Malas noticias de la Corte para Lázaro Báez De Vido y Schiavi: rechazó los recursos que habían presentado en causas de corrupción

La Corte Suprema de Justicia rechazó hoy una decena de recursos de exfuncionarios kirchneristas, empresarios y sindicalistas acusados en casos de corrupción. Los planteos de los acusados estaban referidos a incidentes de sus causas y recusaciones, y en todos los casos los jueces entendieron que no tienen razón.

Las causas se refieren a Lázaro Báez por la Ruta del Dinero K, a Julio de Vido por Sueños Compartidos, a Juan Pablo Schiavi en un caso por subsidios del transporte automotor, al gremialista Marcelo Balcedo por lavado, a Carlos Ben, en una causa por unas obras de AYSA, donde están investigados Aldo Benito Roggio y Carlos Wagner.

Así, por ejemplo, por unanimidad la Corte rechazó en la causa de la “ruta del dinero K”, donde Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero, un recurso del empresario que atacó su procesamiento con prisión preventiva confirmado por la Cámara Federal. Su recursos de queja fue fue desestimado por unanimidad por incumplir los requisitos formales de admisibilidad.

En otra causa contra Báez, el Tribunal Oral Federal N° 4 no había hecho lugar a sus pedidos de excarcelación y de arresto domiciliario. Allí está acusado de lavado de dinero. La Cámara de Casación rechazó sus recursos y el empresario fue a la Corte en queja, pero el máximo tribunal, por unanimidad, los desestimó por inconducentes o porque no eran pertinentes.

En cuanto a De Vido, la Corte con la firma de todos los jueces rechazó sus recursos contra la recusación del juez Mariano Borinsky de la Cámara de Casación. El argumento es que no iban contra una sentencia definitiva o equiparable, que habilite su revisión por la última instancia.

En esta causa se investiga el presunto desvío de más de $206.000.000 de su fin específico que era la construcción de viviendas sociales. El dinero habría sido transferido por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, dependiente del entonces ministerio de Planificación de De Vido a las jurisdicciones locales, y luego canalizado a las cuentas bancarias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

En otro casi ligado a De Vido, la Corte rechazó los recursos de José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi, que plantearon una excepción de cosa juzgada. Se trata de una causa por maniobra fraudulenta en la importación de gas natural licuado realizada entre 2008 y 2015 por el Ministerio de Planificación Federal que generó un perjuicio al Estado de U$S 6.995.926.798.

Con respecto a Juan Pablo Schiavi, la Corte dejó firme un fallo que había apartado a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en una causa en la que se lo investigó junto con De Vido or los subisdios al transporte público automotor. La defensa de De Vido aclaró que su cliente y Schiavi fueron sobreseídos en este caso. Y que fue la Corte la que les dio al razón al dejar firme el apartamiento de la UIF como querellantes.

Un caso en el que se investiga al Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, Marcelo Balcedo por el delito de lavado de activos, llegó en queja ante la Corte por no haber hecho lugar al pedido de recusación del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak. La Corte, por unanimidad, desestimó el recurso por “falta de sentencia definitiva”. En la misma causa se desestimó, por igual motivo, un recurso de queja similar presentado por la defensa de Myriam Reene Chávez, madre de Balcedo.

Asimismo, la Sala I de la Cámara Federal, había confirmado el procesamiento sin prisión preventiva de Carlos Ben, en la causa en la que se investiga el direccionamiento de licitaciones de dos obras del “Plan Director de AySA. Estos proyectos habrían comenzado incluso antes de la publicación de las licitaciones. En el caso se investiga también el pago de dádivas por parte de las empresas ganadoras a las autoridades del organismo para asegurarse las adjudicaciones de las obras. Se pagaron suma mayores a las previstas originalmente por las obras que, a su vez, sufrieron demoras. La defensa de Ben llegó en queja a la Corte, que que en fallo unánime desestimó el planteo por falta de sentencia definitiva.

En la misma causa, los empresarios Aldo Benito Roggio y Carlos Wagner interpusieron una queja similar, desestimada por la Corte..

Y en un caso menos resonante, el Tribunal Oral Federal N° 2 había rechazado un planteo de excepción de falta de acción en una causa en la que se investiga al ex Director de Publicaciones del Senado Alejandro Colombo –entre otros–, por un posible fraude en la Imprenta del Congreso entre 1993 y 1999, que habría generado un perjuicio a la Tesorería del Senado por $2.111.720. Los abogados de Colombo fueron con un recurso ante la Corte, que fue desestimado.