Ley pandemia: el Gobierno se resiste a cambios de fondo y se prepara para otro DNU

Sin los votos en Diputados para aprobar la “ley pandemia”, el Gobierno se muestra por ahora intransigente a aceptar la modificación del proyecto que lo haría más digerible para la oposición y para algunos gobernadores: que las provincias adhieran de forma optativa a la norma. La Casa Rosada rechaza el modelo de “pacto federal” -similar al que se aplica al Consenso Fiscal- y sólo admite modificaciones menores en la iniciativa oficial que busca regular las medidas sanitarias y la suspensión de clases.

Así las cosas, el proyecto que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso tiene un futuro incierto. Pero además, todos en la Casa Rosada comenzaron a reconocer que no darán los tiempos (como alguna vez pretendieron) para aprobar la iniciativa antes de que venza el DNU vigente, que caduca el 21 de este mes. Por eso, cerca de Alberto Fernández se preparan para trabajar en un nuevo decreto la semana próxima.

“Apuesto a que el nuevo DNU arrancará con ‘prorrógase’ en el primer artículo”, bromeó un alto funcionario cuando atardecía el viernes en la Casa Rosada. En el Gobierno estiman que las medidas se extenderán prácticamente sin cambios, tanto las restricciones a la circulación nocturna como la suspensión de las clases presenciales en el AMBA y otros distritos del país. Esto es porque el equipo de Fernández ya se apegó a los parámetros sanitarios que expuso en los últimos dos DNU y que replicó textualmente en el proyecto de ley que envió al Congreso.

Es decir, seguirá tomando como referencia tres indicadores: aumento de los contagios en los últimos 14 días (razón), cantidad de casos sobre la población (incidencia) y ocupación de las camas de terapia intensiva. Así, dividirá al país en cuatro grupos -bajo, medio y alto riesgo y alarma epidemiológica- con distinto nivel de restricciones. Aunque la curva de contagios comenzó una trayectoria descendente, si en AMBA y otros departamentos la semana próxima los parámetros siguen altos, continuarán las mismas medidas.

El Gobierno se muestra reticente a hacer cambios de fondo, que le quiten facultades al gobierno nacional para fijar las medidas, aún cuando no tiene los números asegurados en la Cámara baja, ni para aprobar el proyecto ni para conseguir el quórum. Tal como publicó LA NACION, la iniciativa tiene, no solo el rechazo de Juntos por el Cambio, que apunta a los visos de inconstitucionalidad del texto, sino también la resistencia de Consenso Federal, de los cuatro diputados de Córdoba Federal -que responden al gobernador Juan Schiaretti-, de los dos legisladores de Acción Federal, Felipe Álvarez y Antonio Carambia, y de los diputados de izquierda, Nicolás del Caño y Juan Carlos Giordano.

Más proclives a acompañar al oficialismo son los seis diputados del interbloque Unidad Federal para la Equidad y el Desarrollo, que preside el mendocino José Ramón, y los justicialistas Eduardo “Bali” Bucca, de Buenos Aires, y Andrés Zottos, de Salta. Con 117 diputados propios, el Frente de Todos debe conseguir al menos una docena de aliados de los bloques minoritarios para alcanzar el quorum.

Una salida que impulsaron los gobernadores en los últimos días es que la ley incluya un artículo que establezca que se invita a las provincias a adherir, para evitar un avasallamiento a las autonomías provinciales. Es que, no solo Horacio Rodríguez Larreta se apartó del último DNU y persistió con las clases presenciales en la Ciudad, sino que también Schiaretti y el peronista Omar Perotti (Santa Fe) -muy allegado a la Casa Rosada- se apartaron del decreto presidencial.

En la Casa Rosada ya pusieron reparos. “La idea es que la ley fije parámetros objetivos no opinables que se apliquen en todo el país. Es una ley sanitaria como la prohibición de venderle cigarrillos a menores de 18 años, no se puede optar si adherir o no”, dijo un importante ministro a LA NACION.

¿Qué cambios está dispuesto a aceptar la Casa Rosada? “Pueden discutir los parámetros sanitarios que propusimos, pero una vez que se definan, se aplican”, dijo un alto funcionario. Otro punto que aceptan revisar es el plazo de aplicación de la ley, dado que se trata de una delegación de facultades al Poder Ejecutivo. El proyecto del Ejecutivo dice que la ley regirá “mientras se encuentre vigente la emergencia pública en materia sanitaria”, pero la oposición reclama fijar una fecha.

“Estamos abiertos al diálogo político para introducir cambios, pero no estamos dispuestos a que se desnaturalice el proyecto”, dijo un funcionario allegado a Fernández. Esta semana, a la Casa Rosada incluso llegaron cuestionamientos de las filas kirchneristas a la iniciativa oficial. Senadores allegados a Cristina Kirchner le remitieron a los colaboradores presidenciales críticas a aspectos menores al texto que remitió el Poder Ejecutivo. Finalmente, el dictamen de comisión en la Cámara alta se votó sin cambios.

Por Maia Jastreblansky

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