La trama detrás del hackeo ilegal al teléfono del exministro Marcelo D’Alessandro: un error de principiante y varios misterios

El principal sospechoso tiene 22 años y cierto conocimiento de informática. Pero no tanto como para borrar todas sus huellas. Y cometió un error imperdonable que llevó hasta su puerta a los sabuesos judiciales: varios correos electrónicos que creó para hackear los teléfonos de sus víctimas -entre ellos, el del exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, otros dos funcionarios de Pro y tres magistrados en la mira del kirchnerismo- incluían las fechas de nacimiento de sus familiares. Ese fue el principio del fin.

Ahora, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, su padre, la pareja de su padre y otros tres acusados que viven en Eldorado, Misiones, deberán presentarse a declarar, este lunes, en Buenos Aires, ante la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas porteña, Daniela Dupuy. Su abogado calla si declararán, si negarán haber protagonizado actividades de espionaje ilegal o si, por el contrario, señalarán a un hipotético eslabón superior como el supuesto autor intelectual de los hackeos.

Un primer grupo de víctimas es inquietante. Junto a D’Alessandro aparecen otra figura conocida de Pro, el diputado y precandidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli, y tres magistrados en la mira kirchnerista: el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos y dos integrantes del tribunal oral que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en la “causa Vialidad”, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

Pero el listado de víctimas es más amplio y resulta difícil conectarlas entre sí. Son hombres y mujeres de entre 35 y 58 años, que en su mayoría son profesionales. Residen en la ciudad de Buenos Aires, en City Bell, Martín Coronado, Junín, Río Gallegos o Mar del Plata, y no todos han viajado alguna vez a Misiones, mucho menos a Eldorado. Y un dato más: salvo D’Alessandro y Santilli, la gran mayoría no tiene vínculos con el Pro. Solo uno sí tiene: Luis Barbier, actual secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de La Plata, bajo control de Pro, aunque antes trabajó para Florencio Randazzo en sus años como ministro del Interior de Cristina Kirchner. Pero el resto no trabaja ni milita para ese partido, tampoco fiscaliza ni figura como aportante a sus campañas, y no conoce a D’Alessandro o a Santilli, según reconstruyó LA NACION, que contactó a varios hackeados.

Entre esas víctimas, por ejemplo, hay al menos tres contadores y un abogado, pero también una empleada doméstica y una beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Al menos cuatro se mueven con un duplicado o triplicado de su documento de identidad, pero otras dos mantienen su documento original. Y dos indicaron a LA NACION que a través de sus teléfonos hackeados intentaron acceder a sus cuentas bancarias para vaciarlas -en un caso, para girar los fondos a una cuenta del Brubank-, pero otras no.

Por lo pronto, la hipótesis que manejan los investigadores judiciales es que el principal acusado, Nuñes Pinheiro, se dedicaría de manera habitual a la intrusión ilegal de teléfonos celulares. Solo durante 2022 habría avanzado contra al menos 72 dispositivos. Para eso, buscó información sobre sus titulares en fuentes abiertas -Internet, redes sociales y plataformas digitales-, y otras pagas o que requieren usuario y contraseña, tanto públicas –como el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer)-, como privadas (Nosis).

Preguntas pendientes

Allí se abren los primeros interrogantes. Porque para ingresar al Renaper apeló a la plataforma de los trámites a distancia (TAD) que depende de la Jefatura de Gabinete. ¿Nuñes Pinheiro creó las credenciales identificadas como “Mme_2″, “MME2vpn(99)” y “MME” y accedió solo a los datos sobre D’Alessandro y otras víctimas? ¿O contó con la ayuda de alguien dentro de la Jefatura de Gabinete?

En la Unidad Fiscal que lidera Dupuy domina la cautela. Solo indican que tras identificar al o los supuestos autores materiales, investigarán ahora eventuales complicidades. Pedirán informes a la Jefatura de Gabinete que no requirieron hasta concretados los allanamientos en Misiones porque -según adujeron- no podían descartar que al oficiar a la Casa Rosada “levantaran la perdiz” y terminaran por boicotear una eventual línea de investigación.

Un dato, sin embargo, levanta suspicacias. Para ingresar al sistema Nosis, Nuñes Pinheiro creó un perfil falso a nombre de Nicanor Moreno Crotto, quien fue funcionario de Marcos Peña en la Jefatura de Gabinete, durante la presidencia de Mauricio Macri. ¿Por qué escogió el hacker ese nombre? ¿Pudo ser aleatorio? ¿O alguien le indicó que lo utilizara para desviar las sospechas hacia una supuesta interna de Pro?

La respuesta a esas preguntas acaso no esté en las declaraciones indagatorias del supuesto hacker de 22 años ni de su padre, también Elías Nuñes Pinheiro, o de Antonio Aquino, Julio César Escobar y Cecilia Mercado. Los investigadores se ilusionan con obtener más información cuando analicen las memorias de los quince dispositivos electrónicos que encontraron durante los allanamientos en Eldorado: cinco celulares Iphone, dos teléfonos Samsung, cuatro celulares Motorola, una Apple Macbook y tres notebooks.

Sin embargo, esos dispositivos continúan bajo el control de los sospechosos, en Misiones, porque la jueza Araceli Martínez rechazó secuestrarlos. Consideró suficiente completar una copia “bit a bit” de todas las unidades, lo que extendió el operativo hasta las 6 de la mañana del miércoles, con los acusados y sus abogados presentes.

“Todos estaban callados por orden del abogado, que era de allá [por Misiones] y muy tranquilos, menos Nuñes Pinheiro, que estaba como loco”, indicó una fuente al tanto de lo ocurrido durante el operativo que protagonizaron efectivos de las policías porteña y misionera bajo supervisión del juez de Instrucción N°1 de El Dorado, Roberto Saldaña.

Movimientos solapados

Pero mientras continúa la investigación judicial, se aceleraron las movidas políticas. Así, el mismo día en que los allanamientos desviaron parte de la atención periodística, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dispuso que Eugenio Burzaco reemplace como ministro de Seguridad a D’Alessandro, quien se cruzó por Twitter con la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.

“Sobre el hackeo, ya tenemos a los responsables. Ahora vamos a encontrar al que lo ideó, financió y ordenó”, tuiteó el ministro porteño saliente, que cosechó la reacción de Cerruti: “Sobre el hackeo, esperamos saber qué pasó con los bolsos con dólares que la empresa encargada de las grúas en la ciudad de Buenos Aires le estaba enviando para que Horacio Rodríguez Larreta le permitiera seguir con sus negocios”. D’Alessandro recogió el guante. “En su habitual y cómica desinformación, la vocera del 100 por ciento de inflación todavía no se enteró de que la Justicia determinó que los chats se inventaron desde la jefatura de Gabinete de la Rosada”, afirmó en referencia a algo que, en rigor, la Justicia no dio por probado aún.

El futuro del expediente

La investigación sobre el hackeo podría incluso cambiar de estrado judicial. La jueza federal que archivó la pesquisa por la intrusión ilegal al teléfono de Santilli, María Servini, pidió certificar qué contiene el expediente que tramita en la Justicia porteña, según confirmaron fuentes tribunalicias a LA NACION.

La movida de Servini podría ser el primer paso para llevarse ese expediente a los tribunales federales de Comodoro Py. Allí tramita otra investigación vinculada a los espionajes y hackeos ilegales que el presidente Alberto Fernández propaló mediante una cadena nacional. Otro magistrado de la Casación Penal que concentra las críticas del kirchnerismo, Mariano Borinsky, padeció también el SIM-Swap de su teléfono, en ese mismo período, y su denuncia quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Se desconoce aún si el ataque provino de los mismos supuestos hackers o de otros.

Pero hay otro antecedente de estos días que alimenta la posibilidad de un pase a Comodoro Py. La Casación Penal dispuso este jueves que la pesquisa por el viaje a Lago Escondido que compartieron D’Alessandro, jueces, fiscales y ejecutivos del Grupo Clarín pase de Bariloche al juzgado de Sebastián Ramos, cuestionado por el kirchnerismo por su aparente relación con D’Alessandro. Así lo decidió la Sala que integra uno de los magistrados acusados, Carlos Mahiques, quien se excusó de votar.