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Luciani aporta pruebas sobre cómo Lázaro Báez competía contra sí mismo y nadie lo controlaba
El fiscal analiza las licitaciones con el objetivo de demostrar que estaban direccionadas para favorecer al empresario que era socio de Cristina Kirchner
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LA NACIONCandela Ini
Con el foco puesto en la letra chica de las licitaciones de las obras públicas que recibió Lázaro Báez, el fiscal Diego Luciani retomó esta mañana el alegato en el juicio del caso Vialidad, que tiene a Cristina Kirchner, Báez y 11 exfuncionarios nacionales y provinciales como acusados por los delitos de asociación ilícita y fraude al Estado.
En la misma línea que se siguió durante la audiencia anterior, Luciani sigue repasando las licitaciones de las 51 obras que recibió Lázaro Báez, una por una y en orden cronológico. El fiscal aporta pruebas para demostrar que Báez competía contra sí mismo -es decir, que las licitaciones eran “una ficción”- y que el Estado no lo controlaba. Según Luciani, esto solo fue posible porque hubo una orden de “lo más alto del Poder Ejecutivo”.
Igual que en la audiencia del martes, la vicepresidenta está ausente. Justificó ante el TOF 2 que tiene actividad como presidenta del Senado y compromisos como vicepresidenta y fue autorizada a no asistir. Escucha la acusación su abogado Carlos Beraldi.
Luciani comenzó hoy su exposición refiriéndose a la licitación número 19, “para la construcción de obras básicas y pavimento en la Ruta 288″. Era la licitación 12309/07. Los oferentes eran Kank y Costilla (que fue desestimada por no guardar correspondencia con el pliego), Austral Construcciones, Petersen Thiele y Cruz, y Gotti. Dijo que se trató de una licitación simulada y que Báez competía contra sí mismo.
“Cuando se realizó esta licitación, Báez había recién adquirido el paquete accionario de Kank y Costilla. Vemos claro que tres empresas ofertaron y eran las tres empresas controladas directa o indirectamente, a través de transferencias accionarias o de un poder [como Gotti], y en el caso de Petersen solo cabe decir que se prestó a la maniobra, pues ninguna empresa se prestaría a reincidir en presentar ofertas por encima de lo permitido”, dijo Luciani. La obra fue otorgada a Gotti, que luego le cedió el contrato a Austral Construcciones. “Esto pasó prácticamente desapercibido”, agregó Luciani, al referirse a la falta de control sobre el pase de manos de ese contrato.
El fiscal habló de la “sincronicidad de la maniobra” al señalar la velocidad con la que se tramitaban las licitaciones y la manera en que siempre, con un mecanismo de ofertas repetido, las obras quedaban en manos de una empresa controlada por Lázaro Báez. Y al respecto de la licitación número 23, que era una obra de repavimento en un tramo de la Ruta 40, dijo: “la velocidad con la que se convocó a la licitación no se condice con la tolerancia que se tuvo en el plazo de ejecución. De 36 meses establecidos se pasó a 120 meses, y la obra no se terminó”. “En menos de 24 horas es imposible estudiar el proyecto y las ofertas”, observó Luciani cuando se refirió a otra obra que fue adjudicada en tiempo récord. Luego exhibió un gráfico en el que se mostraban las demoras en los plazos de avance de la mayoría de las obras.
“No hay obra que se termine en término. Podemos entender que pueden darse situaciones en las cuales las empresas solicitan extensiones de plazos por diversos motivos, ahora, que de todas las obras no puedas terminar ninguna, habla de algo sistemático, de la falta de capacidad de la empresa”, agregó.
“Señores jueces, cuando analizamos el expediente no podemos creer lo que vemos -dijo- no estamos haciendo referencia a cuestiones ajenas, no puedo creer cómo pudieron pasar inadvertidos semejantes actos de corrupción y manipulación de la obra pública de Santa Cruz”.
El fiscal también analizó los contratos de remediación de canteras que recibieron las empresas de Báez. Se detuvo en uno en particular, firmado en 2007 por un monto total de 53 millones de pesos (17 millones de dólares al momento). Y cuestionó que no se indicaba cuáles eran las canteras a remediar. “Se señala que es la tercera etapa de la Ruta nacional 3, pero es toda la ruta nacional 3 que pasa por Santa Cruz. Fue adjudicada con urgencia: el llamado a licitación fue el 12 de marzo de ese año, la obra fue adjudicada en abril y en junio se firmó el contrato. Apenas un mes después de la firma del contrato, indicó Luciani, se autorizó desde la AGVP una modificación de obra y se incorporó una cantera más. Esa modificación implicó un incremento de más de 10 millones de pesos. Se refirió a otro contrato por remediación de canteras y dijo: “El Estado paga más caro una remediación de cantera que una ruta”.
Luego Mola tomó la palabra y siguió con las siguientes licitaciones. Una de las que mencionó fue la de un tramo de pavimento y obras de la Ruta 47, a la que describió como “plagada de irregularidades e ilegalidades”. Dijo que fue una de las rutas más caras “Todo lo que vemos acá es opaco, burdo, oscuro, confuso”, calificó Mola.
En la audiencia anterior, Mola hizo un repaso de los primeros contratos adjudicados a Báez. Él y Luciani afirmaron que las licitaciones habían sido simuladas. Señaló la manera en que se realizaban los procesos licitatorios y cuestionó en algunas ocasiones la celeridad con la que se llevaron adelante las ofertas, las adjudicaciones e incluso los pagos de anticipos financieros. El direccionamiento es el eje principal de la acusación de los fiscales.
“Hubo un direccionamiento grosero e inadmisible y una falta total de control. Era imposible que se permitiera si no era porque la orden venía de lo más alto del Poder Ejecutivo”, dijo Diego Luciani el martes.
En tanto, ayer La Cámpora difundió imágenes de pintadas en distintos barrios porteños y del conurbano con la consigna “Todos con Cristina”. “Quieren proscribir a Cristina. El Partido Judicial ya tiene la condena escrita. El poder económico, el real, afianzó su representación y su sede es Comodoro Py. No hay novedad, ya lo vimos en otros países de la región. Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay u Honduras son claras muestras de lo que son capaces a la hora de perseguir dirigentes populares. El lawfare en nuestro país está también a la orden del día”, sostuvo la organización que conduce Máximo Kirchner.
Las audiencias del juicio son los lunes, martes y viernes. Está previsto que el alegato del fiscal dure dos semanas más y después será el turno de las defensas. En total, se estima que los alegatos duren unos cuatro meses.
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