Para profundizar la democracia

El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que la presidenta de la Nación envió ayer al Parlamento constituye un hecho histórico. Su tratamiento y aprobación serán la reparación de 26 años de postergaciones sobre un tema vital para nuestra inacabada democracia. Con la sola excepción del gobierno de Juan Perón, en 1953, ningún Parlamento, hasta hoy, abordó tan cara responsabilidad, relegando las normas de radiodifusión al imperio de las dictaduras.

No será un proceso sencillo ni amable; en él se condensa la mayoría de los debates que atraviesan el poder económico y la política, hoy más que nunca "mediatizada".

Si están a la altura de sus responsabilidades, nuestros representantes deberán definirse acerca de tópicos como la restricción de los monopolios mediáticos, el derecho de todos los sectores sociales a operar medios de comunicación y la participación ciudadana y parlamentaria en la gestión de los medios públicos y en los organismos de control. Apoyarán o rechazarán medidas de protección de menores y de las minorías, de la producción local y nacional y el trabajo vinculado a ellas. Discutirán sobre la propiedad cruzada de medios, la tarifa social para el cable y el derecho a la recepción gratuita de eventos culturales y deportivos trascendentes.

Su compromiso republicano hará que aborden con rigor temas como el límite a la cantidad de licencias, la descentralización de las emisoras y la reducción de las cadenas. Consagrarán la figura del defensor del público y el procedimiento de audiencia pública. Con respeto y madurez, abordarán el diseño de una normativa de Estado para las generaciones presentes y futuras.

No estarán en soledad. Los acompañarán 25 años de trabajo, iniciativas y experiencias de amplios sectores religiosos, profesionales, trabajadores, empresarios, políticos y académicos. Estos recorridos ayudaron a conformar la propuesta formulada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en los 21 puntos de los cuales se nutre el proyecto que el Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento, luego de su discusión pública en 25 foros realizados en todo el país.

Aquellos que nos hemos tomado el trabajo de leerla podemos afirmar que no se trata de una ley contra nadie, no es inoportuna y no surge del rencor ni de la improvisación de unos pocos.

Nace del esfuerzo riguroso de años, del compromiso y la pasión de mucha gente involucrada en la comunicación social, que reconoce en esta iniciativa una valiosa oportunidad para mejorar y profundizar nuestra democracia, nuestras instituciones y el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía.

Por Subsecretario de Medios de la Universidad de Buenos Aires

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