Los jueces de la Corte trataron el juicio político en su contra y acordaron permanecer en unidad
Mientras avanza el enjuiciamiento en el Congreso, los supremos se reunieron en su primer acuerdo del año; puntearon casos y analizaron la agenda de audiencias para el semestre
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LA NACION
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia se reunieron hoy en su primer acuerdo del año y trataron el juicio político en su contra que se debate en la Cámara de Diputados. Según afirmaron fuentes de los tribunales, los magistrados supremos coincidieron en la necesidad de mantener la unidad y -como si nada ocurriera en el Congreso- avanzaron con la firma de 207 sentencias y debatieron temas por resolver de alta sensibilidad política.
En la sede de la Corte estuvieron presentes el presidente Horacio Rosatti, el juez Carlos Rosenkrantz, su colega Juan Carlos Maqueda y el juez Ricardo Lorenzetti, que además fijaron una agenda de audiencias públicas que se realizarán este semestre en casos de impacto social y medioambiental.
Eligieron tratar un asunto relacionado con la falta de una legislación del Congreso sobre el destino de los embriones criopreservados, un caso de uso indebido de marcas y otro relacionado con la protección ambiental del Parque Nacional Calilegua, que proteje las yungas en el sudeste de la provincia de Jujuy.
Es la primera vez que todos los jueces se reúnen cara a cara este año, luego de la embestida veraniega del Gobierno contra la Corte y la promoción del juicio político en el Congreso. La reunión de la Corte en el cuarto piso del Palacio de Tribunales se produjo al mismo tiempo que, a pocas cuadras, en el Congreso, se votaba la admisibilidad de las acusaciones contra los magistrados y el inicio de la investigación en su contra.
No se conoció si los magistrados realizaron consideraciones valorativas sobre lo que ocurría en el Congreso, pero sí se supo que acordaron mantener la unidad ante la embestida del Gobierno. Los jueces de la Corte mantienen sus diferencias, jurisdicionales y sobre la gestión judicial, pero ante esta circunstancia primó la idea de la unidad.
Las diferencias se hicieron evidentes en la acusación que se debatió en el Congreso. En Juntos por el Cambio primó la postura unificada de rechazar in límine la resolución oficialista que dispone la apertura del sumario contra los jueces. Sin embargo, la Coalición Cívica se desmarcó del resto de sus socios al perseverar en sus acusaciones contra Lorenzetti, sobre quien presentaron un informe en el que recomiendan que sea investigado por mal desempeño en sus funciones.
En la Corte consideran que, más allá de los matices, este es el momento de mantener la unidad.
Los jueces, en su acuerdo de este jueves, analizaron las sentencias que tienen votos coincidentes como para firmar, debatieron los temas que tienen pendientes, entre ellos los recursos de la Nación y la ciudad de Buenos Aires en el caso de la coparticipación federal, las recusaciones planteadas por la Casa Rosada a los jueces de la Corte y el pedido del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para que se ejecute la sentencia y la Nación pague lo que se ordenó.
La Corte, además, tiene entre sus asuntos pendientes destrabar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con la jura de los consejeros que representan al Senado, indicaron los voceros consultados por LA NACION.
Más allá de estas cuestiones, los jueces analizaron también la agenda de audiencias públicas que convocarán en este semestre. Se trata de casos de alto impacto social que los jueces buscan que se debatan de cara a la sociedad, exponiendo los argumentos de las partes en público para favorecer la transparencia.
Los asuntos -sobre los que se fijará una fecha para debatirlos en público- son un caso sobre embriones criopreservados, otro sobre uso indebido de marcas y otro sobre protección del medio ambiente.
En el primer asunto se trata de una pareja que tuvo hijos mediante un tratamiento de fertilización pero que se separó a los tres años de casada. La pareja pidió al centro médico descartar los tres embriones crioperserbados que no fueron usados en el tratamiento, pero la clinica entendió que para hacerlo necesitaba una orden judicial. El Código Civil, reformado en 2015, establece en una clausula transitoria que el Congreso debe dictar una ley al respecto, cuestión que no hizo aún.
La Cámara, sin embargo, le dio la razón a la pareja. Pero el fiscal y la defensora de menores se opusieron a descartar los embriones, al entender que son objeto de una protección especial. Así las cosas, la Corte debatirá si la defensora de menores puede intervenir en defensa de un embrión -es decir, si el embrión es o no un menor-, y se debatirá asimismo el momento en que se lo considera persona.
Otro caso que se analizará en audiencia pública está referido al uso de la marca Veraz por la empresa Open Discovery y el tercer asunto es un amparo colectivo que pretende se declare nulo e incosntituconal la autorización para realizar una explotación petrolera a cargo de YPF en el Parque Nacional Calilegua, en el norte de Jujuy, donde se protegen el ecosistema de yungas.
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