Oyarbide reactiva la causa tras la acusación de Schoklender

Sorpresivamente, el juez federal Norberto Oyarbide descongeló en las últimas horas el expediente sobre el escándalo de Sergio Schoklender y las viviendas de las Madres de Plaza de Mayo , que avanzaba a paso cansino. Concretó entre la noche del viernes y ayer más de 20 allanamientos en oficinas financieras y casas particulares, que incluyeron la vivienda del financista Fernando Caparrós Gómez, que cambiaba los cheques millonarios de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Ocurrió justo después de las explosivas imputaciones que hizo Schoklender esta semana contra el Gobierno, al que acusa de digitar la causa, y contra Oyarbide, a quien le atribuye ocultar pruebas clave que comprometen a funcionarios nacionales y a Hebe de Bonafini.

Fuentes judiciales indicaron que en el juzgado se busca completar la recolección de pruebas y no dejar ningún cabo suelto antes de indagar a Sergio Schoklender, a su hermano Pablo y a otros 13 acusados de fraude y lavado de dinero en el plan estatal de viviendas sociales.

Los peritajes contables en marcha y el trabajo de laboratorio para seguir los cheques desde que salieron del Estado, pasaron por las Madres y terminaron en empresas ligadas a Schoklender tuvieron su contracara en los procedimientos de ayer.

Schoklender sacudió el sumario, que está en secreto, cuando reveló que las Madres tienen cuentas en el extranjero , de las que extraen dinero desde Buenos Aires y que financiaron campañas políticas del ministro de Economía, Amado Boudou; del subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y de la propia Cristina Kirchner. Explicó que le entregó a Oyarbide facturas por 1.500.000 pesos pagados por la fundación.

Este dato permitió a la oposición invitar a Schoklender a que ampliara sus denuncias en el Congreso. Los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la oposición entendieron que la nueva ley electoral impediría estos aportes privados, por lo que decidieron investigarlos. Ayer, la presidenta de la comisión, Graciela Caamaño, del peronismo disidente, tras prolongadas reuniones con el diputado denarvaísta Gustavo Ferrari, buscaba a Schoklender para invitarlo formalmente (ver aparte).

Mientras tanto, cinco meses después de que inició esta investigación, Oyarbide allanó el domicilio de Belgrano donde vive Caparrós Gómez. El financista millonario, presidente del Club de la Ferrari, dueño de autos importados, aviones y yates, no estaba en su casa. Los hombres de la Policía Federal se llevaron sus computadoras personales, sus agendas y los títulos de propiedad y escrituras vinculados con sus sociedades. No tocaron sus Ferrari.

Sus empresas, junto a otras 70, están bajo investigación ante la sospecha de que pudieron haber sido usadas para lavar dinero desviado de los 765 millones de pesos que recibieron las Madres de Plaza de Mayo del Estado para levantar viviendas.

Caparrós Gómez era el dueño original de Meldorek, la empresa constructora que pertenece a Schoklender y que pensaba usar para fabricar las casas que las Madres debían entregar al Gobierno.

Meldorek, originalmente propiedad de dos jubiladas de Ramos Mejía, era en un 90% de la empresa uruguaya Tivenwest y en un 10% de Daniel Laurenti, un ex funcionario bancario amigo de Caparrós Gómez. Laurenti es quien administra los fondos de Caparrós Gómez. Ellos compraron Meldorek en 2003, y en 2010 la vendieron a Schoklender, junto con los dos aviones que tenía la empresa: un Pipper Cheyene y un Cessna Citation. Otros bienes que eran de Meldorek, ente ellos una Ferrari, un Porsche y el yate Sirius. Estos bienes quedaron fuera de Meldorek, pero tardaron en escindirse formalmente.Tivenwest y Laurenti son dueños de la financiera Monetización, que cambió cheques de la fundación.

Laurenti admitió ante la Justicia que la empresa "hacía gestiones financieras para satisfacer el financiamiento de la fundación". Esas operaciones se hacían con Alejandro Blasterman, tesorero de las Madres, que llevaba cheques para cambiarlos por dinero en efectivo o depósitos en las cuentas de la entidad. Pero indicó que jamás imaginaron estar lavando dinero, pues no dudaron de que se trataba de fondos públicos. Schoklender alega que cambiaban los cheques en efectivo para pagar los sueldos de los albañiles.

El juez Oyarbide completó ahora algunos de los procedimientos que en junio pasado había pedido el fiscal Di Lello y que incluían las financieras de empleados de la Fundación, que también eran usadas para sacar dinero en efectivo, con el que se pagaban cuentas personales de Schoklender. Por ejemplo, la cuota mensual de uno de los barcos que compró en 2009.

Una de las empresas que Di Lello pidió allanar es Valores Nagociables S.A., también vinculada a Caparrós Gómez y al circuito de los cheques de las Madres de Plaza de Mayo.

En Valores Negociables SA, Caparrós Gómez es socio de Jorge Fidalgo, titular de Crédito Sur, una financiera que cambió cheques en el caso de la mafia de los remedios. Por esa cueva pasó Sebastián Forza, asesinado en el triple crimen de General Rodríguez.

Las denuncias de Schoklender imprimieron velocidad al caso, pero no harán que las citaciones a prestar declaración ocurran antes de octubre. En ese pedido está trabajando el fiscal Di Lello, pero sólo podrá completarlo cuando junte las investigaciones de lavado de dinero que realizó su colega especializado Raúl Pleé con los peritajes contables en marcha. Nada de eso ocurriría antes de las elecciones.

Polémica por un peritaje decisivo

El peritaje realizado por la Gendarmería sobre un convenio entre Meldorek y Madres –que determinó que la firma de Hebe de Bonafini estampada en ese acuerdo es apócrifa– generó reacciones entre los abogados de los acusados. Algunos de ellos se preguntaron por qué el juez Norberto Oyarbide no les avisó que se realizaría ese estudio, pues no pudieron ofrecer peritos de parte. También cuestionaron la muestra de la rúbrica de Bonafini que se usó para la comparación con la firma que aparece en el acuerdo. Se trata de una firma estampada en un escrito aportado por las Madres, y no de un documento público.