Mariano Cúneo Libarona visita Rosario, donde defendió al rey de la efedrina y al expresidente de Newell’s: “A ver si me esperan a los tiros”

ROSARIO.– La frase caló hondo en esta ciudad, porque la dijo el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. Al dar detalles de la reforma procesal penal, anunció que viajaría para aquí, donde se prevé que comience a regir el sistema acusatorio el próximo 6 de mayo. “En estos días viajamos con un equipo a Rosario, no digo el día a ver si me están esperando a los tiros”, ensayó el ministro de Justicia. El comentario no cayó nada bien en la ciudad, donde el estigma narco comienza a acorralar la economía y el funcionamiento de Rosario.

Más allá del declarado resguardo del ministro de Justicia para eludir su agenda en Rosario, la Universidad Católica Argentina difundió luego que Cúneo Libarona va a dar una charla en el marco de las jornadas “Especialización en Derecho Penal”, junto al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la sede Rosario de la UCA, Luis María Caterina.

Cúneo Libarona viajará a Rosario para trabajar en la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal en la justicia federal de esta ciudad, que enfrenta serias dificultades en varios planos, como el de la infraestructura, pero también con fuertes internas y cuestionamientos dentro de un fuero que transita a una nueva dimensión con el sistema acusatorio.

En su rol de abogado penalista, Cúneo Libarona tiene una extensa relación con Rosario, desde hace más de una década, cuando fue el abogado defensor del expresidente de Newell’s Eduardo López. El exdirigente, que murió en 2018 a los 65 años, nunca fue condenado por las causas de administración fraudulenta que enfrentó por desmanejos económicos durante los 14 años que estuvo al frente de la institución. A partir de ese momento, según contaron varias fuentes del ambiente judicial, el actual ministro de Justicia empezó a trabar una relación con el abogado Carlos Varela, que luego sería durante un tiempo defensor de integrantes de la banda de Los Monos. Este letrado, uno de los más importantes de la ciudad, fue sólo en esa causa abogado corresponsal de Cúneo Libarona, que en los últimos tiempos –según confirmó el propio ministro a LA NACION- trabajaba con el abogado Jorge Ilharrescondo, con quien da clases en la universidad.

Luego, en 2008, el actual ministro de Justicia, tal como informó LA NACION, comenzó a ejercer la defensa de Mario Segovia, considerado en su momento por el entonces ministro de Justicia Aníbal Fernández, como “el rey de la efedrina”. El actual ministro ejerció la defensa de Segovia, que fue un hombre fuerte del negocio de la droga en Rosario antes de la irrupción de Los Monos, según explicó, en San Martín, provincia de Buenos Aires, donde se tramitó la causa. “Nunca en Rosario”, aclaró el funcionario a LA NACION.

Antes de ser detenido en el aeroparque Jorge Newbery, cuando trataba de escapar a la triple frontera, Segovia, que fue condenado a un total de 17 años de prisión, paseaba con sus autos lujosos y extravagantes por Rosario, como un Rolls Royce y una camioneta Hummer, y vivía en el barrio de Fisherton, donde le enrostraba a sus vecinos que había pavimentado la calle con su propio dinero, que provenía de la venta de efedrina.

Cúneo Libarona intentó a lo largo de la instrucción y luego en el juicio, que se hizo en 2012, derribar una causa plagada de irregularidades. Pero no logro hacer zafar a su cliente, que hace unos años volvió a ser imputado por otra causa en el penal de Ezeiza, también llamativa: pretendía fabricar explosivos.

En 2012 Segovia amenazó al periodista rosarino Hernán Lascano. Le envió una carta a su casa donde contaba detalles de su vida privada y la de su familia. Incluso, hasta el número de la chapa patente del auto en el que se movía. Las autoridades del diario La Capital denunciaron el hecho ante la fiscalía Nº 8, a cargo de Enrique Paz. En los mensajes también se hacía referencia a la hija del periodista que en ese momento tenía un año. “Vas a saber lo que es perder”, terminaba el texto. Segovia eludió ser condenado por este caso.

Cúneo Libarona ejerció además la defensa en dos casos emblemáticos de clientes históricos de su estudio: el empresario Sergio Tasselli y el Grupo Olio, una compañía cerealera que operaba la planta de Vicentín tras el default y la convocatoria de acreedores de la sociedad originaria de Avellaneda. Según aclaró a este diario, la defensa de estos empresarios estuvo a cargo de su “corresponsal” Jorge Ilharrescondo.

La causa que lo tiene a Taselli como imputado reveló una trama de supuesta corrupción en la propia justicia rosarina, que se cristalizó como un espejo en otra causa que tuvo como uno de los principales acusados al senador Armando Traferri. Actualmente, el caso está en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que debe decidir si se abre o no una investigación, algo poco usual en esa instancia.

Taselli adquirió a fines de los 90 la exElectrocolor, empresa que cerró y se rebautizó como Petroquímica Bermúdez. Luego retomó la producción hasta que la seguridad fue insostenible y la fábrica se clausuró en 2013. Fue tomada por los trabajadores que sufrieron aprietes de patovicas. Luego quedó abandonada, con más de mil tambores de residuos altamente tóxicos. Parte de esos tanques con cloro gaseoso, muy contaminante, desaparecieron.

Hasta el 11 de diciembre, día en que juró como ministro, Cúneo Libarona ejerció la defensa de Ariel Olio, titular del grupo Olio, una empresa agropecuaria que operó la planta de Vicentín, luego del default, y que fue denunciado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por no liquidar unos 700 millones de dólares de divisas. La sospecha era que esta compañía, que nació en Barranqueras, Chaco, pero que tiene sus oficinas en Rosario, “trabajaba” esos dólares que debía liquidar con el Contado con Liqui. Olio fue absuelto y la empresa tuvo que pagar apenas una multa de 2.000.0000 de dólares.

La investigación determinó que entre mayo de 2020 y el mismo mes de 2021, la firma realizó exportaciones que no liquidó ante el Banco Central. La defensa argumentó que los dólares no se liquidaron al BCRA por varias razones, entre ellas, por la crisis en la que había entrado la empresa en la pandemia. Ariel Olio quedó absuelto porque había renunciado meses antes a la presidencia del directorio del Grupo Olio. Alegó que ese cambio no se registró por los problemas que había generado la pandemia con los organismos públicos, que estaban cerrados.

La condena judicial no obligó a Díaz y Forti a reponer al Banco Central los dólares no ingresados, sino que simplemente la intimó a hacer frente a la multa fijada por el juez Carlos Vera Barros. El monto fue de menos del 0,3 por ciento del valor de las operaciones de exportación evadidas.

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