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Los hilos de Yabrán en Diputados
El correo privado DHL denunció gestiones de legisladores en favor del empresario, según consta en una cususa judicial
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LA NACIONMariano Obarrio
Carlos Ruckauf, José Celestino Blanco, Osvaldo Borda y Roberto Sanmartino integran la profusa lista de legisladores que entre 1986 y 1988 habrían presionado por la vía parlamentaria al correo privado DHL Internacional SA, según denunció ante la Justicia el titular de la firma, Ricardo Giacchino, en 1992. La causa implica judicialmente al empresario postal Alfredo Yabrán. En septiembre de 1992, Giacchino demandó a dos hombres -Natalio Levitán y Carlos Mackinlay- vinculados al grupo Yabrán. Según la denuncia, Giacchino debió cederles en forma compulsiva, el 30 de diciembre de 1988, el 50% de los certificados nominativos de las acciones de DHL. Previo a ello, según allegados a la causa, Giacchino padeció acoso administrativo, judicial y psicológico; el denunciante asegura que el grupo Yabrán lo habría incentivado.
La demanda, por simulación de compraventa, fue radicada ante el juzgado comercial 21, a cargo del juez Germán Páez Castañeda.
En aquella cesión de títulos, Giacchino nunca recibió pago alguno por parte de Levitán -hombre vinculado con Yabrán- o de Mackinlay, quien en 1992 se presentó como "comitente oculto" de Levitán.
En el Congreso se habían activado 23 trámites parlamentarios en perjuicio de DHL (pedidos de informes y otras acciones). Según consta en el espediente de la causa, llevan las firmas de los entonces diputados Ruckauf -hoy vicepresidente de la Nación-, Blanco, Borda, Sanmartino, Roberto García, Carlos Alderete, Rogelio Papagno, Oscar Fappiano, Héctor Dalmau, Miguel D`Alessandro, Carlos Romero, Eduardo González, Luis Manrique (PI), Alberto Aramouni, Carlos Torres, Simón Lázara, Matilde Fernández de Quarracino y del ex senador Carlos Tenev.
Cabe recordar que el acoso que denuncia Giacchino también habría provenido de la Justicia -fue imputado por contrabando- y de la ex Encotel (correo estatal), desde donde se lo amenazó con anularle su permiso postal. En el expediente que se tramita en el juzagado de Páez Castañeda constan además las 31 causas judiciales y administrativas relacionados con DHL (1986-1988). En su gran mayoría, eran iniciados por el entonces titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, y por el ex diputdo Celestino Blanco, sobre la base de denuncas anónimas.
La cesión compulsiva
En muchas de ellas se cuestionaba el origen británico de DHL Internacional. En rigor, la firma había sido adquirida en 1982 por Giacchino, en un 80%, quien por amistad colocó a Ernesto Niethardt y a Carlos Mackinlay -como socios fiduciarios, con el 10% cada uno-, pero sin que éstos invirtieran un peso en la empresa.
En 1987, Niethardt devolvió su cuota parte a Giacchino; Mackinlay rompió relaciones con éste.Tras iniciarle un juicio, Mackinlay vendió su 10% a Giachino, quien lo recompró por 250.000 dólares.
La historia culminó en septiembre de 1988, con un almuerzo en el hotel Libertador entre Giacchino, su escribano Héctor Lanzani, Yabrán y el abogado y directivo de Ocasa, Rodolfo Balbín. El 11 de abril de 1995, según consta en la causa, Lanzani atestiguó que Yabrán se jactó en aquel encuentro de controlar la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas; amenazó reiteradamente a Giacchino, y habló de DHL como propia.
Yabrán habría pretendido el 60% de las acciones de DHL. Giacchino le replicó que ello no era posible: debía solicitar autorización a la red mundial de DHL. Además, las acciones de la firma son nominativas. Tras la presión, Giacchino entregó compulsivamente el 50% de los certificados nominativos de las acciones -49% de Giacchino y 1% de su esposa Irma Giles de Giacchino- a Natalio Levitán, ex presidente y apoderado de Aylmer SA y síndico de Yabito SA, empresas reconocidas como propias por Yabrán. Por una resolución judicial, Giacchino conserva empero la titularidad de las acciones, porque sólo cedió los certificados nominativos.
Tras esta operación, a principios de 1989, Giacchino viajó a La Rioja para reunirse con Carlos Menem, entonces gobernador y candidato del PJ a la Presidencia. Preocupado, le explicó como funcionaba el mercado postal, y el papel que cumplía en él Yabrán. Quienes conocen esa charla, de dos horas, recuerdan: el actual Presidente escuchó con atención; pero no respondió nada.
Qué dice el artículo 18
El artículo 18 de la Constitución Nacional, mencionado ayer por el Presidente, forma parte de la primera parte que trata las declaraciones, los derechos y las garantías.
Textualmente, el artículo dice: "Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo: ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos pra siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice."
Menem no quiere que se investigue un solo caso
El presidente Carlos Menem expresó su oposición a la formación de una comisión antimafia en el Congreso cuya única meta sea la investigación de las actividades empresarias del denominado "grupo Yabrán".
"Yo no veo por qué esta comisión tenga que estar dirigida a una determinada persona", expresó al respecto el primer mandatario.
El jefe de Estado también señaló que las comisiones investigadoras "me traen recuerdos desagradables", y para sostener sus dichos recordó las entidades, como la Conarepa, creadas en 1955 y 1976.
Sin acuerdo
Pero aún, en el Congreso los legisladores oficialistas y opositores aún no se han puesto de acuerdo sobre la constitución y el status de una comisión denominada "investigadora de ilícitos cometidos contra el Estado".
A pesar de los desencuentros, ya ha quedado en firme la citación al empresario postal para que este declara en los próximos días ante la comisión que se reunirá en el Salón Azul del Congreso .
Precisamente, el titular de la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de seguridad, el justicialista Miguel Angel Toma, dijo que la interpelación al empresario abarcará temas tan diversos como la vinculación con empresas de seguridad, privada, servicios aeroportuarios y al alcance de sus actividades en el mercado postal.
La declaración del Presidente, en el sentido de que no se cree una comisión legislativa para investigar a una persona, se encuentra en sintonía con un proyecto presentado por el justicialista Juan Carlos Maqueda el miercoles último, que impulsa una comisión antimafia para estudiar "todos aquellos hechos que agravian al orden legal".
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