1
Por ley, la Ciudad avanza con un plan para empleos vulnerables
1 minuto de lectura'
LA NACION
El oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires convirtió en ley un programa de formación profesional que busca proteger los empleos más vulnerables y establece una mesa tripartita con el Estado, empresarios y sindicatos. Se trata de una suerte de pasantía, aunque sin la participación de una entidad académica, ya que la responsabilidad de la capacitación recae en la empresa.
La ley 6393 crea el Régimen Especial de Prácticas de Formación para el Empleo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Busca generar sinergias entre el Estado y el entramado productivo local, tendientes a mejorar las condiciones de empleabilidad de la población, con especial foco en los grupos de mayor vulnerabilidad laboral (jóvenes para el primer empleo, mayores de 40 años, mujeres y grupos poblacionales con alta vulnerabilidad social) a través de prácticas formativas en ambientes de trabajo, las que no podrán superar los seis meses, dice la normativa. Las entidades formadoras, se comprometen a incorporar a su planta al menos un 20% de los practicantes que participaron en esos procesos formativos.
"La ley intenta corregir un problema del mercado laboral y les da a las empresas la posibilidad de ser formadoras. La práctica no puede superar las 20 horas semanales y le puede servir como un gran proceso de selección, Los que no accedan quedan capacitadas y en mejores condiciones de empleabilidad", explicó a LA NACION Ezquiel Jarvis, subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio porteño.
Jarvis fue uno de los impulsores del proyecto, que fue de la autoría del legislador Esteban Garrido (Juntos por el Cambio).
"A diferencia de una pasantía es que no participa una entidad académica. Y están involucrados los gremios para supervisar que no haya abusos", señaló Jarvis, que prevé encuentros en el corto plazo con dirigentes de la CGT y de las dos vertientes de la CTA.
La ley, que se asemeja a programas vigentes del Ministerio de Trabajo de la Nación, establece que durante el proceso formativo, los practicantes recibirán una asignación estímulo, que no tendrá carácter remunerativo, que consistirá en una suma dineraria mensual fija, la que será fijada por una Mesa de diálogo tripartita conformada por la Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad, representantes del sector sindical de la actividad correspondiente con personería gremial, y representantes de las cámaras oficiales que cuenten con personería jurídica.
Dicha mesa, además, abordará la realidad de la empleabilidad en la Ciudad y funcionará como órgano de consulta permanente en la aplicación de la Ley y de otras iniciativas vinculadas a Ia temática, participando en las definiciones de las necesidades, proyecciones y demandas de cada sector de actividad en la Ciudad, con el fin de determinar la cantidad y calidad de las practicas a desarrollar.
Con esta herramienta, las personas desempleadas podrán incorporar en la práctica conocimientos y habilidades adecuadas a las necesidades que demanda el mercado laboral actual, y posibilitar -por otro lado- que las unidades productivas puedan identificar y atraer talentos, para posteriormente incorporarlos al mercado laboral formal.
La reglamentación de la normativa se conocerá en los próximos días, según informaron a la nacion fuentes del gobierno porteño, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.
Diálogo social
Con esta normativa, el gobierno porteño suma instancias de negociaciones tripartitas por ley. En el distrito que gobierna Juntos por el Cambio ya está reglamentado el diálogo social, un atajo que reclaman gremios y empresarios para instaurar a nivel nacional y que forma parte de uno de los proyectos de ley que envió el presidente Alberto Fernández para tratar en sesiones extraordinarias.
Más leídas de Política
2Uno de los fundadores de La Cámpora tiene un departamento en el edificio donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario
3Sin proyecto nacional: la mayoría de los gobernadores le saca el cuerpo a una candidatura presidencial para 2027
4La Justicia laboral porteña condiciona su arranque al traspaso de los recursos que acordó con la Nación