Los audios que complican a Lázaro Báez y revelan cómo operaba desde la cárcel para manejar sus propiedades

EL CALAFATE.- Lázaro Báez siguió operando desde la cárcel, dando instrucciones, manejando contratos de alquiler, reclamando pagos, acordando venta y compra de ganado y dando instrucciones de qué hacer con el personal: su mano derecha, Cristian Ibáñez, y su pareja, Claudia Insaurralde, reciben instrucciones; incluso queda a la vista por las conversaciones telefónicas que mantenía con su mano derecha que el empresario cercano a los Kirchner desconfiaba incluso de ella.

LA NACION accedió a las escuchas judiciales en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero y narcotráfico.

En la celda, a Báez, quien reclamaba estar presente durante el allanamiento, le secuestraron por lo menos 25 horas y un cuaderno Gloria con el detalle de las operaciones que iba realizando; en algunas, de su puño y letra, dejaba nombres resaltados; además, detallaba listado de proveedores, abogados y cuentas “del último presidente”.

“El dueño de la historia soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”, sostiene Báez en uno de los audios a los que accedió este medio.

Para Ibáñez, Báez es “el tío” e Insaurralde es “la tía”. Salvo por cuando Báez le dice a su mano derecha que tiene que ir a verlo al penal de Ezeiza (“tenés que venir a verme”), el empresario no parece un privado en libertad con una condena firme unificada por 15 años, sino alguien que da órdenes e instrucciones sobre cómo debe organizarse un armado de operaciones ilícitas que por estas horas la justicia trata de discernir.

Las escuchas de las conversaciones de Báez con su segundo Ibáñez, alias “Budin”, son parte de la audiencia que se extendió hasta la noche y en la que el juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez formalizó la investigación contra 16 personas en las dos causas conexas por lavado de activos y narcotráfico: nueve quedaron con prisión preventiva y una con prisión domiciliaria. Entre ellas están Lázaro Báez, Claudia Insaurralde y Cristian Ibáñez.

“La tía piensa que porque pone gente que ella quiere después va a hacer lo que ella quiere; ojo con eso”, le advierte Báez a Ibáñez, alias “Budín”, en otro audio.

La “tía” es Claudia Insaurralde, la pareja de Báez, que vive entre Buenos Aires y Río Gallegos y, junto a Ibáñez, presuntamente llevaban la administración de bienes a juzgar por las propias anotaciones que dejó en cuadernos que fueron secuestrados en un domicilio de Río Gallegos.

Por los audios que se repiten, Báez desconfía de su pareja de hace siete años y le da instrucciones a Ibáñez sobre Insaurralde: “Decile, me dijo el tío, que ponga al que estuvo administrando La Entrerriana y que está administrando La Entrerriana, ponga a uno de su confianza para hacer los trabajos y yo voy a supervisar los dos lados”.

Hasta ahora, la investigación judicial, conocida como “Causa 169831/26”, documentó movimientos por unos $390 millones de pesos en ocho meses, de acuerdo a los datos presentados en las audiencias judiciales pedidos por la Unidad Fiscal Río Gallegos, que encabeza el fiscal federal Julio Zárate y que se extendieron por casi diez horas.

Algunas de las pruebas que trascendieron de los allanamientos demuestran cómo Insaurralde documentó cada paso que da, con quiénes se reúne y a quiénes nombra.

Ibáñez e Insaurralde comparten fotos y hasta una llamada conjunta. Sin embargo, está claro que hay desconfianza: “Si está desesperada que me llame, y me diga qué es lo que necesita, y decile: ‘Si vos estás desesperada por algo llámalo y decile qué es lo que necesitás y dejá de hacer cagadas porque nos vas a meter a todos en el mismo quilombo, me dijo si no va a echar a la mierda a toda la gente que nombró ahora a cargo de Agro”.

“Mañana va a ir la tía a verte: decile que te cuente lo de Gregores, le dejé un mensaje a ella, porque yo estoy viendo de en Gregores sacar unas cosas… vos tenés que dar el okey”, le dice Ibañez a Baez, quien pregunta: “¿Qué opción de número es Gregores? ¿20, 30, 40?”.

Además de Ibáñez e Insaurralde, quedaron imputados Fausto Ignacio Devetac, Paula Beatriz Godfrid, Mauro Gastón Trevisan Godfrid, Diego Ernesto Navarro, Oscar Raúl Núñez, Valentina Micaela Devetac, Jorge Manuel Ulloa y Jorge Elías Agustín Agüero. Ellos, junto a Ibáñez, son los nexos de las dos causas, según interpretan los investigadores judiciales.

Ibáñez es un productor local condenado en causas por abigeato, a quien en 2014 le imputaron haber robado 1000 ovejas. Luego de que le imputaran otros delitos, lo condenaron a 10 años de prisión. Pero su pena fue rebajada y se encontraba en libertad desde 2023.

Con Núñez como interlocutor, Ibáñez habla de un negocio con galpones que pertenecerían supuestamente a Báez, según se desprende de otra de las escuchas judiciales: “No importa si queda un vueltito, él te lo fía y te lo firma todo para que vos escritures, todo por escribano, todo”, le asegura Ibáñez a Núñez.

El juez autorizó ampliar las medidas cautelares sobre el patrimonio, que incluyen secuestro e inhibición de bienes, congelamiento de activos financieros y afectación de cánones locativos. Además, dispuso pedidos de información societaria y prorrogó los allanamientos en establecimientos rurales, donde se releva y cuenta el ganado. También ordenó enviar una copia de la resolución a tres tribunales orales federales de Capital Federal y a la Cámara en lo Criminal de Santa Cruz, por la causa en la que fue condenado Núñez.

Con prisión preventiva por 180 días quedaron nueve personas, incluido Báez –quien ya cumple su propia prisión–, Insaurralde, Ibáñez, Fausto Devetac, Ulloa, Agustín Agüero y Núñez, a quienes además se les prohibió comunicarse con otros involucrados, en tanto que Paula Bórquez cumplirá la prisión preventiva en su domicilio; con la documentación correspondiente, podrá ir a trabajar y llevar a su hija a la guardería.

Seis imputados siguen en libertad bajo restricciones. Silva y Herrera deben prometer someterse al proceso y no comunicarse con otros involucrados. Valentina Devetac, Paula Godfrid, Mauro Trevisan Godfrid y Diego Navarro tienen además la obligación de presentarse en la Oficina Judicial —semanalmente Devetac y Navarro, cada quince días Godfrid y Trevisan Godfrid, que trabajan en un campo fuera de la ciudad— y no pueden salir del país sin autorización.

Las dos audiencias se hicieron el mismo día y hay cuatro imputados en común: Ibáñez, Valentina Micaela Devetac (su pareja detenida, libre y ahora en libertad), Jorge Manuel Ulloa y Jorge Elías Agustín Agüero.

En la primera audiencia que investiga el narcotráfico y lavado se imputó a Agustín Agüero, Juan Pablo Bórquez, Ulloa, Pedro Nahuel Leal, Ibáñez, Paula Makarena Bórquez, José Ariel Silva, Aldo Rubén Herrera y Valentina Devetac. A los ocho primeros les atribuyó formar parte de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos. A Devetac le atribuyó una participación secundaria.

Según el requerimiento, la organización comercializó 66,43 gramos de cocaína a Gonzalo Agustín García Bistritsky, que se hallaron el 22 de diciembre de 2025 en un allanamiento en su casa. También le habría vendido 439,88 gramos a Carlos Mauricio Audicio, cuya droga apareció el 9 de abril de 2026, cuando la policía hacía una inspección ocular en su domicilio tras el hallazgo de su cuerpo sin vida, por orden del Juzgado Provincial N.º 3. El tercer hecho es el más reciente: el 10 de noviembre, en el allanamiento a la casa de Leal, se secuestraron 1.305 gramos de cannabis sativa y 725 gramos de cocaína, que la Fiscalía considera destinados a la venta.

El capítulo de lavado se apoya en bienes y movimientos de dinero. A Ibáñez se le atribuye haber comprado una VW Amarok por $65.000.000 en agosto de 2025, sin actividad económica formal que lo justificara, y una Ford F150 modelo 1994 por $5.000.000, que transfirió en septiembre de este año. Además, habría administrado otros cuatro vehículos y recibido transferencias de Ulloa y Herrera. A Ulloa se le atribuye la compra de una Toyota SW4 por $43.000.000 y envíos de dinero a Luis Agustín Alcaina, detenido desde agosto en otra causa en la que se secuestraron 36 kilos de cocaína, y a uno de sus familiares. Leal, por su parte, habría hecho ocho transferencias por $9.035.000 a cuatro personas vinculadas con esa misma causa, entre ellas Alcaina.

La Fiscalía también apuntó a las billeteras virtuales. Entre el 1.º de diciembre de 2025 y el 7 de julio de 2026, Paula Bórquez habría administrado ingresos por $415.254.149,87 y egresos por $290.471.536,16 sin respaldo, y Juan Pablo Bórquez, ingresos por $203.171.812,23 y egresos por $127.575.705,24. A Leal se le atribuyen otros $84.451.721 de ingresos y $69.205.004,71 de egresos sin respaldo. Silva y Agustín Agüero figuran como administradores de vehículos, y Herrera como titular de una Toyota Corolla y emisor de transferencias a Paula Bórquez y a Ulloa. A Valentina Devetac se le atribuye haber prestado su cuenta de Mercado Pago para recibir $9.670.000 de Ibáñez entre diciembre de 2025 y octubre de 2026.

La Fiscalía sostiene que conocía el origen ilícito de los fondos por la convivencia con él, por un nivel de vida que consideró desproporcionado y por la falta de respaldo lícito de esos movimientos.

Las calificaciones provisorias son tenencia con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas, asociación ilícita y lavado de activos.

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