Luego del último revés judicial, en el Gobierno cifran todas las expectativas en la aprobación del DNU en el Congreso

En el oficialismo había ayer un convencimiento extendido de que podría suceder lo que finalmente sucedió: las peores noticias vinculadas al megadecreto de necesidad y urgencia llegarían por parte de la justicia. La idea rondaba varios despachos desde hace días y la anteponían a lo que puede terminar sucediendo con el tema en el Congreso de la Nación, donde el ambicioso texto fue enviado para su tratamiento en la comisión bicameral y, en paralelo, se busca que sea aprobado por el Parlamento a través de la ley ómnibus. “En el Congreso puede terminar pasando, los dolores de cabeza del DNU van a venir de la Justicia”, anticipaba un hombre de las filas libertarias, minimizando los serios riesgos que el proyecto de ley enfrenta en el Congreso.

Pasado el mediodía de este miércoles se conoció la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que rechazó el recurso presentado por el Poder Ejecutivo y confirmó el fallo del juez Enrique Lavié Pico, que dispuso que todas las demandas contra el megadecreto desregulador sean tramitadas por separado. Se dio por tierra así con la estrategia del Poder Ejecutivo, que buscaba que todas las presentaciones tramitaran acumuladas.

La decisión tomada por los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco en el marco del expediente iniciado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, que presentó la primera acción de amparo contra el mega decreto del gobierno libertario que busca desregular la economía con drásticas derogaciones de leyes, se sumó así a otras decisiones adversas en diferentes juzgados y jurisdicciones en contra del proyecto.

En la apelación presentada por los abogados del Estado se sostenía que la decisión de Lavié Pico de desarticular el proceso colectivo vulneraba el derecho de defensa del Estado. Pero el fallo firmado este miércoles por los jueces sostiene que el Estado puede defenderse ante cada juez en el ámbito natural de cada una de las demandas sin que esto afecte el derecho de defenderse. “Esta Sala no encuentra elemento de convicción suficiente que permita comprobar de qué modo esa decisión –que además desvincula y devuelve las actuaciones que habían resultado atraídas de las jurisdicciones naturales– conculcaría el derecho de defensa del Estado Nacional”, dijeron los camaristas.

Detrás de la estrategia de que las causas tramitaran juntas estaba el exministro de Justicia y de la Corte Suprema, Rodolfo Barra, titular de la Procuración del Tesoro Nacional (PTN). El nuevo revés, aunque esperado, cayó mal puertas adentro del oficialismo, que por estas horas insiste en confiar en el debate y las negociaciones en el Congreso. La influencia del Poder Judicial y sus alcances no es un tema ajeno al oficialismo, más allá de que por ahora solo asegura que seguirá el devenir de los casos sin inmiscuirse en cuestiones de corte más político de los distintos magistrados, como sucedió, en los gobiernos que lo precedieron.

Al revés a nivel judicial, creen, puede eventualmente sumarse a una posible intervención de la Corte Suprema de Justicia, donde ya hay una presentación hecha por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y donde pueden confluir los diferentes frentes. El máximo tribunal abrió la posibilidad de tratar el tema recién a partir de febrero, pero eso no implica que necesariamente lo haga entonces. De hecho, no tiene fecha para hacerlo, por ende, una vez más, los caminos confluyen en el Congreso y la posibilidad de que sea aprobado allí en el correr de las próximas semanas se vuelve imperioso para la administración libertaria.

El Parlamento está en pleno momento de negociaciones, y en el oficialismo reina la confianza sobre la posibilidad de que la ley ómnibus y el DNU sean aprobados para finales de este mes. En la Casa Rosada su aprobación se considera central para lo que viene y sostienen que incluye apenas un tercio de todas las reformas que Javier Milei busca introducir en su gestión.

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