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Sergio Massa priorizará la reforma de Ganancias y soslayará la agenda judicial en Diputados
En el arranque del año electoral, el objetivo es avanzar en iniciativas que redunden en votos al oficialismo y retardar aquellas que generan más polémica
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LA NACIONLaura Serra
Las reformas en la Justicia que propicia el kirchnerismo y que Alberto Fernández hizo suyas ante la última asamblea legislativa no serán de la agenda inmediata de la Cámara de Diputados. El argumento formal con el que se escudan los voceros oficialistas es que, en minoría, el Frente de Todos no tiene los votos para aprobarlas. Si bien esto es así, lo cierto es que Sergio Massa, presidente del cuerpo, prefiere anteponer otras prioridades –las leyes económicas y las que son de su directo interés- y soslayar, discretamente, aquellas iniciativas más irritantes.
En el arranque del año electoral, Massa decidió que avanzará con aquellos proyectos que redunden en votos. Con ese objetivo, esta semana la Cámara de Diputados comenzará a debatir su promocionado proyecto que modifica el piso del impuesto a las Ganancias, por el cual se propone eximir del pago a aquellos asalariados con sueldos hasta $150.000. De aprobarse, poco más de un millón de trabajadores dejarían de tributar el impuesto este año. Un guiño a la clase media a la que Massa pretende endulzar con otra iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo en diciembre pasado y que permaneció dormida hasta ahora: la que actualiza las escalas y los montos del monotributo, un proyecto que apunta a otro millón y medio de trabajadores.
La discusión de ambos proyectos arrancará este martes en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación del Trabajo, presididas por Carlos Heller y Vanesa Siley, respectivamente. Allí estarán presentes el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía, Roberto Arias. En paralelo, Massa recibirá ese mismo día otra delegación de representantes gremiales para discutir modificaciones a su proyecto sobre Ganancias; allí estará presente, entre otros, Pablo Moyano, segundo al mando del sindicato de Camioneros.
Ante la asamblea legislativa del lunes pasado, el presidente Fernández mencionó y pidió la sanción de ambos proyectos, el de Ganancias y el de monotributo. Sin embargo, no les dedicó tanto tiempo de su discurso como el que necesitó para denostar la actuación de la Justicia y para anticipar una ristra de proyectos de reforma que, dijo, el Gobierno enviará al Congreso este año. En el mismo discurso reclamó, de paso, que se sancione el proyecto que reformula la Justicia Federal –una de sus banderas de campaña–, y aquel que modifica la ley orgánica de Ministerio Público Fiscal, ambas con media sanción del Senado y congeladas en la Cámara de Diputados desde hace meses.
Tras semejante embestida presidencial contra la Justicia, cualquiera inferiría que la prioridad del Congreso –y de la Cámara de Diputados en particular– debería ser la de conseguir, como sea, los votos esquivos de los diputados opositores más lábiles para aprobar las medidas que reclama el presidente. Después de todo, iniciativas tan polémicas como la movilidad jubilatoria o la que detrajo más de un punto de coparticipación a la Capital fueron finalmente sancionadas con los votos justos, tras una votación reñida, en la Cámara baja. Ambas leyes son el ejemplo palmario de que, cuando el oficialismo se propone disuadir a los diputados más renuentes, logra el resultado deseado.
Sin embargo, con la agenda judicial no se demostró hasta ahora el mismo empeño. “No tenemos la mayoría de los votos para aprobarlos”, es la frase resignada que repiten en la Casa Rosada y en la Cámara de Diputados a manera de justificativo.
Al menos cuatro votos le faltarían al oficialismo para llegar al número mágico de 129 que marca el quorum y avanzar. “El oficialismo sabe que nosotros no vamos a votar una reforma judicial que no tenga amplio consenso con el resto de la oposición”, insistió un diputado perteneciente a un bloque provincial que suele acompañar las iniciativas del Gobierno.
El legislador jura y perjura que, hasta ahora, no recibió ningún llamado del Gobierno para intentar disuadirlo. “Tampoco nos pidieron que le acerquemos nuestras propuestas para incorporarle cambios a los proyectos aprobados por el Senado”, agregó. “No veo real interés en el oficialismo por avanzar en la agenda judicial. Una cosa es lo que agitan en público, pero la realidad parece ser otra”, concluyó.
Comisión bicameral
Si la reforma judicial y la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público, con media sanción, no tienen visos de avance en la Cámara de Diputados –al menos en el corto plazo–, menos aún lo tendrá la intención oficialista de crear una comisión bicameral en el Congreso de control sobre los jueces, idea que provocó el rechazo generalizado de la oposición y del Poder Judicial.
“La iniciativa es un despropósito, totalmente inviable e inconstitucional. En lugar de poner el esfuerzo en la creación de trabajo, inventan instrumentos para la pelea política”, señaló el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, del lavagnismo.
Hasta el kirchnerismo le bajó el tono a la iniciativa, pese a que uno de los suyos, el senador Oscar Parrilli, la propició la semana pasada. “No hay ningún proyecto vinculado a la creación de una comisión bicameral”, aclaró el diputado Leopoldo Moreau, quien señaló que se dio un “mal entendido” y que se están formando “opiniones sobre algo que todavía no existe”.
En declaraciones radiales, al ser consultado sobre si era un “error” hablar de una Bicameral, Moreau –un exégeta de la vicepresidenta Cristina Kirchner– afirmó: “En realidad sí, por lo menos hasta ahora nadie ha promovido eso”.
Así las cosas, todo indica que esta polémica comisión bicameral murió antes de nacer. Y si se presentase un proyecto en este sentido sus atribuciones serían muy acotadas, indican en el oficialismo. “Si no contamos con el apoyo de la oposición es imposible que avance”, indican las espadas oficialistas.
Para la oposición caben pocas dudas de que, en realidad, la arremetida del presidente Fernández contra la Justicia, expuesta durante su discurso ante la última asamblea legislativa, es una bomba de humo para sacar de la agenda mediática el escándalo por el reparto de vacunas a funcionarios y amigos del poder.
