Las fechorías de la casta y la duda sobre las fuerzas del cielo

Javier Milei, y sobre todo Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, pueden estar felices. Para el aniversario de su llegada al poder, la casta les preparó una coreografía destinada a corroborar su principal operación de marketing. La fiesta psicodélica del fiscal Ramiro González; el despliegue patrimonial del matrimonio Ritondo en Miami; los sospechosos movimientos internos en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la antigua Afip; y el tráfico fronterizo del senador Edgardo Kueider, son algunos de los episodios que la dirigencia nacional ofreció en estos días para ratificar la tesis central del oficialismo: la política se organiza en una oposición sistemática entre las Fuerzas del Cielo y una “casta” pestilente.

Las fechorías que salieron a la luz ponen en evidencia la existencia de esa “casta” por un rasgo llamativo: los escándalos fueron cometidos por figuras públicas relacionadas entre sí. Sólo queda una duda, que se expande. Hasta qué punto algunos agentes de esas fuerzas celestiales no están también sumergidos en esa oscuridad.

La insensatez que puso de manifiesto el fiscal González con su fastuosa celebración de cumpleaños es tan escandalosa que disimula el mapa de delitos y poder que quedó trazado en esa bacanal. Que el celebrante cuente con los recursos para cubrir los gastos de la reunión no debería sorprender. Primero, porque consiguió ofrecer manjares sólidos y líquidos de altísima calidad, a más de 250 invitados, por apenas 35.000 dólares. Sandra Pettovello debería convocarlo para organizar la tarjeta Alimentar. Es decir: no hay por qué sospechar que este magistrado se haya enriquecido en la función. A pesar de que le atribuyen 3 lotes en un country de Chascomús por los que debería pagar, sólo de expensas, más de 1 millón de pesos por mes. Allí tendría, además, tres casas muy lindas. El departamento de Ocampo 3176 y el de Cerviño y Salguero, ¿también son de él, como afirman en Comodoro Py? Sería raro, porque no están a su nombre. Seguro le pertenecen los campos de Villarino, con más de 300 cabezas de ganado.

Los movimientos inmobiliarios de González fueron investigados en su momento por el fallecido fiscal Federico Delgado. Pero fue sobreseído en primera instancia. Para justificar su fortuna alegó un préstamo de Alfredo Anselmo Elías, empresario de dragados del puerto de Bahía Blanca, la ciudad donde empezó todo. Tiempos modestos pero tranquilos, que transcurrían en la casita de la calle Thompson o, ya con un jardincito, en la del barrio Patagonia.

El hijo de don Alfredo, Gustavo Elías, se lució en la pista de baile de la fiesta. Como a su padre, se lo vincula con negocios de Hugo Moyano. También se lo supone beneficiario de algunos expedientes judiciales ligados a cuestiones ecológicas. El fiscal González está a cargo de la Unidad que investiga delitos contra el medio ambiente, una pasión que comparte con Ricardo Lorenzetti y Ariel Lijo, que participaron de la mega fiesta de la Costanera. En Bahía Blanca, varias compañías petroquímicas estarían siendo hostigadas por jueces y fiscales ligados a González para, a pesar de varios fallos absolutorios, forzarlas a construir una planta de tratamiento de aguas. Elías se frota las manos imaginando que la obra correrá por cuenta de su constructora.

Tiene motivos para esa fantasía. Porque el fiscal González tiene una propensión irrefrenable a satisfacer a los empresarios. A finales de 2022 fue al responsable principal de uno de los episodios más escandalosos que protagonizó la justicia federal de Comodoro Py. Cuando el expediente de la causa de los Cuadernos de las Coimas ya acumulaba 92 tomos y se encaminaba al juicio oral, González admitió un insólito planteo de Ángelo Calcaterra, el primo hermano de Mauricio Macri. Calcaterra recordó, cinco años después de que se lo comenzara a investigar por pago de sobornos para conseguir contratos de obra pública, que, en realidad, él con esa plata había estado haciendo aportes electorales. No fue por la vía convencional, que implicaría refutar decisiones judiciales ya adoptadas. Calcaterra consiguió que González, que es fiscal electoral, abriera un expediente nuevo, a su medida. La madrina de González, María Servini de Cubría, dio la razón a su ahijado. La fiscal general a cargo del caso de los Cuadernos, Fabiana León, rechazó esos argumentos. Y el Tribunal Oral que deber realizar el juicio público, también. Pero, en un fallo escandaloso, el pasado 19 de junio, los camaristas de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos “Boxindanga” Mahiques beneficiaron a Calcaterra/González. El estrépito de esa decisión fue insoportable. El fiscal de Casación Raúl Plée la rechazó. Y el propio tribunal anuló lo que había resuelto. Sólo Mahíques, ex ministro de María Eugenia Vidal, mantuvo la posición original a favor de Calcaterra. El fiscal González no se ofendió. Los tres camaristas, Barroetaveña, Petrone y el “Boxindanga” fueron invitados a su fiesta y celebraron con el entusiasmo de todos los demás. Más allá de esta algarabía, el caso Calcaterra sigue su curso. La fiscal León acusó a González delante del procurador Eduardo Casal, superior de ambos, con escritos muy contundentes, en tres oportunidades. Casal sigue en silencio. Habrá que ver qué conducta adopta en el futuro, porque con motivo del costosísimo cumpleaños, se abrió un expediente penal contra González en lo del juez Daniel Rafecas. La postura de González, suscripta por Cubría y por los tres camaristas de Casación, suponía derribar por completo la causa Cuadernos. Como es lógico, los demás empresarios imputados por sobornos dirían que ellos también hicieron aportes de campaña.

Estos cruces entre casos judiciales y negocios sobraron en el cumpleaños del fiscal. Por ejemplo, entre los invitados se vio al abogado Carlos Vela, patrocinante de Barrick que, como toda minera, tiene especial sensibilidad por las controversias ambientales en las que se especializa el fiestero sesentón.

La celebración tuvo otros participantes que agregaron áreas novedosas al mapa en el que se mueve González. Por ejemplo, asistió Gerónimo Ustarroz, hermano de Eduardo “Wado” De Pedro y ex consejero de la Magistratura. También los dos colaboradores más estrechos del exespía Antonio Stiuso, Lucas Nejamkis y Guillermo Coppola. A Coppola se le atribuye la contratación de Cristian Castro, que animó la reunión con sus canciones. Nejamkis, Coppola, el fiscal González y el juez Lijo compartieron en octubre de 2022 un viaje a España a bordo de un lujoso Gulfstream que pertenece a Lionel Messi. La Fundación Messi está siendo investigada en una causa que se eterniza, como de costumbre, en el juzgado de Lijo. Dicen que este polémico aspirante a la Corte se sirvió de esas irregulares vacaciones en España como excusa para no participar de otra travesía, más costosa: la de Lago Escondido.

La carrera judicial de González se inició en Dolores. Desde allí llegó a los tribunales de Comodoro Py con el impulso de su madrina, Servini, y de otro protagonista de las crónicas poco edificantes de estos días: Cristian Ritondo, el entrañable “Pucho”. González y Ritondo comparten, entre muchos otros intereses, el “chat de papis” del colegio Bayard de Palermo Chico. El diputado tiene que dar explicaciones por la red de propiedades de Miami que apareció en el marco de una investigación periodística. En rigor, son departamentos muy costosos a nombre de sociedades off shore de las que, hace más de diez años, formaba parte su esposa, Romina Diago. Un pragmático experto en la vida interna del Pro reflexionaba anoche en estos términos: “Es increíble que ‘Pucho’, que lleva tantos años en esto, haya puesto bienes a nombre de la esposa. Lo hacía más sofisticado…”. Queda por definir qué es “en esto”. Las novedades obligaron a abrir otra causa judicial en el juzgado de Sebastián Ramos. El fiscal es Eduardo Taiano, papá de un exempleado de “Pucho” en el Ministerio de Seguridad de la provincia. Ritondo es el presidente de bloque del Pro en la Cámara de Diputados. Está allí por decisión de Macri, el primo de Calcaterra, que se benefició de un dictamen firmado por González, el fiscal ayudado en su carrera por Ritondo.

El dichoso propietario de Miami se ganó el apodo de “Pucho” por su ostensible apoyo a Tabacalera Sarandí, la empresa de Pablo Otero acusada de evadir miles de millones de dólares en la venta de cigarrillos fabricados con tabaco brasileño. Otero es aliado de otro íntimo de Ritondo en el negocio de los medios de comunicación: Nicolás “Nicky” Caputo, el hermano de la vida de Macri. Al mismo club de negocios se sumó el opulento Eduardo Cohen y el polémico Martin Kueller. Otero ha demostrado una gran influencia sobre el Congreso y, en especial, sobre los tribunales federales. Entre los que le ayudaron a ganar esa gravitación están el espía jubilado Stiuso y el oscuro lobista Adrián Kochen.

Kochen habría sido el nexo entre el “Mago” Santiago Caputo y el senador Kueider. Relaciones cultivadas en Entre Ríos, donde Kochen presta sus controvertidos servicios a los Eskenazi, dueños del banco provincial. Soñó con tener su propia fiesta en el cruce fronterizo con Paraguay. Pero lo detuvieron con 200.000 dólares no declarados en la valija. Un Antonini Wilson de juguete. Las hipótesis conspirativas sobre este resbalón son numerosas. La más razonable la produjo ayer, en voz muy baja, un funcionario judicial de Paraguay: “Kueider debía estar acostumbrado a pasar plata por la frontera. Pero debe haber traicionado a alguien de aquí, de mi país, y eso lo hizo caer”.

La malhadada experiencia financiera del senador entrerriano amigo de Kochen produjo un terremoto en la Aduana. José Véliz, el nuevo director, está pensando ahora en remover a los directivos de la región Nordeste por no haber dado un alerta sobre el episodio. Las autoridades de Buenos Aires se enteraron de la captura de Kueider por los diarios. Como es de imaginar, las remociones se ordenarán con otra excusa: la desaparición del pequeño Loan Peña, que se produjo el 13 de junio pasado. El equipo que podría ser reemplazado en Misiones fue designado hace apenas semanas.

Es interesantísimo que un Gobierno que se presenta como anarco-capitalista ponga tanta energía en los organismos de recaudación impositiva. La novedad más llamativa es que los que venían a emancipar a los individuos del opresivo poder del Estado acaban de decidir una nueva regulación sobre esos individuos autorizando, sin decisión judicial previa, la inclusión de sociedades comerciales en una lista de “contribuyentes no confiables”. Ratificada por el Banco Central, esta metodología complicará la economía cotidiana de legiones de ciudadanos. La Libertad Retrocede.

Las ocurrencias tributarias se producen mientras ARCA todavía no logra estabilizar su conducción. Florencia Misrahi fue reemplazada por Juan Pazo, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario coordinador de Producción en el Ministerio de Economía. Es un funcionario muy ligado a Luis Caputo, quien nunca estuvo conforme con las designaciones realizadas en la DGI y la Aduana. Entre las decisiones que debe adoptar Pazo hay una crucial: qué temperamento adoptar con las tabacaleras evasoras. Sarandí, de Otero, el defendido de ‘Pucho’, es la más importante. Andrés Vázquez, el titular de la DGI avalado por Santiago Caputo, suspendió decisiones hasta nuevo aviso. Fue lo decidido con su grupo íntimo el domingo pasado a las 10 de la mañana en un conciliábulo en Puerto Madero.

Pazo apenas llegó a su despacho y ya había sido puesto en la picota por el kirchnerismo. El agresivo diputado Rodolfo Tailhade identificó varias sociedades off shore del nuevo encargado de recaudar impuestos. Una de ellas, Harbour House, fue la que vendió a Diago, la esposa de Ritondo, una de las propiedades de Miami. La sociedad de Diago se llama Goformore, “Vamos por más”. Curioso: es el nombre del bloque de Pro en la Legislatura porteña. Cristina Kirchner repetiría su enloquecedora consigna, “todo tiene que ver con todo”. Pero el problema es para Milei: es difícil delimitar a la casta, que penetra con facilidad en su propio gobierno.

La señora de Kirchner apuesta a una polarización política con el Presidente. Es lo mismo que intenta Axel Kicillof, aunque le salga mucho más caro. La Legislatura bonaerense está por aprobar una reducción de la edad jubilatoria a 60 años en el Banco Provincia, que se pagará con garantía del tesoro provincial. Sería extraño que el resto de los empleados del distrito no pida lo mismo. El gobernador alardeó también con hacerse cargo de Aerolíneas Argentinas. La iniciativa tiene varias limitaciones. Una se la hizo notar con gran sentido del humor el diputado radical Diego Garciarena. Le recordó que La Plata carece de aeropuerto. La otra: ¿Aerolíneas quedaría en manos de Jorge D’Onofrio, el ministro de Transportes respaldado por Sergio Massa, y acusado por dirigir una gran red de anulación de multas a cambio de sobornos? La perjudicada es una empresa que recauda cientos de millones de dólares ofreciéndole al Estado provincial el servicio de cobro de infracciones. Un negocio espectacular ofrecido por el Ministerio de Seguridad. ¿Quién era el ministro cuando se concedió? Tres opciones: ¿Pucho, Pucho o Pucho?

A Cristina Kirchner el contrapunto con Milei le sale más barato que a Kicillof. Uno de sus objetivos es abroquelar su frente interno. Es decir, bloquear cualquier proceso de renovación que cuestione su liderazgo. Quien lo intente, insinúa, trabaja para la ultraderecha. Es un objetivo ambicioso. Por ejemplo, ayer asumió la presidencia del PJ sin que asistiera ningún gobernador. Tampoco intendentes de peso. Esas inasistencias hicieron sobresalir la presencia de La Cámpora como principal instrumento de poder. Entre los dirigentes más destacados, Ustarroz. Es el hermano de De Pedro que agasajó al fiscal González en su carnavalesco cumpleaños. Una fisura en la teoría del lawfare.

Por Carlos Pagni

---

Conforme a