Preocupación de ADEPA y FOPEA por el procesamiento del periodista Daniel Santoro

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresaron su preocupación por el procesamiento del periodista Daniel Santoro en el marco del caso Marcelo D’Alessio. También la Academia Nacional de Periodismo, dirigentes políticos y colegas del periodista afectado transmitieron su inquietud por la decisión del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

En un comunicado, FOPEA advirtió "sobre la gravedad institucional de este procesamiento" al cual describió como "una clara criminalización de la labor periodística". Si bien esta entidad reconoció que "los periodistas, como todos los demás ciudadanos, son alcanzados por el principio de igualdad ante la ley y pueden ser investigados y enjuiciados cuando sean parte de acciones ilícitas", destacó la importancia de combatir una práctica que es frecuente en distintas partes del mundo: "el uso del derecho penal para amedrentar a periodistas, limitar el ejercicio de su libertad de expresión y de su actividad profesional".

FOPEA también enfatizó que el rol de los periodistas de investigación es publicar los hechos ilícitos que descubren. Así, además de referirse a la importancia de "resguardar el secreto de las fuentes". Y agregó: "Los periodistas pueden tener conductas extorsivas cuando callan lo que conocen a cambio de un beneficio pero no cuando publican como noticia un hecho de interés social que ha sido verificado y en el que todos los involucrados fueron consultados".

Por último, luego de subrayar que las entrevistas o el intercambio de información con las fuentes "no son indicios de ninguna comisión de delito", desde la entidad concluyeron: "Las entrevistas y el contacto con fuentes de toda naturaleza forman parte de la rutina diaria y permanente en los medios de comunicación".

En esta misma línea, ADEPA emitió un comunicado en el que dijo: "Tras conocerse la resolución del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la que dictó el procesamiento y embargo del periodista Daniel Santoro por los presuntos delitos de coacción y tentativa de extorsión, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresa su preocupación por el mismo, y confía en que, en los pasos siguientes, prime la sana doctrina que consagra a la libertad de prensa como institución indispensable para el funcionamiento del sistema democrático y republicano de gobierno".

"ADEPA ha reiterado desde sus orígenes que el oficio de periodista no otorga privilegios ni indemnidades a la hora de rendir cuentas ante la Justicia. Pero al mismo tiempo, siempre ha dejado claro que la labor periodística y el acceso a la información sí deben ser protegidos, como lo hace de manera estratégica nuestra Constitución Nacional, para favorecer un mayor control de la ciudadanía sobre los actos de gobierno, los abusos y los eventuales delitos que se cometan desde el poder", agregó la entidad.

"Desde que se conoció esta denuncia, ADEPA ha puesto de manifiesto que no deben confundirse las conductas o los antecedentes que posean eventuales fuentes de información periodística, con el trabajo que hacen los profesionales de prensa para llevar esa información a la luz pública", remarcó ADEPA, y agregó: "Cualquier intención de identificar ambas figuras debe ser de interpretación extremadamente restrictiva, ya que conduciría a una autocensura inaceptable a la hora de informar sobre asuntos de interés público. Existen sobradas muestras, en la evolución del periodismo político y de investigación, de hallazgos relevantes para la sociedad basados en fuentes con eventuales antecedentes reprochables".

Para ADEPA, la resolución del juez Padilla pone en riesgo "uno de los principios básicos del derecho a la información: el secreto de las fuentes periodísticas. Se trata de otra de las garantías que la Constitución le otorga a medios y periodistas para favorecer, por ejemplo, la investigación de la corrupción. La difusión indiscriminada de mensajes privados, muchos de ellos sin interés específico o al solo efecto de intentar mostrar un vínculo que Santoro no negó, debilita el valor de esta herramienta esencial para la transparencia en los regímenes democráticos".

"ADEPA confía en que este proceso judicial concluya siguiendo la buena doctrina de amplísima protección a la libertad de prensa. Lo contrario, sentaría un grave precedente en democracia. Ésta necesita que todas las instituciones se fortalezcan. Una libertad de prensa debilitada puede constituir el primer paso en el peligroso camino del debilitamiento del sistema democrático y republicano de gobierno", concluyó la entidad.

En su reunión mensual, la mesa directiva de la Academia Nacional de Periodismo reiteró su preocupación por la situación procesal del periodista, que integra la institución. "La imputación a Daniel Santoro, sin considerar su procedencia, viola el principio básico de nuestra profesión, el libre acceso a toda fuente y la preservación de su identidad", puntualizó.

"Es de esperar que el trámite posterior a la causa demuestre su inocencia para alivio de su persona y satisfacción de la libertad de prensa", concluye la declaración, que firman el presidente de la academia, Lauro Laiño, y la vicepresidenta, Magdalena Ruiz Guiñazú, entre otros.

El procesamiento de Santoro motivó expresiones de solidaridad de varios periodistas, como Claudio Jacquelin, de LA NACION, y Nelson Castro, de TN, quien consideró "un disparate procesar por publicar un artículo", además de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y la diputada Macela Campagnoli.