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La situación social y el aborto, ejes de la tensión entre el Gobierno y la Iglesia
El arzobispo Poli encabezará el martes el Tedéum virtual, en el que se repetirían críticas a la pobreza, la grieta y la interrupción legal del embarazo
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La impiadosa estela de contagios y fallecimientos que trajo consigo la segunda ola de coronavirus impedirá, por segundo año consecutivo, el tradicional encuentro cara a cara. De todos modos, en el Tedeum virtual previsto para el próximo martes 25, la Iglesia repetirá ante el presidente Alberto Fernández su “preocupación” por la situación social del país, un vínculo aún tensado por el impulso del Gobierno a la ley de despenalización del aborto, a fines del año pasado.
“La preocupación social es grande y las parroquias trabajan con esfuerzo duplicado en muchos lugares”, advirtieron fuentes del Episcopado a La Nacion, al hacer hincapié en el crecimiento de los índices de pobreza, la escalada inflacionaria y la suba de los precios de los alimentos. Tradicionalmente reacio a adelantar sus discursos, el cardenal y arzobispo de Buenos Aires Mario Poli, suele incluir en sus homilías referencias contrarias a la grieta y en favor de la “unidad”, al tiempo que respalda-como lo hizo el año pasado ante una Catedral vacía-la estrategia oficial contra la pandemia.
En momentos en que la pandemia mantiene altos niveles de preocupación, entre los obispos hay consenso en que “la situación se ha empobrecido y la Iglesia viene acompañando a los más vulnerables y castigados”. Por lo bajo, y lejos del Episcopado, representantes religiosos en los barrios “se quejan porque Nación y la provincia de Buenos Aires no nos dan todo lo que prometen para atender la situación”, según comentaron desde una intendencia bonaerense gobernada por el Pro.
Una semana después de la protocolar reunión de 25 minutos que el presidente Fernández mantuvo con el papa Francisco en el Vaticano, en el Episcopado señalan que la fuerte preocupación de la Iglesia por la crisis social y sanitaria quedó planteada en el mensaje que presentó el titular de Cáritas y obispo de Quilmes, Carlos Tissera, en la última reunión del Consejo Federal del plan Argentina contra el Hambre, el 7 de mayo pasado.
Allí, el obispo Tissera planteó la necesidad de encontrar “nuevos mecanismos para la compra de productos frescos, lácteos y carnes y otras modalidades de gestión de los fondos públicos con éste destino”, en referencia al escándalo que a comienzos de la emergencia suscitaron compras del Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Daniel Arroyo, sobreseído en la causa judicial relativa al caso en febrero pasado. Arroyo y el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, son los interlocutores habituales del Episcopado que encabeza monseñor Oscar Ojea y responde al papa Francisco en la gestión del Frente de Todos. “El diálogo es constante y cordial”, asegura una fuente oficial que conoce esos vínculos.
En aquel inusual mensaje, Tissera reclamó además “pensar alternativas fiscales que mitiguen el impacto actual del IVA en los alimentos que se compran en comedores y merenderos”. A lo largo de la pandemia, Cáritas desplegó su ayuda a más de 3,2 millones de personas y distribuyó más de 10 millones de kilos de alimentos, según fuentes eclesiásticas.
De todos modos, desde el ministerio que conduce Arroyo señalan a La Nación que el vínculo de colaboración con los comedores de Cáritas “nunca se cortó” y es “armónico y fluido”. Reconocen, sí, que en los últimos días debieron reforzar la asistencia por el aumento de la demanda.
La situación social habría formado parte, además, de la charla reciente entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y el arzobispo de La Plata, Víctor “Tucho” Fernández. Mientras desde el gobierno nacional y el bonaerense afirman que las quejas de la Iglesia pasan por estos días por “conseguir habilitación para los rezos presenciales”, una figura del gobierno anterior con buenos vínculos con la Iglesia aseguró a La Nación que “una cosa es lo que dice el Episcopado, y otra lo que afirman los curas que en los barrios atienden las necesidades de los más pobres, que van en crecimiento y no hay respuestas que estén a la altura”, señaló.
Más allá de los planes coyunturales, en la Iglesia no dejan de señalar que la crisis viene de arrastre. “En 1974 nuestro país tenía el 4% de pobres, en números absolutos entre 800.000 y un millón de personas. Hoy hay por lo menos 40% de pobres, cerca de 16 millones de personas”, advirtió en un reciente seminario monseñor Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires y vicario episcopal para la Pastoral de Villas.
La despenalización del aborto, de todos modos, sigue siendo motivo de incomodidad para la Iglesia, según reconocen en el propio Gobierno. “Obviamente que al Papa no le gustó la ley, pero pone la cara para defender a la Argentina ante los organismos internacionales, habla con (Joe) Biden, con el FMI, recibe a Martín Guzmán ¿ qué más puede hacer”, justificaron desde un ministerio con injerencia en el vínculo en relación al apoyo papal a la renegociación de la deuda argentina.
Fuentes del Episcopado insisten en que los obispos no rehuyeron el debate sobre la presencialidad de las clases en la pandemia. Y algunos incluso lamentaron de manera pública los cierres de establecimientos, por la función social de la escuela en tiempos de emergencia. “Con pena y dolor vemos que nuevamente nuestros chicos y jóvenes se van a ver privados de las clases (…)Somos conscientes de que, si bien todos los niños y jóvenes son afectados por esta decisión, en mayor medida lo son aquellos que están en nuestros barrios más vulnerables, dado que en la escuela también encuentran un lugar confiable, un plato de comida y contención durante gran parte del día”, expresó en un mensaje pastoral el obispo de San Justo, Eduardo García, al frente de una diócesis con muchas problemáticas sociales en el corazón de La Matanza, principal bastión del kirchnerismo.
El Tedeum, previsto para el martes, será grabado con anterioridad, y se verá por la televisión pública, con representantes de distintos cultos como invitados adicionales. Será otro capítulo en la relación entre el Gobierno y la Iglesia, cruzado por la dramática situación social y cuentas pendientes como la interrupción legal del embarazo.
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