Meticuloso como un relojero

El doctor Carlos Ernesto Stornelli tiene una vocación frustrada: desde muy chico quiso ser relojero, pero acabó siendo fiscal federal.

El mismo lo dice, sin angustias visibles, hundido en un sillón de su despacho del quinto piso en los tribunales de Comodoro Py.

El despacho es sobrio y estrecho, y está salpicado de antigüedades: hay un viejo ventilador de bronce, una vetusta y pesada máquina de escribir, dos teléfonos enormes y mudos, y unos prismáticos con los que este hombre de pelo claro y bigote casi invisible mira la ciudad por la única ventana del ambiente.

Aunque la causa que lo desvela ya tiene cuatro años, fue en los últimos meses que Stornelli se transformó en el acusador principal de un proceso que puede acabar con la cúpula del Ejército y dos ministros del Poder Ejecutivo procesados.

Pero antes del contrabando de armas a Croacia y a Ecuador que ahora está investigando, el fiscal llevaba una vida sin sobresaltos.

Fervor cívico

Porteño del barrio de Flores, Carlos Stornelli nació hace 39 años.

Su padre, Atilio, llegó a teniente coronel del arma de Ingenieros, y pasó a retiro en diciembre de 1983, después de haber actuado como interventor en la ex Radio Belgrano.

Hijo de una familia católica, se convirtió él mismo en católico practicante, e hizo su educación en los colegios apropiados: el Lasalle primero, el Dámaso Centeno después.

En 1973 había vivido un año en El Cairo, donde la familia se había mudado siguiendo al padre que integraba una misión de las Naciones Unidas.

En 1980, empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires, y ese momento también fue el comienzo de otras dos historias: el trabajo en Tribunales, donde ingresó apenas terminado el servicio militar que hizo en el Comando en Jefe por gestión de su padre, y un noviazgo que terminaría en matrimonio.

"Con Claudia estuvimos casi ocho años de novios, y estamos por cumplir once de casados". Claudia es Claudia Reston, abogada y funcionaria de la Presidencia de la Nación, y madre de los tres hijos del matrimonio: uno de 7, uno de 4 y uno de 2 años.

En 1983, los aires frescos de la democracia también soplaron para Carlos Stornelli, y el hijo del teniente coronel devenido interventor de radio, se hizo radical. "Fue por fervor cívico y, en realidad, me gustaba más (Fernando) De la Rúa que (Raúl) Alfonsín", dice ahora.

Pero esa adscripción no llegó nunca a la militancia ni le impidió que, en junio de 1993, Carlos Corach y el ex juez Rafael Oliden lo apadrinaran para designarlo fiscal federal.

El padrinazgo de Corach ("Un hombre controvertido, por llamarlo de alguna manera", dice) es una de las tres banderas que los enemigos de Carlos Stornelli gustan agitar.

Las otras dos son una presunta afinidad con los grupos carapintadas, y el haber pedido el sobreseimiento de Amira Yoma en la causa del narcogate.

El, naturalmente, se defiende: "Lo de mi filiación carapintada es un disparate, y lo considero un agravio personal".

Sus amigos dicen que el rumor fue echado a correr por fuentes cercanas al jefe del Ejército, teniente general Martín Balza, que califican al padre de Stornelli como partidario de Seineldín y compañía.

El propio jefe del Ejército le envió una carta al fiscal en octubre último, donde niega esa acusación que publicó el diario Ambito Financiero: "Es falso lo publicado, y lo único auténtico es mi indignación al leer tamaño desatino".

De Balza, por lo demás, Stornelli prefiere no hablar, aunque admite compartir la famosa autocrítica del general sobre la llamada "guerra sucia".

En lo que hace al sobreseimiento de Amira Yoma, finalmente, el fiscal subraya que él lo pidió con carácter de provisional y que el que decidió el cierre definitivo de la causa fue el juez Nerio Bonifatti.

Pocas pulgas

Dicen de Stornelli que tiene mal carácter y pocas pulgas; que fue amigo del juez Jorge Urso hasta que la causa de las armas les dividió los caminos; que pasa sus vacaciones en Ascochinga, Córdoba, o en Bahía, Brasil; y que es un habitué de las fiestas en el Círculo Militar.

Ahora, con esta brasa ardiente que tiene entre manos, pasa un promedio de diez horas diarias en su despacho y ha revalidado méritos para el apodo con que lo conocen en Comodoro Py: "Estorbelli".

Antes de esto, en las cachas de su pistola judicial ya había marcas por Julio Mahárbiz (lo procesó por irregularidades en la administración del Instituto de Cinematografía), por Livio Forneris (lo investigó por desmanejos cuando era secretario de Deportes de la Nación) y hasta por Matilde Menéndez (en la causa por reintegros a los institutos psiquiátricos), todo lo cual no parece enrolarlo en las filas de los fiscales menemistas.

En rigor, el propio Carlos Menem amenazó con investigarlo mientras estaba en Londres el año último, y el resto de los fiscales estrechó filas en su defensa. "Fue el momento más crítico de mi carrera, y me emocionó la solidaridad de mis colegas", admite.

Paradoja

Con una paciencia y una meticulosidad propias del relojero que no fue, el fiscal Stornelli pasa ahora sus días tejiendo y destejiendo pruebas en el asunto sórdido del tráfico ilegal de armas.

No deja de ser una paradoja que este hombre que se define a sí mismo como de centroderecha, que veranea en hoteles militares, que votaba a Alvaro Alsogaray y festeja sus cumpleaños en el Círculo Militar, sea ahora el fiscal de una causa que involucra a funcionarios y jefes castrenses.

Parecería que a Stornelli, de su vocación frustrada, le queda hoy una colección de cuarenta relojes de bolsillo, y de su profesión, una causa por la cual la cúpula del Ejército, y al menos dos ministros de la Nación, pueden acabar procesados.

Un dudoso privilegio

La causa sobre los desvíos ilegales de armas a Croacia y a Ecuador, que Carlos Stornelli lleva como fiscal, está considerada la más importante investigación de corrupción que la Justicia realiza actualmente. Ese dudoso privilegio se lo da el sostén documental sobre los envíos de armas, papeles que en su mayoría llevan la firma del presidente Carlos Menem.

En la causa, hasta ahora hay procesado un ex ministro de Defensa (Oscar Camilión), y los actuales ministros de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella, y de Trabajo, Erman González, tienen pedidos de juicio político. En el último caso, porque González era el titular de Defensa cuando se produjeron los últimos envíos. Stornelli solicitó al juez que entiende en el caso, Jorge Urso, que cite a declaración indagatoria al actual jefe del Ejército, Martín Balza, y a otros altos oficiales de la fuerza, pero aún no se resolvió sobre el pedido.

"Como hijo de militar, no me gustó tener que allanar Granaderos", dice Stornelli sobre las implicancias de su investigación.