La SIP y el Colegio de Abogados cuestionan el proyecto del oficialismo que limita a la prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se mostró sorprendida por el proyecto presentado en la Argentina que responsabiliza a los medios de comunicación de divulgar informaciones y denuncias sobre actos de corrupción.

La polémica iniciativa, elaborada por las senadoras oficialistas María Eugenia Catalfamo (San Luis), Ana Ianni (Santa Cruz), Nancy Susana González (Chubut), Ana Claudia Almirón (Corrientes) y María Inés Pilatti Vergara (Chaco). privilegia a los funcionarios y particulares involucrados en las investigaciones, al disponerse la anulación de las órdenes de detención o de prisión preventiva.

El presidente de la SIP, Christopher Barnes, y el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, dijeron que la iniciativa es "incongruente con la libertad de prensa y la labor informativa de los medios".

Al pronunciarse, en Miami, advirtieron que el proyecto impone a los medios responsabilidades sobre los casos judiciales que no les corresponden y "minimiza la debida transparencia que debe existir sobre la administración pública, al blindar a los funcionarios e individuos corruptos, pero, sobre todo, coarta el derecho del público a saber".

Barnes, director general del diario jamaiquino The Gleaner, destacó que "la Argentina tiene una gran tradición en el periodismo de investigación, premiado a nivel internacional y que ha contribuido a la transparencia y el derecho a la información de la sociedad". Estimó que "sería un contrasentido para la democracia que este proyecto prospere y sea legitimado por una clase política que debe tener más obligaciones que privilegios".

Rock, director del portal mexicano La Silla Rota, advirtió que la iniciativa deja una ventana abierta muy peligrosa. "Los corruptos o sus aliados podrían aprovechar las redes sociales para difundir información intencionada, que retomada luego por los medios serviría para blindar sus casos ante la Justicia", observó. La SIP espera que "el proyecto sea archivado, ya que representa un duro golpe a la libertad de prensa y a la democracia, valores que la Argentina ha venido consolidando desde 1983".

Crítica del Colegio de Abogados

En tanto, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires transmitió también su preocupación por la iniciativa de las legisladoras del oficialismo por "su grave tenor y contenido".

"Bajo la consigna de defender las garantías jurídicas del debido proceso, la defensa en juicio y de que el principio a aplicarse en cualquier proceso penal es la libertad del acusado, se vislumbra un desigual tratamiento privilegiado para funcionarios públicos, sindicalistas, y personas sospechadas comprometidas en hechos de corrupción", sostuvo la entidad.

En una declaración aprobada por el Directorio, que preside el doctor Máximo J. Fonrouge, la institución advierte que "este desatinado proyecto se contrapone a una característica esencial de la forma republicana y representativa de gobierno, cual es la de la transparencia y publicidad debida de los actos de gobierno".

Añade, así, que "como garantía principal, la sociedad dispone de la libertad de expresar sus ideas y de publicarlas, más aún, cuando se trata de procesos judiciales en los cuales se investigan la probable comisión de actos delictivos que pudieran haberse cometido en perjuicio de la administración pública".