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Oil Combustibles: López y De Sousa se enfrentan a los empresarios que querían quedarse con la petrolera
Los dueños del Grupo Indalo acusan Rosner y Dellatorre de perseguirlos; del otro lado responden que los fueron a buscar tras un fraude millonario al Estado
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LA NACIONHugo Alconada Mon
La demanda que los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa les iniciaron a quienes tomaron el control del Grupo Indalo poco antes de que fueran detenidos derivó en un cruce de acusaciones ácidas y revelaciones inesperadas. Los patagónicos acusaron a Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre de ser arietes del entonces presidente Mauricio Macri para perseguirlos. ¿La respuesta? Ustedes son dos criminales que nos vinieron a buscar tras apalancarse con miles de millones de pesos del Estado de manera fraudulenta. Ese fue el tono de los argumentos cruzados del enfrentamiento.
El contrapunto se inició cuando López y De Sousa promovieron una “acción de responsabilidad” contra Rosner y Dellatorre por los supuestos daños y perjuicios que les atribuyeron haber causado en la petrolera Oil Combustibles, corazón del Grupo Indalo. Y les reclamaron una suma a determinar por la Justicia, pero que se descarta multimillonaria.
López y De Sousa argumentaron que padecieron una “persecución gubernamental” que se combinó con una “demonización mediática”, y sostuvieron que desde el gobierno macrista les transmitieron que debían desprenderse del Grupo Indalo o terminarían en prisión y con las empresas quebradas. En ese contexto, siempre según López y De Sousa, primero apareció el empresario mendocino Orlando Terranova para quedarse con el holding, sin ofrecer “ningún tipo de contraprestación” para los patagónicos. Pero esa opción se frustró. Y fue entonces que alguien llamado Jorge Rottemberg “se comunicó con CML [por López] para indicarle que tenía un ‘gran candidato’ para llevar a cabo el salvataje del Grupo Indalo”.
Al momento de entablar esta demanda, López y De Sousa habían denunciado a Terranova en sede penal, pero la Justicia no había adoptado una decisión procesal sobre el empresario mendocino. En marzo de este año, la jueza federal María Servini lo procesó por supuesta tentativa de extorsión, una medida que luego revocó la Cámara Federal, que dictó su falta de mérito a fines de mayo.
López y De Sousa tampoco aclararon quién es el operador que les acercó los nombres de Rosner y Dellatorre. Rottemberg es un lobista que trabaja para ellos desde hace años y que en los 90 fue condenado por una tentativa de estafa. Fue Rottemberg, también, quien les gestionó la compra de los activos de Petrobras en la Argentina, operación por la que quedó bajo sospecha en Brasil por el presunto pago de sobornos.
Tras ese primer contacto a través de Rottemberg, siempre según la versión del Grupo Indalo, Rosner y Dellatorre, “con la complicidad de otros secuaces, engañaron a López y De Sousa para que –actuando con su voluntad viciada– suscribieran los preacuerdos”. Según los patagónicos, Rosner y Dellatorre habrían lanzado “la falsa promesa de que representaban a un grupo inversor capaz de llevar a cabo una reestructuración de la deuda [del Grupo Indalo] y que tenían las relaciones necesarias para obtener las aprobaciones judiciales correspondientes y así salvar al Grupo Indalo y evitar la prisión de López, sus hijos y De Sousa”.
Todo eso, sin embargo, resultó “una mentira”, según López y De Sousa.
En esa línea, la Justicia en lo Comercial ordenó la intervención y coadministración de la petrolera por presuntas maniobras de vaciamiento en febrero de 2018, pocas semanas después de que López y De Sosa quedaran detenidos. También impuso tres coadministradores en Oil Combustibles que tiempo después cuestionaron a Rosner y Dellatorre por retirar honorarios por adelantado del “Grupo Ceibo”, como pasó a llamarse el holding.
“Falso relato”
La primera respuesta a la demanda la ofreció Dellatorre. Rechazó las acusaciones y les atribuyó a López y De Sousa urdir un “falso relato” cuando en lo único en que se destacaron, dijo, fue “el campo del delito económico, con especialización en defraudación a la administración pública como forma de financiar su actividad empresaria”.
Dellatorre también les endilgó a López y De Sousa que habrían vaciado Oil Combustibles por entre 539 y 2810 millones de dólares, según el tipo de cambio que se tome, fondeo que usaron para comprar otras empresas, engordar sus bolsillos y financiar “paraísos lacustres en Chubut, hoteles de lujo en El Calafate y Bariloche, jets privados, helicópteros, estancias, departamentos, casas y autos de lujo, y la compañía de atractivas modelos”.
Tras repasar las numerosas causas penales que afrontan los patagónicos, a los que calificó varias veces como “dúo criminal”, Dellatorre rechazó ser el responsable de la debacle de Oil Combustibles. Sostuvo que su “verdadera causa” fue la actuación de López y De Sousa, como determinó la Cámara en lo Comercial, que fijó el inicio de la cesación de pagos en junio de 2011. Es decir, cuando los patagónicos tomaron el control de los activos de Petrobras en la Argentina y actuaron de forma “ruinosa” y “fraudulenta”, según concluyeron los magistrados en un fallo que quedó firme.
Dellatorre dio su versión sobre aquellos días. Dijo que López y De Sousa buscaron desprenderse de la petrolera Oil cuando la AFIP empezó a reclamarles lo adeudado. Y que los patagónicos buscaron que el reclamo se afrontara con los activos de la petrolera “y no por ellos personalmente como indemnización por los delitos cometidos”. Pero, abundó Dellatorre, eso no fue posible porque los patagónicos no lograron encarar una reestructuración, ni sumar socios debido “a su pésima reputación en el mercado financiero”. Máxime, dijo, cuando “la situación financiera del Grupo era desastrosa”.
Dellatorre fue más lejos. Detalló que López, lejos de actuar bajo coerción, se había comprometido a desembolsar US$20 millones para colaborar en la financiación del rescate de Oil Combustibles cuando el juez federal Julián Ercolini dictó su procesamiento y prisión preventiva. A partir de ese momento, él y De Sousa “se arrepintieron de los negocios acordados”.
¿Y Rosner? Se radicó hace años en Uruguay, por lo que López y De Sousa debieron requerir que se lo notifique de la demanda mediante una rogatoria internacional. Su réplica demoró semanas en llegar a Buenos Aires y fue tan o más dura que la de Dellatorre. Tras sostener que prescribió el plazo para cualquier reclamo, cargó de lleno contra López y De Sousa, cuyo obrar calificó de “ruinoso y la llevó [a Oil] a concursarse primero y quebrar después”.
Rosner también rechazó que “los impuestos correspondientes al impuesto a la transferencia de combustibles se vinieran abonando normalmente hasta el 30 de septiembre de 2017″, como sostuvieron López y De Sousa. “Prueba de ello es que la sujeción a los regímenes de facilidades de pago de lo adeudado por impuesto a la transferencia de combustibles fue anterior a que mi mandante integrara el directorio [de Oil] y tenía origen en atrasos que databan de varios años en dichos pagos por la actora”.
En la misma línea, remarcó que la Justicia ya “consideró probado que López y De Sousa desarrollaron dentro de Oil Combustibles una política empresarial ruinosa y fraudulenta, provocando su insolvencia y su virtual vaciamiento, pero transfiriendo a otras compañías del holding las sumas en impuestos recaudadas e ingresadas y estos hechos ocurrieron con mucha anterioridad a la gestión de [Rosner] como director”.
“Si Oil Combustibles hubiera reclamado la devolución de los préstamos concedidos a las empresas del grupo”, completó Rosner, “podría haber hecho frente a la deuda que tenía con la AFIP sin tener que llegar a la quiebra, pero no lo hizo y en cambio tuvo un beneficio. La deuda de 1000 millones de dólares que tenía al momento de presentarse en concurso, la regularizó, gracias a la moratoria a su medida [que impulsó el presidente Alberto Fernández], con solo 90 millones de esa moneda en cómodas cuotas a diez años”.
