Organismos de derechos humanos criticaron la compra de pistolas Taser que confirmó el Gobierno

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó el jueves pasado que el gobierno nacional ordenó la compra de 100 pistolas no letales Taser destinadas a grupos especiales de las fuerzas federales. Este lunes, organismos de derechos humanos cuestionaron la decisión con mucha dureza: exigieron que se prohíba el uso de estas armas, las calificaron de “picanas portátiles” y sostuvieron que con su compra “se está institucionalizando la tortura en el país”.

Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, HIJOS Capital y otras organizaciones emitieron un comunicado en el que sostuvieron, en línea con lo que había dicho Amnistía Internacional, que estas pistolas no pueden ser consideradas como “no letales”.

“Estas armas Taser en un país en el que la picana fue utilizada de manera sistemática como elemento de tortura durante la dictadura genocida implica una regresión inadmisible en materia de memoria y no repetición de estos crímenes. Nunca más tortura en Argentina. No a las neopicanas Taser”, sostiene el documento.

El comunicado, dado a conocer por Página 12, dice: “En las últimas horas conocimos la información, confirmada por el mismo ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sobre la decisión del gobierno nacional de adquirir armas Taser, lo que se suma a la compra ya hecha por la entonces ministra Patricia Bullrich, y al insistente intento de la ciudad de Buenos Aires, primero con Macri y ahora con Larreta, para de obtenerlas y utilizarlas. En esto somos categóricos, gobierne quien gobierne: las pistolas Taser violan derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. Con la decisión del gobierno nacional se está institucionalizando la tortura en nuestro país”.

El debate por las Taser (pistolas que emiten descargas eléctricas y son utilizadas para inmovilizar a potenciales agresores) se reabrió luego de la muerte de Maribel Nélida Salazar, la oficial que fue baleada en una estación de la línea C en el subte porteño. Muchas voces opositoras denunciaron la reticencia del Gobierno a incorporar estas armas. La semana pasada, el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, acusó al Poder Ejecutivo de apelar el amparo judicial que la Ciudad presentó en octubre para destrabar el ingreso al país de 60 pistolas: “Se trabó con toda la intención de no destrabarlo”, afirmó. El gobierno porteño compró un lote de 60 unidades del modelo X2.

Una fuente de HIJOS Capital, una de las organizaciones que difundió el comunicado, remarca que el Estado ha firmado tratados internacionales que lo obligan a “prevenir la tortura” y que por ende “no puede contradecirse comprando una herramienta que se considera así [como elemento de tortura]”. La misma fuente detalló que están trabajando en un proyecto de ley para que se prohíba el uso de las Taser a nivel nacional. Con el mismo fin, se envió una nota a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), a la Presidencia y al Ministerio de Justicia, informó.

Hace pocos días, y a raíz del anuncio del ministro Fernández, Amnistía Internacional realizó un pedido de acceso a la información pública en el que solicita detalles sobre el uso de las armas que fueron adquiridas por Nación para las fuerzas federales, entre las que se encuentra Albatros de Prefectura, Alacrán de Gendarmería, y los Grupos Tácticos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. A su vez, piden más precisiones sobre la capacitación que recibirán quienes empleen las pistolas eléctricas.

LA NACION

• Aníbal Fernández
• Felipe Miguel
• Patricia Bullrich

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