febrero, donde hubo legítimos indignados que apoyaron la manifestación cuando se enteraron de las consignas más extremas contra la Corte, pero que luego retiraron su apoyo cuando vieron que perdían temperatura. De hecho, algunos miembros del grupo de profesores de Derecho que firmaron la convocatoria a la contramarcha luego se quedaron en sus casas, aunque adhirieron.

Fue más la expectativa que había en ambos lados de la grieta antes de las marchas, convocadas con 15 días de antelación, que lo que finalmente ocurrió el 1° de febrero y dos días más tarde. Unas 5000 personas reunieron el kirchnerismo de paladar negro, Pablo Moyano y la CTA en la primera protesta, mientras que la segunda apenas cubrió una cuadra frente a Tribunales.

Reacciones

Consultados por LA NACION, camaristas, jueces y fiscales federales de Comodoro PY 2002 coincidieron en minimizar la manifestación del 1° de febrero que tuvo apoyo de la jefa de la AFI, Cristina Caamaño; de los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández; y de Hábitat, Jorge Ferraresi; del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; y de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, entre otros funcionarios.

Los magistrados consultados dijeron que la protesta no era representativa de un sentir de la ciudadanía y no se sintieron amedrentados, aunque los jueces, conscientes de que están en la más baja consideración pública y con una creciente imagen negativa, mantienen el bajo perfil y ni siquiera quieren que se hable o se escriba de ellos. Prefieren “muñequear” las causas más sensibles para el poder, que tramitan a ritmo en un año no electoral, lo que permitiría tener sentencias en los juicios orales en marcha que enfrenta Cristina Kirchner y sus exfuncionarios. La Corte tiene a estudio los recursos de la vicepresidenta para anular el juicio de Vialidad y ya se trabaja en algún proyecto de voto para empezar a darle forma a una sentencia.

Un camarista federal analizó que el Gobierno infló la convocatoria del 1° de febrero para amedrentar, pero cuando vio que no movilizaban la propia Casa Rosada le bajó el precio a manifestación. Sobre la contramarcha, sentenció: “Ojalá no hubiera existido, es un papelón”.

Pero la expectativa era mucha, al punto que en los chats de los funcionarios judiciales comenzaron a circular memes, con la cara de Máximo Kirchner y la leyenda: “Pedían la renuncia del presidente de la Corte y les renunció el presidente del bloque del Frente de Todos”.

Los jueces vieron pasar la marcha y ni se inmutaron. El mismo reflejo tuvo la Corte: cuando los manifestantes se reunieron al atardecer y cubrieron un tercio de la Plaza Lavalle y adyacencias –con muchos claros– los jueces del máximo tribunal ya se habían ido del palacio. Les aplicaron la indiferencia y, si se quiere interpretar como una respuesta, difundieron luego una agenda de trabajo para el primer semestre del año, con la convocatoria a audiencias públicas para resolver causas sensibles para un sector de la ciudadanía (cannabis medicinal, medio ambiente), no para la política.

Las críticas a la Corte no supieron distinguir diferencias entre los jueces del máximo tribunal. Si bien la elección de Horacio Rosatti como presidente de la Corte provocó el año pasado disputas con Ricardo Lorenzetti, el 1° de febrero quedaron todos bajo el mismo fuego.

El funcionamiento de Comodoro Py

En Comodoro Py 2002, febrero asoma lentamente. Se mantienen las burbujas en algunos juzgados y fiscalías para la asistencia. La Corte firmó dos acordadas para normalizar la actividad judicial, pero aún se ven vacíos los pasillos, sin abogados circulando, aunque los empleados, jueces y fiscales empezaron a concurrir a sus despachos casi a diario. Esta situación es más marcada en la Justicia civil, donde se siguen dando turnos para la asistencia, como durante el pico de la pandemia. Plaza Lavalle está desierta y los bares de alrededor de Palacio de Justicia, si no cerraron, están en eso.

En la Cámara de Casación el año arrancó con asistencia casi perfecta, excepto la jueza Ana María Figueroa, que se recupera de un problema de salud que la sorprendió en Mar de las Pampas. El presidente del máximo tribunal penal, Alejandro Slokar, y sus colegas preparan un homenaje con toda la pompa para Pedro David, exjuez de la Casación y del tribunal internacional para la ex-Yugoslavia, fallecido el 19 de enero. En la Cámara bajó la tensión de fin del año pasado (hubo denuncias entre colegas, acusaciones y reproches) y las vacaciones le devolvieron la cordialidad en el trato a los magistrados.

Entre los jueces y fiscales federales también hubo mayoría en sus despachos, al igual que en la Cámara Federal, donde están trabajando en causas de alta sensibilidad política.

Con la voluntad de seguir adelante, pero fuera del alcance de los radares, los magistrados federales siguen la situación política, ven con alarma los desacuerdos en el oficialismo y en la oposición y miran con preocupación la posibilidad de que se paralice del todo el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, si no se adecua a que lo le mandó la Corte antes del 15 de abril: después de todo, los concursos del Consejo son el único mecanismo con que cuentan para ascender.

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