Los cambios a la ley del personal militar enfrentan a Jorge Taiana y a la oposición

La política militar y el papel de las Fuerzas Armadas entraron en la campaña electoral, al responder el ministro de Defensa, Jorge Taiana, a fuertes críticas de dirigentes de Juntos por el Cambio que respaldan la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta y que denunciaron “un intento de ideologización, sometimiento y atropello a las Fuerzas Armadas”.

“No vamos a permitir la chavización de las Fuerzas Armadas”, fue la advertencia del auditor Miguel Angel Pichetto, el diputado nacional José Luis Espert y Eugenio Burzaco, experto en temas de defensa y seguridad, al fustigar el proyecto de reforma de la ley del personal militar que impulsa el Gobierno. Denunciaron que se busca “domesticar a las Fuerzas Armadas a través de una mayor injerencia del Poder Ejecutivo en el sistema de ascensos militares, abriendo la puerta para someterlas a su juicio y voluntad”.

La réplica de Taiana no se hizo esperar. “Es lamentable que un proyecto de ley, elaborado con un importante grado de consenso, se tome como tema de campaña y se desvirtúen de manera deliberada su contenido, intenciones y objetivos”, asestó el ministro de Defensa, quien remitió la iniciativa al Senado para su discusión legislativa.

Entre otros cuestionamientos, los referentes de Juntos por el Cambio advierten que el proyecto no fue consensuado con la oposición y rechazaron que el sistema de ascensos en las Fuerzas Armadas quede condicionado “al criterio educativo de la altamente politizada Universidad de la Defensa Nacional (Undef)”.

“No vamos a permitir que el kirchnerismo transforme a las Fuerzas Armadas de la Argentina en una fuerza de choque bolivariana en contra de la ciudadanía”, insistieron Pichetto, Espert y Burzaco en su declaración.

Se sumó a las críticas el diputado nacional y presidente de la Comisión de Defensa, Alberto Asseff (Juntos por el Cambio). “El ministro Taiana insiste en que hubo consenso para el proyecto de reforma de la ley 19101, pero no dice la verdad. El proyecto impone restricciones a la libertad de expresión de los militares retirados y eso es un ejemplo de que el proyecto no apunta a más democracia, sino a mayor regimentación ideológica”.

Asseff insistió en que el proyecto le otorga discrecionalidad al ministro de Defensa para digitar ascensos, al margen de las Juntas de Calificaciones. Eso es otra prueba de que buscan Fuerzas Armadas alineadas, no con la Constitución, sino con la postura ideológica del Gobierno”.

Para los referentes de la oposición, los gobiernos kirchneristas “siempre buscaron someter a las Fuerzas Armadas a sus intereses partidarios, vaciando la función principal que tienen en la defensa de la soberanía nacional”.

Y entienden que, así, las Fuerzas Armadas sufrieron “una caída histórica de la inversión en equipamiento, la politización del sistema de inteligencia, las restricciones para combatir las amenazas del exterior, la suspensión de ejercicios con otros países, la ideologización de los centros universitarios de formación, los reiterados intentos de eliminar liceos militares y la caída abrupta de los salarios”.

La propuesta de Juntos por el Cambio concibe las Fuerzas Armadas como “instituciones vitales de la democracia” y propone priorizar el capital humano de las Fuerzas Armadas, con un aumento salarial inmediato, que permita la equiparación con los haberes de las fuerzas de seguridad.

La oposición reclama un programa de reequipamiento militar, la despolitización del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), un plan operativo para custodiar los espacios soberanos y objetivos estratégicos del país, para blindar las fronteras contra el narcotráfico, el tráfico de armas y de personas, y “la recuperación del protagonismo de los militares argentinos en ejercicios internacionales, misiones de paz y el apoyo de la política exterior”.

La réplica del ministro

En su descargo, Taiana recordó que la ley 19.101, que regula el marco legal del personal militar, data de 1971 y ya fue modificada por otras 174 normas de variado nivel y objeto y por un gran número de reglamentaciones internas de las Fuerzas Armadas.

El ministro de Defensa aseguró que el proyecto apunta a sancionar una ley integral, después de 52 años, que “recoge la experiencia y la evolución de la doctrina y el pensamiento estratégico militar”. Y sostuvo que “descalificar en el debate público no parece ser el camino correcto para que surja una ley consensuada”.

Respecto del régimen de ascensos y promociones militares, Taiana expresó que el artículo 10 de la ley de defensa nacional, sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín, compete al Presidente la conducción de las Fuerzas Armadas, en su carácter de jefe supremo y comandante en jefe de las mismas, en los términos establecidos por la Constitución nacional”.

“Muchas de las afirmaciones fueron realizadas por la oposición de manera irresponsable o sin haber leído el contenido del proyecto”, argumentó el ministro de Defensa, al sostener que se mantienen mecanismos idénticos a la ley vigente para el ascenso de los ofíciales superiores y sin restarle ninguna potestad al Senado.

Explicó que el artículo 43 del proyecto enviado al Congreso establece que el ascenso de los oficiales superiores lo concede el Presidente de la Nación, previo acuerdo del Senado, al tiempo que el ascenso de los suboficiales será otorgado por el Presidente de la Nación en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”. Destacó que “es una atribución presidencial que puede ser delegada por el decreto reglamentario correspondiente” y que “una ley del Congreso no puede delegar las atribuciones que corresponden constitucionalmente al Poder Ejecutivo”.

“Los decretos, resoluciones, reglamentos y demás normas que no se opongan a la ley continúan vigentes, por lo que los temores manifestados por la oposición resultan infundados”, observó el ministro.

El ministro aseguró que la iniciativa prevé que “los ascensos de los oficiales, suboficiales, la tropa y el alumnado se producirán según las vacantes existentes, en función de los criterios de antigüedad e idoneidad, de acuerdo con los procedimientos que establezca la reglamentación de la Ley. Estos criterios y mecanismos son precisamente los establecidos en la Junta de Calificaciones de cada fuerza y que, lejos de derogarse, se fortalecen”.

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