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Piden penas de prisión efectiva para dos militantes por los piedrazos frente al Congreso de 2017
El fiscal solicitó 3 años y 4 meses de cárcel para César Arakaki y tres años para Daniel Ruiz; ambos protestaron contra la reforma previsional de Cambiemos
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LA NACIONHernán Cappiello
El fiscal federal Juan García Elorrio pidió que dos militantes de partidos de izquierda que protestaron en 2017 a los cascotazos contra la reforma previsional que impulsó Cambiemos en el Congreso sean condenados a penas de prisión efectiva. Para César Arakaki, del Partido Obrero, pidió una condena de 3 años y 4 meses de prisión, mientras que para Daniel Ruiz, del Partido Socialista de los Trabajadores, solicitó la pena de 3 años de prisión, también de cumplimiento efectivo.
Los dos están acusados de los delitos de intimidación pública y atentado agravado y, en el caso de Arakaki, se agregó la acusación de lesión en agresión, porque se le reprocha haber arrojado un piedrazo contra el policía Brian Escobar.
Escobar fue herido gravemente en la cabeza por una piedra en aquella jornada, cuando cumplía funciones como infantería del Grupo Antimotines de la policía. Tuvo una fractura del hueso temporal del cráneo y pérdida de la audición del oído izquierdo.
Los pedidos de condena se dieron en los alegatos del juicio oral y públicos que se les sigue a Arakaki y a Ruiz. Son las últimas audiencias antes de la sentencia que se conocerá en noviembre. El juicio está a cargo del juez Javier Feliciano Ríos, que actúa como tribunal unipersonal. El 1° de noviembre será el turno de los alegatos de los abogados defensores, Claudia Ferrero y Martín Alderete.
La abogada Ferrero protestó por la acusación del fiscal. Dijo que era injusto que acusaran a Arakaki por haber arrojado una piedra al policía Escobar. “El primer día se vio en un video que no fue Arakaki el que arrojó la piedra y por eso se retiró del juicio el abogado querellante que representaba a Escobar como víctima”, dijo Ferrero a LA NACION.
Y señaló: “Nos parece terrible y llamativo que los acusen de haber arrojado piedras y en el juicio se vio a un policía filmado arrojando cuatro piedras sobre una columna del Partido Obrero, que no estaba agrediendo a nadie, y ningún fiscal hizo una acusación contra la policía”.
La abogada estimó que “hay una desigualdad ante la ley y una visión clasista de la Justicia, que quiere aleccionar con esta causa contra futuras movilizaciones, contra las reformas jubilatorias y las reformas laborales por venir”.
El juicio comenzó a fines de 2019 y allí se juzga a manifestantes por la lluvia de piedras arrojadas en la Plaza del Congreso, que terminó con una represión que afectó incluso a legisladores y la posterior persecución y represión de los manifestantes, que dejó heridos y hasta personas que perdieron un ojo.
La abogada Ferrero destacó que 18 personas detenidas ese día recibieron una falta de mérito, otros dos manifestantes, Dimas Fernando Ponce y Mariano Stansiola, evitaron el juicio oral tras acordar una probation de una condena de un año de prisión en suspenso con la realización de tareas comunitarias.
Y, además, el policía Dante Barisone, que le pasó con una moto por encima a Alejandro Rosado, acordó en un juicio abreviado una pena de tres años de prisión por lesiones graves calificadas por el abuso de su función como policía y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por seis años. Barisone integraba la División Operaciones Grupo Motorizados de la Federal y estuvo preso hasta fines de 2019. Está en libertad condicional.
Claudia Ferrero dijo que “el pedido de condena es el reclamo de la burguesía, de criminalizar la capacidad de reacción de las masas contra el avasallamiento de sus derechos”. Rios y Arakaki estuvieron presos algunos meses.
El detenido más famoso de esa jornada donde, según Cambiemos, se arrojaron 14 toneladas de piedras sobre la plaza del Congreso, es Sebastián Romero, a quien se lo conocía como “el gordo del mortero”, pues fue fotografiado cuando utilizaba ese arma casera contra las fuerzas policiales.
Romero se mantuvo prófugo desde 2017 hasta el 20 de mayo del año pasado, cuando fue detenido en Uruguay. El militante fue capturado en un campo en la zona de el Chuy, en el departamento de Rocha, tras una investigación de Interpol y de la policía uruguaya en colaboración con la Policía Federal argentina, luego de meses de rastrearlo en el área, tras una búsqueda inicial en Brasil. Romero se entregó sin resistencia. Ya sin el peinado con rastas de su foto característica, sino con una barba tupida cubierta con un barbijo y el cabello corto. Poco después se presentó como candidato a senador en las PASO.
Su caso ya fue elevado a juicio oral y público y su defensa pidió acogerse a una probation para realizar tareas comunitarias a cambio de dar por extinguida la causa en su contra, pero el fiscal se opuso y quiere llevarlo a juicio oral y público.
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