Lava jato: la Argentina no registra condenas a cinco años de la disponibilidad de las evidencias en Brasil
El capítulo local del escándalo de corrupción involucra a exfuncionarios kirchneristas y al primo de Macri por tres grandes proyectos de obra pública que están inconclusos
LA NACION
Cinco años después, ningún argentino fue condenado por las coimas que Odebrecht pagó en la Argentina y las evidencias continúan en Brasil. Con una sola y parcial excepción, la Justicia local todavía no accedió a las confesiones de los exejecutivos brasileños que saben cómo, cuánto y quiénes cobraron por cada uno de los tres proyectos de obra pública que la empresa manejó en la Argentina por miles de millones de dólares. Y el tiempo corre.
El primer paso ocurrió en Estados Unidos, en diciembre de 2016, cuando Odebrecht admitió que pagó coimas en la Argentina por “al menos” US$ 35 millones, aunque la cifra superaría los US$ 59 millones, según reconstruyó LA NACION. Pero la fecha clave –o que debió serlo- fue el 1° de junio de 2017, cuando se abrieron las puertas en Brasil a todo aquel juez o fiscal que quisiera acceder el material incriminatorio.
El material incluye las “delaciones premiadas”, documentación interna de Odebrecht y registros electrónicos con fechas, montos, apodos, cuentas bancarias y sociedades offshore que se utilizaron para pagar esos sobornos. Pero los fiscales brasileños fijaron condiciones que otros países aceptaron, pero que resultó más tortuoso para los investigadores argentinos, que adujeron motivos legales y procedimentales.
Así, cinco años después, casi todo el material continúa en un limbo jurídico, entre Buenos Aires, Brasilia y Curitiba, mientras que Odebrecht pasó a la ofensiva. Logró que Brasil suspenda el intercambio de información sensible con la Argentina y procura que la Corte Suprema derribe el poco material que ya llegó de Curitiba.
El secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General, Juan Manuel Olima, se encargó de la respuesta formal, que se giró al Ministerio Público Fiscal brasileño para que revierta la suspensión de la cooperación bilateral. Junto al procurador Eduardo Casal confían en que lograrán destrabar la situación, “pronto”.
Desde junio de 2017, en tanto, otros países de América Latina donde Odebrecht admitió que pagó sobornos ya accedieron al material Y registran condenas y detenciones de expresidentes –como en Perú, Ecuador y El Salvador-, resarcimientos civiles, renuncias o remociones de funcionarios y hasta el suicidio de un expresidente. Pero en la Argentina, las evidencias apenas llegaron de manera parcial a un solo expediente judicial, que resulta el más atrasado de todos.
El capítulo argentino
¿Cuáles son los expedientes que se tramitan en la Argentina? Tres son los centrales.
El primero se centra en la construcción de una planta potabilizadora de agua para AySA en Paraná de las Palmas. En Brasil, el ex vicepresidente para América Latina de Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, confesó que para ganar y retener ese contrato pagaron sobornos por al menos US$ 14 millones. La investigación local quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado. Nunca accedieron al material brasileño –aunque el fiscal Delgado envió 23 rogatorias- pero con evidencias locales se dictaron procesamientos que confirmó la Cámara Federal. El expediente se envió a un tribunal para que inicie un juicio oral.
El segundo expediente abordó la extensión de las redes troncales de gasoductos. Otro exejecutivo de Odebrecht, Marcio Faria da Silva, detalló que pagaron coimas por US$ 25 millones para quedarse con ese contrato. La pesquisa en Buenos Aires recayó en el juez federal Daniel Rafecas, también junto al fiscal Delgado. Tampoco accedieron al material brasileño, pero el juez dictó procesamientos, confirmados por la Cámara Federal, y se elevaron las actuaciones al Tribunal Oral Federal N° 2 para que juzgue a los acusados en instancia oral.
El tercer expediente indagó en el proyecto para soterrar el tren Sarmiento. En Brasil, Mameri aludió a coimas por apenas US$ 3,4 millones, aunque documentos internos de Odebrecht elevaron los sobornos a US$ 20 millones, la misma cifra que confesó Manuel Vázquez, el testaferro del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, cuando se arrepintió en la pesquisa y apuntó contra Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri. Pero luego se arrepintió de arrepentirse. ¿La paradoja? Fruto de los esfuerzos del fiscal Franco Picardi, esta investigación es la única que recibió parte del material incriminatorio desde Brasil, pero es el que se encuentra más atrasado. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a cincuenta acusados, pero la Cámara Federal nulificó la resolución. El fiscal presentó su dictamen hace un año, que el juez sigue sin resolver.
Una y otra vez, sin embargo, algunos nombres se repiten en el capítulo argentino del Lava Jato. Entre los funcionarios, los del entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y algunos de sus colaboradores, como Jaime, Roberto Baratta, José López y Daniel Cameron. Entre los intermediarios, el otrora presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y el lobista Jorge “Corcho” Rodríguez.
Brasil, Italia, Suiza y Uruguay
Las evidencias que duermen en Brasil incluyen rastros sobre receptores de coimas vinculadas a los proyectos argentinos que permanecen en las sombras. La División Sobornos de Odebrecht registró al menos 64 receptores o intermediarios vinculados a transacciones ilegales con la Argentina que figuran en listas con “codinomes”, según surge del análisis de 13.000 documentos del área de Operaciones Estructuradas a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra LA NACION. La llave para precisar quiénes son sigue en Brasil.
Mientras que las comunicaciones con Brasil permanecen suspendidas, Suiza sí colaboró con otra investigación nacida del Lava Jato pero que no tiene relación con Odebrecht. El juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Gerardo Pollicita instruyen un expediente por el presunto pago de sobornos para que Electroingeniería se quedara con las acciones de Petrobras en Transener. De Vido y el exministro Roberto Dromi figuran como los principales acusados por los arrepentidos brasileños. Entre ellos, el ex director de Petrobras, Néstor Cerveró, quien confesó que cobró una coima de US$300.000: “Yo cobré en carácter de comisión o servicio prestado. Soares [un lobista vinculado con la operación] también cobró. Ciertamente el ministro De Vido recibió más que eso como propina [coima]”. Desde Suiza aportaron datos siete transferencias vinculadas la firma uruguaya Maxon que intermedió en la operatoria bajo sospecha.
La otra investigación sensible vinculada al Lava Jato que tramita en la Argentina quedó en manos del juez federal Luis Rodríguez y del fiscal Eduardo Taiano. Se centra en los presuntos sobornos que Confab, una subsidiaria de Techint, habría pagado en Brasil, donde ya se condenó al receptor de esa coima. El fiscal pidió datos sobre las evidencias que recolectaron los sabuesos brasileños, pero la investigación que comenzó en 2017 sigue en etapa de instrucción –y que tiene al ejecutivo Héctor Zabaleta como eslabón clave- y cosechó críticas de Brasil e Italia por la negativa a colaborar con las pesquisas de esos países.
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