La bicameral para investigar jueces: un proyecto improvisado en el estrado que causó sorpresa en el propio gobierno

La idea de Alberto Fernández de crear una comisión bicameral en el Congreso para investigar a la Justicia fue una sorpresa que descolocó, incluso, a sus funcionarios más cercanos.

Cuando Marcela Losardo, ministra de Justicia, escuchó que el discurso que Fernández exhortaba al Congreso a controlar al Poder Judicial estaba convencida de que hablaba de hacerlo con las atribuciones que los legisladores ya tienen, a través de la bicameral del Ministerio Público o la posibilidad de enjuiciar a los miembros de la Corte Suprema.

Sergio Massa –a quien, en teoría, el Presidente le había adelantado sus planes- se pasó las últimas 24 horas explicando una y otra vez que él no tenía idea de que estuviera en marcha un proyecto para crear una bicameral. En el entorno de Massa cuentan que cuando Fernández bajaba del estrado le comentó que tenía la decisión de avanzar con los controles sobre la Justicia. Solo eso. “Hablamos el finde”, le dijo.

Incluso en el equipo técnico del Senado que rodea a Cristina Kirchner se planteaban ayer, con cierta preocupación, cómo iban a llevar a la realidad la misteriosa idea del Presidente.

La existencia del plan se había filtrado a algunos medios directamente desde la Presidencia, pero hasta el martes a la mañana el dato no era público. El portavoz oficial que lo confirmó fue el senador Oscar Parrilli, uno de los hombres de mayor confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien muchos señalaron como la ideóloga del plan. Lo cierto es que Parrilli -según fuentes cercanas a él- tampoco tenía claro el proyecto cuando, consultado durante una entrevista de radio, el martes por la mañana terminó ratificando que había una comisión en gateras.

Hasta ese momento solo habían existido charlas informales. Parrilli, según dijeron en su entorno a LA NACION, tenía conocimiento de las intenciones del Presidente, pero ninguna certeza y se sorprendió cuando el periodista Roberto Navarro le preguntó al aire qué opinaba del plan. Horas más tarde, ante la incertidumbre que reinaba en los despachos oficiales y en el Senado, desde la Casa Rosada asumieron la autoría del proyecto. “Es de Alberto, lo único que falta es que se convierta en la ‘comisión Parrilli”, dijo, con una sonrisa, un funcionario del Gobierno.

El proyecto para crear la bicameral no está escrito. Como tampoco lo están los que sí anunció oficialmente Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso: los de reforma de la Corte, el del tribunal intermedio de garantías o el del Consejo de la Magistratura, no conversado ni siquiera con los aliados de la Casa Rosada en ese organismo.

El Gobierno repite la fórmula: primero anuncia, después discute, decide y redacta. “Lo mismo hicimos con la reforma judicial”, dijo un alto funcionario a LA NACION. En efecto, les llevó meses definir la letra chica de ese proyecto (y la no tan chica, como la determinación de si propondrían fusionar Comodoro Py con el fuero penal económico o no). La reforma se hizo sobre la marcha, cuando ya llevaba meses anunciada.

El Presidente tenía claro que iba a dedicar buena parte de su discurso ante la Asamblea Legislativa a la Justicia y puntualmente a cuestionar a la Corte Suprema y anunciar que estaba decidido a impulsar su reforma. A fines de la semana pasada hizo llamadas para que le mandaran sugerencias concretas. Una de ellas fue al constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Con eso, redactó su discurso.

Ahora, le va a tocar a Losardo convertir esas ideas en iniciativas que estén en condiciones de ser enviadas al Congreso. Cuenta con un buen insumo: el trabajo que la comisión de juristas le entregó al Presidente el año pasado, aunque nada decía ese documento de comisiones investigadoras. ¿Cuándo se convertirán las ideas en proyectos de ley? “No está definido”, es la respuesta. No hay mucho apuro. En el Gobierno saben que si la reforma judicial no pasó la Cámara de Diputados, estos nuevos proyectos, en pleno año electoral, no tienen chance.