Madres pierde los últimos Sueños Compartidos

Cuando Sergio Schoklender se separó de Madres de Plaza de Mayo no sólo sembró el escándalo. El ex apoderado dejó a la deriva el programa de viviendas Sueños Compartidos, que le había confiado Hebe de Bonafini y que había puesto en sus manos millones de fondos públicos. Su salida destapó irregularidades y deudas con los empleados de la Fundación. En los últimos días las últimas obras que coordinaba la entidad dejaron de estar bajo su órbita.

Luego de que el Gobierno traspasara los proyectos de la entidad en las provincias a los municipios, Madres retuvo tres obradores en Capital Federal: el de Villa 15, el de Castañares y General Paz y el de Piletones, en Villa Soldati. Según confirmaron a LA NACION desde Madres, en los últimos días, la Secretaría de Obras Públicas le quitó el manejo de los tres y esperan firmar los documentos para concretar el traspaso de las obras.

Desde Madres admitieron que, desde la salida de Schoklender, no pudieron seguir adelante con Sueños Compartidos. "Este hombre nos dejó un lio tremendo, porque con él se fueron unos 30 tipos que se hacían cargo de las obras y Hebe no se puede ocupar de esas gestiones. Fue un alivio para nosotros que el Gobierno se hiciera cargo de las construcciones, aunque nos hubiera gustado inaugurarlas", admitió un administrativo de la Fundación a LA NACION.

De esta manera la Asociación de Bonafini deja de coordinar definitivamente programas de vivienda sociales. Quedará entonces con sus otros proyectos, como la fábrica de paneles, la Universidad, la radio la Voz de las Madres y la biblioteca popular, entre otros.

Los obreros, a la deriva. El desorden en torno a las viviendas no pasó desapercibido. En las últimas semanas, el escándalo se perpetuó en los cortes y escraches que realizaron los empleados de la Fundación, que quedaron a la deriva y con deudas en la liquidación de sus sueldos.

La semana pasada cortaron la avenida General Paz durante dos mañanas. Además, un grupo de trabajadores esperó a Bonafini en Plaza de Mayo durante sucesivos jueves para interceptarla al momento de la tradicional ronda.

Uno de empleados de Castañares, donde trabajaban 626 personas, contó a LA NACION los vaivenes en los que debieron naufragar. En su obrador, las construcciones empezaron a paralizarse cuando, a mediados de junio, se quedaron sin materiales. "En Madres nos dijeron que ellos hubieran querido continuar con los obradores de Capital Federal, pero que por las deudas que dejó Schoklender ya no se podrán hacer cargo", indicó el empleado.

El trabajador señaló que esta semana en su obrador comenzaron a coordinar la transferencia a los futuros empleadores. Según informó, les dijeron que se harán cargo de los contratos una empresa privada y distintas cooperativas de vivienda, aunque aún no hubo confirmaciones oficiales.

En particular, este obrero sintió alivio al ver que figuró en una lista de 300 trabajadores que terminarán las obras de Castañares. "A los otros 326 les prometieron reubicarlos, pero están con incertidumbre", señaló y no descartó nuevas protestas. Desde la Uocra informaron a LA NACION que se están haciendo gestiones para saldar las deudas con los empleados y para garantizar que mantengan sus fuentes de trabajo.

El Gobierno ya le había quitado a Madres el manejo de los planes de vivienda en las provincias. Hace un mes, en Misiones, Chaco, Santiago del Estero y Río Negro las obras pasaron a ser coordinadas por las administraciones provinciales o municipales y por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas de la Nación.

Hasta entonces, Madres había gastado 765 millones de pesos de los 1250 que formaban parte del presupuesto que les otorgó el Gobierno y que canalizó a través de las distintas jurisdicciones. Se espera que causas en manos de los jueces federales Norberto Oyarbide y de Marcelo Martínez De Giorgi, desentrañen cuál fue el destino de esos fondos públicos.