Pacto con Irán: la Sala I de la Casación tiene ahora la tarea definir el destino de la causa contra Cristina Kirchner

Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa son los jueces que integran la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá determinar si se reabre la causa por el Pacto con Irán, que fue anulada esta noche por el Tribunal Oral Federal N°8 y que tenía entre sus acusados a la vicepresidenta Cristina Kirchner y una decena de funcionarios, exfuncionarios y dirigentes kirchneristas, denunciados en su momento por el fiscal Alberto Nisman.

Tras analizar los planteos de los acusados, el Tribunal Oral Federal 8, integrado por Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y José Antonio Michilini, anuló la causa por unanimidad, al considerar que hay “inexistencia de delito”.

Daniel Petrone

Petrone juró como juez de Casación en 2018, junto a sus colegas Barroetaveña y Guillermo Yacobucci. Antes, fue juez de instrucción en el fuero penal económico, donde le tocó un caso de gran sensibilidad política: el de la valija de Antonini Wilson, en el que le dictó la falta de mérito al extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), bautizado como “embajador paralelo en Venezuela”, Claudio Uberti. Petrone también se desempeñó como juez del Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín.

De carrera judicial, integra desde hace 20 años la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y dentro de esa agrupación fue uno de los fundadores de la lista Bordó, que suele ser crítica de las medidas adoptadas por el kirchnerismo en el ámbito institucional. También preside el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En los inicios de su carrera, en paralelo con su trabajo en los tribunales, Petrone fue cinco años director de las investigaciones sobre cárceles y sistema penitenciario en Unidos por la Justicia, la organización de Francisco de Narváez.

En la Cámara de Casación, Petrone suele fallar en sintonía con su colega Barroetaveña. Tal como lo hizo en diciembre del año pasado, cuando los dos votaron por convalidar las declaraciones de los arrepentidos.

Diego Barroetaveña

Barroetaveña hizo toda su carrera en el Poder Judicial. Primero, en la justicia de San Isidro, donde fue defensor oficial y luego juez de garantías. Como tal, tuvo a su cargo la causa por el asesinato de María Marta García Belsunce. En ese caso tuvo fuertes diferencias con el fiscal Diego Molina Pico. Barroetaveña no avanzó como pretendía el fiscal contra Carlos Carrascosa, el viudo de García Belsunce que estuvo preso y procesado como supuesto coautor del asesinato. Barroetaveña fue cuestionado por Molina Pico y acusado de haberse negado a cumplir un fallo de cámara que había ordenado la detención de Carrascosa.

Barroetaveña fue juez en San Isidro desde 1998 hasta 2005, cuando asumió como juez del Tribunal Oral en lo Criminal 21. En ese tribunal participó en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra. Fue uno de los jueces que condenó al sindicalista ferroviario José Pedraza a 15 años de prisión, como partícipe necesario del homicidio. Ferreyra fue asesinado cuando participaba de una protesta que intentó cortar las vías del tren Roca con trabajadores tercerizados de las cooperativas ferroviarias, que fueron atacados por una patota de la Unión Ferroviaria.

Después de su paso por el TOC 21 y antes de llegar a la Casación, Barroetaveña se desempeñó en un tribunal oral federal de San Martín, donde juzgó casos de lesa humanidad. Integra la Asociación de Magistrados, de la que fue tesorero, y es dirigente de la lista Bordó.

Ana María Figueroa

Figueroa juró como jueza de Casación en 2011. Forma parte de la Asociación de Magistrados, pero a diferencia de sus colegas de la Sala I, apoya a la lista Celeste, que históricamente tuvo posturas más cercanas al kirchnerismo en la interna de los jueces.

Sus dichos en una entrevista radial provocaron la apertura de una causa para investigar las presuntas presiones del macrismo. Según Figueroa, Juan Bautista Mahiques, por entonces subsecretario del Ministerio de Justicia, la visitó en su despacho cinco días después de que asumiera Mauricio Macri para reclamarle que firmara un fallo que declaraba abstracta la discusión sobre la constitucionalidad del pacto firmado entre Argentina e Irán por la causa AMIA. Mahiques negó que ese encuentro haya existido. Figueroa denunció el hecho este año, cuando habían pasado más de cuatro años de aquella supuesta visita. Según ella, porque era la primera vez que le pasaba y no tenía información sobre el lawfare. El causa que investiga la denuncia está en trámite.

Doctora en Derecho y en Ciencias Jurídicas y Sociales, Figueroa no viene de carrera judicial. Antes de llegar a la Casación era profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Rosario y ejercía como abogada.

Es autora del libro “El derecho de género: violencia contra las mujeres, trata de personas”, materia en la que se especializó. Figueroa votó en disidencia en el caso de los cuadernos de las coimas, en el que Barroetaveña y Petrone validaron las declaraciones de los arrepentidos.

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Para los jueces no hubo delito. Sobreseyeron a Cristina Kirchner y a todos los acusados por la firma del Pacto con Irán