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Pese al rechazo opositor, el kirchnerismo convalidó el decreto que impuso el confinamiento actual
La mayoría oficialista de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo validó el DNU a la espera de que la Cámara de Diputados apruebe la ley que delega facultades en el Ejecutivo
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LA NACIONLaura Serra
En un anticipo del debate que tendrá lugar en la Cámara de Diputados sobre el proyecto que otorga facultades especiales al Gobierno para aplicar restricciones en virtud de la pandemia, esta mañana la oposición de Juntos por el Cambio se opuso, sin éxito, a que se convalidara el último decreto (el 334/21) por el cual el presidente Alberto Fernández impuso un severo confinamiento en los conglomerados más afectados por el virus.
El debate del proyecto tuvo lugar en la Comisión de Trámite Legislativo, que preside el diputado kirchnerista Marcos Cleri. El oficialismo, en mayoría en la comisión, ratificó el decreto presidencial, que fenecerá el 11 de junio. Se espera que, para entonces, la Cámara baja se haya expedido sobre el proyecto de ley que envió el Gobierno y que ya cuenta con media sanción del Senado.
La oposición de Juntos por el Cambio, que había anticipado su rechazo a la iniciativa oficial, ratificó su postura con la discusión del último decreto presidencial.
“Este decreto es inconstitucional –enfatizó el diputado Pablo Tonelli, de Juntos por el Cambio-. Las provincias son autónomas y el Poder Ejecutivo no tiene por qué arrogarse disposiciones locales cuando estas son atribuciones de los gobernadores. Es una desproporción, un disparate que el gobierno nacional pretenda birlarle esa autonomía. Además, el proyecto y este decreto desconocen el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece que el poder de policía en materia de salubridad y de educación es competencia de las provincias.”
“En vez de volcar sus esfuerzos en violar las autonomías locales, deberían enfocarlos en la campaña de vacunación, por ahora bastante deficiente, que es el único recurso para librar la batalla contra la pandemia”, cerró.
Desde el oficialismo, la diputada Carolina Gaillard respondió a las objeciones opositoras. “Nosotros somos férreos defensores del federalismo. Acá no está en juego la autonomía de las provincias, sino la vida y la salud de los argentinos, que está por encima del derecho a la educación, de todo, porque sin salud no hay nada. Hoy, ante la cantidad de muertos que tenemos, nadie duda de que hay una situación de emergencia que amerita el dictado de un DNU. Nuestros gobernadores no pueden esperar que el Congreso se junte para tomar decisiones rápidas. Para ello está prevista la delegación, que está contemplada en la Constitución”.
El DNU 334/21 prorrogó hasta el 11 de junio los alcances del decreto anterior, el 287/21 y sumó medidas “preventivas adicionales” para los puntos del país con alto riesgo o alarma epidemiológica. En ese sentido, se dispuso que entre el 22 y el 31 de este mes y durante el fin de semana del 5 y 6 de junio se cumpla un confinamiento más estricto en esos lugares.
Entre las restricciones, se suspendieron completamente las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial; se habilitó solamente la apertura de los comercios considerados esenciales, mientras que el resto puede funcionar con envío a domicilio o entrega en puerta y se dispuso que las personas puedan circular en las cercanías de su domicilio únicamente entre las 6 de la mañana y las 18 horas.
El senador oficialista Daniel Lovera subrayó que “no se pueden tener 24 estrategias sanitarias distintas, no se puede fragmentar la gestión de la pandemia”. Y aseveró: “La situación actual nos exige más que nunca sensatez, conciencia colectiva y responsabilidad política en lo que hacemos y también en lo que decimos; ojalá que podamos dar desde este Congreso una muestra de grandeza y esfuerzo conjunto sin especulación política”.
Por su parte, el diputado chubutense Gustavo Menna (UCR) cuestionó el uso de decretos de necesidad y urgencia por parte del Gobierno. “Lo que ha hecho es transformar en regla la excepción”, dijo, y recordó que desde que se desató la pandemia, el Poder Ejecutivo dictó 98 decretos de necesidad y urgencia y 41 decretos delegados. “Suman 139 las disposiciones de este tipo, muchas más que las leyes sancionadas durante el mismo período. Esto es un claro exceso”, afirmó.
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