"Preocupa que no se cumplan las órdenes de los jueces"

La jueza Carmen Argibay dijo ayer que "es preocupante que no se cumplan las órdenes de los jueces", respecto de la indicación del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a la Policía Federal para que desconociera una orden de un magistrado.

Los jueces del máximo tribunal del país no ocultan su preocupación un clima de crispación política y deterioro institucional, pero prefieren guardar silencio para respaldar y asegurar la gobernabilidad.

El conflicto al que aludió Argibay se desató cuando el juez José Sudera pretendió ingresar en el sindicato de Aeronavegantes y poner en funciones a los representantes de la lista Celeste, que -según la justicia del trabajo- le había ganado las elecciones a la lista Verde, que responde a la embajadora en Venezuela, Alicia Castro. Entonces, Fernández admitió que había dado la orden de no cumplir ese fallo, "por inconstitucional". Por eso, la Asociación de Magistrados denunció a Fernández ante la Justicia y acusó a la Casa Rosada de un supuesto "golpe de Estado" contra el Poder Judicial.

Ayer, Argibay, con palabras más medidas que Recondo, dijo ante una consulta radial: "Si suprimimos la Justicia, cada cual hace justicia por mano propia. Las órdenes de los jueces hay que cumplirlas y, si no, hay que discutirlas, pero en el lugar donde se debe, que es en los expedientes".

La percepción que tiene Argibay de la situación que planteó Fernández es compartida por otros jueces supremos. Pero el alto tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti, como cuerpo, prefiere tomar distancia de la disputa política. En efecto, los ministros creen que los dichos de Fernández, en sí mismos graves, no constituyen, por ahora, una situación de quiebre institucional. "Tampoco hay que exagerar", dicen.

Cuatro altas fuentes del máximo tribunal consultadas por LA NACION oscilaron entre la necesidad de mejorar la calidad institucional y la prudencia que debe guardar la Corte para no deteriorar el clima político.

Es cierto que esa mesura no impide que varios de los jueces, en muchas ocasiones, hagan públicas sus opiniones sobre temas institucionales.

El año último, cuando la presidenta Cristina Kirchner reclamó acelerar los juicios de derechos humanos, Argibay responsabilizó al Poder Ejecutivo por el recorte presupuestario y Lorenzetti dejó en evidencia la omisión del Gobierno de cumplir con la promesa de crear 750 cargos judiciales necesarios para acelerar las causas. Hace diez días, frente a un público de empresarios, también reclamó que "se debe respetar el derecho de propiedad".

A mediados de año, Raúl Zaffaroni deslizó críticas contra las candidaturas testimoniales y contra los políticos que cambian de partido. Y Carlos Fayt, hace pocas semanas, admitió que los sindicalistas, que están preocupados por los fallos que dicta la Corte en favor de la libertad sindical, pueden estar ejerciendo presiones, aunque el tribunal está por encima de eso.

Las declaraciones que ayer hizo Argibay no representan a la Corte. Son, insisten todos, una expresión individual. Pero esas voces, en conjunto, crean una pintura bastante aproximada de las preocupaciones que hay en el tribunal. El clima está crispado y el Gobierno tiene bastante responsabilidad en ello, dicen. Pero también la oposición, algunos de cuyos integrantes -evalúan algunos jueces- podrían estar contribuyendo, con declaraciones imprudentes, a un mayor deterioro.

En el tribunal consideran que el Gobierno tiene una actitud binaria: "O se está con el Gobierno o se es enemigo. Por eso no se entiende que la Corte quiere ser independiente y se la visualiza como enemiga", afirman. Salir a confrontar con el Gobierno sólo exasperaría más la situación, en un escenario donde el Gobierno no tiene nada para perder y la Corte no tiene nada para ganar.

Otras críticas

Contra las testimoniales
En abril de este año, el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni se manifestó en contra de las candidaturas testimoniales del oficialismo. "La política real que estamos viviendo está superando la institucionalización", afirmó el juez en declaraciones a la prensa.

Por la seguridad jurídica
El titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, también criticó duramente al Gobierno. "La seguridad jurídica es fundamental para la actividad económica", afirmó el juez, y se mostró en favor de "cumplir los convenios sindicales suscriptos" con relación a la libertad sindical.