Piden elevar a juicio una causa por lavado, usura y asociación ilícita de toda la cúpula de un gremio

CÓRDOBA.– Tanto la Fiscalía como la querella -la Unidad de Investigación Financiera (UIF)- pidieron la elevación a juicio de la causa por asociación ilícita, lavado de activos, administración fraudulenta y usura que involucra a la cúpula del Sindicato de Barrenderos y Recolectores de Córdoba (Surrbac). En ese caso estuvieron detenidos su secretario general, Mauricio Saillén, y su segundo, Pascual Catrambone y otras 16 personas están investigadas por maniobras realizadas con dineros de la mutual, el gremio y la obra social. El perjuicio podría llegar a $150 millones.

El Surrbac -hace unos años aliado de Hugo Moyano, con quien se enfrentaron- está intervenido desde noviembre de 2019 para “normalizar la situación generada a través de años de incumplimientos normativos, contabilización informal o paralela que fue con el paso del tiempo generando en el entorno familiar de los principales implicados, un cúmulo de bienes que analizados en perspectiva ocasionan un verdadero estupor en toda la comunidad”.

Desde marzo del 2014 la mutual del Surrbac en Córdoba ( A.M.S.U.R.R.Ba.C) realizaba operaciones de préstamos financieros a sus asociados “sin contar con un reglamento, ni la autorización pertinente para aplicar descuentos directos sobre los salarios del personal”.

También se tuvieron en cuenta tres informes contables practicados por los interventores judiciales de mayo, junio y julio de 2018 que establecieron que las tasas de interés “por los empréstitos eran excesivamente elevadas, no eran informada a los destinatarios”.

La UIF, en su pedido de elevación a juicio, repasa que Julio Mauricio Saillén, Pascual Vicente Catrambone, Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina y Juan Manuel Riba, en el esquema de la asociación ilícita “habrían diseñado una compleja ingeniería financiera destinada a poner en circulación, de forma habitual y continuada con el objetivo de darles apariencia lícita, parte del dinero obtenido ilegalmente por medio de los préstamos otorgados de forma no autorizada y a tasa usuraria”.

“Los mutuantes no habrían sido terceros ajenos a los hechos investigados en la causa, sino, antes bien, habrían sido allegados o familiares de los miembros de la asociación ilícita (cuando no ellos mismos) que habrían actuado de testaferros poniendo sus nombres, pero bajo las órdenes de aquéllos, incrementando injustificadamente su patrimonio”, afirma.

Hay que recordar que, en la investigación, la Justicia Federal de Córdoba detectó US$400.000 en una caja de seguridad en una sucursal del Banco Córdoba, un plazo fijo de US$700.000, $7 millones, objetos y joyas de oro, 11 autos de alta gama y armas de uso civil registradas.

También el fiscal Enrique Senestrari pidió la elevación a juicio. Las defensas de los imputados ya fueron notificadas por el juzgado de Ricardo Bustos Fierro y comenzaron a correr los tiempos judiciales.

Para Senestrari los “préstamos”, “ayudas” y “mutuos” otorgados por la mutual eran usurarios y extremadamente perjudiciales para los que los solicitaban; y por otra parte la suspensión del cobro de esos descuentos evita la continuación del delito (y un perjuicio) para los afiliados.

El Fiscal en su pedido indica que la asociación ilícita “siempre estuvo dirigida” por Catrambone y Saillén y “direccionada hacia el crecimiento de sus patrimonios es algo que surge palmario de la multitud de informes que constan en la causa”. En esa línea menciona la “cantidad de inmuebles y las flotas de vehículos a nombre propio o de terceros allegados” y apunta que “se llegó a tal extremo que utilizaban a las entidades para solventar gastos tan absurdos como viajes familiares al Caribe (en uno de ellos se incluye a la secretaria de Saillén, Salomé Alfazak), viajes de egresados, patentes de autos, honorarios de empleadas domésticas”.

Por Gabriela Origlia

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