Por DNU, el Gobierno recorta las funciones de los espías de la AFI

Mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el Gobierno avanzará con una modificación de la Ley de Inteligencia Nacional que, en la práctica, implicará un amplio recorte de las funciones y atribuciones que hoy tienen los espías.

La nueva normativa impulsada por Alberto Fernández le prohíbe a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) colaborar con la Justicia en las investigaciones criminales. Tampoco podrá cumplir "funciones policiales" o realizar "tareas represivas", sin excepción.

En otras palabras, los jueces no ya podrán ordenar que los servicios de inteligencia actúen como auxiliares de causas penales en casos de corrupción, narcotráfico o delitos comunes. El objetivo del Gobierno es que la AFI se dedique solo a tareas vinculadas a la prevención del terrorismo y de los delitos que afecten el orden constitucional.

En consonancia con el discurso que Fernández dio en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el DNU habla explícitamente de evitar los "vínculos espurios desarrollados entre los organismos de inteligencia y algunos sectores de la Justicia".

La modificación de la Ley de Inteligencia, así, acota los puentes -al menos los formales- que hoy existen entre los tribunales y el organismo de los espías. "La colaboración de la AFI con los jueces era lo que permitía la promiscuidad entre la Justicia y los servicios, con causas armadas y precausas", señaló a LA NACION un alto funcionario al tanto de los cambios en la AFI.

En lo jurídico, la modificación clave que hace el DNU es en el artículo 4 de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional que fija que "ningún organismo de inteligencia podrá revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones (...), salvo que mediare orden o dispensa judicial". Esa excepción es el resquicio legal que hoy permite que los jueces pidan asistencia a la AFI en sus investigaciones penales.

El nuevo DNU sustituye ese artículo 4, por otro, que suprime el pasaje que habilita a la AFI a actuar en carácter de auxiliar de la Justicia.

La AFI hoy está bajo la intervención de 180 días impuesta por Fernández en diciembre. Al frente de esta tarea fue designada la fiscal Cristina Camaaño. En el organismo, pudo conocer LA NACION, se modificaron los procedimientos para realizar compras y contrataciones, se redujo de 105 a 66 las direcciones internas y se están auditando los gastos que hizo la gestión de Mauricio Macri. En paralelo, el Gobierno avanza en un proyecto de reforma del Sistema de Inteligencia Nacional.

Desclasificación de archivos de AMIA

Tal como anticipó Fernández , el Gobierno, en tanto, desclasificará, vía decreto simple, toda la información aportada por los organismos de inteligencia nacionales en los procesos judiciales vinculados al atentado a la AMIA, siempre y cuando "ya cuenten con sentencia judicial".

Actualmente están vigentes numerosos decretos promulgados durante las presidencias de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri que avanzaron con la desclasificación de las notas, informes y resoluciones producidas por la AFI y que fueron remitidas a la unidad fiscal-AMIA.

Ahora se le dará un carácter "público" a la información otorgada por el Gobierno en el marco de los procesos judiciales vinculados a AMIA, y se permitirá que "trasciendan el ámbito oficial". Es decir, que -si la Justicia lo permite- podrían estar accesibles a toda la sociedad y no solo para otros poderes del Estado.

Los documentos vinculados a las investigaciones por el atentado a la AMIA se fueron acumulando en una base de la AFI, un edificio -cuyo domicilio es secreto- que estaba en precarias condiciones y que fue acondicionado en las últimas semanas.

La desclasificación incluirá a los legajos producidos por la AFI y también "la información brindada en las audiencias de los juicios realizados". Es decir, las declaraciones testimoniales brindadas por espías durante los juicios, tramos que no fueron abiertos al público, a diferencia del resto de las audiencias. La nueva normativa, aseguraron fuentes oficiales, contemplaría también eventuales declaraciones testimoniales brindadas durante la etapa de instrucción de las causas.

El decreto de Fernández, no obstante, aclara que solo se podrá abrir la información contenida en causas que ya hayan tenido sentencia. Allí entra el primer juicio por el atentado a la AMIA, que investigó la conexión local y que terminó con la absolución de los principales acusados por el atentado contra la AMIA por las irregularidades cometidas por el ex juez federal Juan Galeano.

También el primer juicio por encubrimiento que finalizó el año pasado, en el que un tribunal absolvió al ex presidente Carlos Menem y en cambio condenó a su ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex juez federal Juan Galeano, además de los fiscales del caso José Barbaccia y Eamón Mullen y Carlos Telleldín, el último propietario de la camioneta utilizada como cochebomba.

La última causa por presunto encubrimiento, la que se inició con la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por la firma del memorándum con Irán, no tiene sentencia y, por lo tanto, esa información no se desclasificará.

La desclasificación, en tanto, no alcanzará a la información aportada por representantes de otros países. Es decir, a las colaboraciones de las agencias de inteligencia extranjeras, como la CIA o el Mossad.

La normativa crea una "mesa de diálogo" integrada por organismos estatales y de la sociedad civil para procurar "transparencia y eficacia" en la difusión de la información hasta ahora clasificada. Se invitará al Ministerio Público Fiscal y a víctimas, familiares y querellantes en las causas.

La desclasificación de los documentos secretos vinculados a AMIA llega tras un pedido de la agrupación Memoria Activa.

Luis Czyzewski, ex dirigente de la Asociación de Familiares de la Víctimas de la AMIA, manifestó en las últimas horas en radio Jai que era escéptico sobre el alcance de la medida, luego de los sucesivos decretos dictados en los últimos 17 años en este sentido. Czyzewski consideró "muy importante" conocer a "quién se le va a dar la información, quién va a controlar que la información que se abre es todo la que existe y si se va a entregar lo proporcionado por servicios extranjeros".

El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, consideró que "la intención es muy buena" y dijo que espera "ver los resultados" para que "no quede como otra promesa que no se concreta".