Presionan para bajar el gasto político

El Gobierno se ha propuesto llevar adelante una reducción del gasto político, como parte de una reformulación de las funciones del Estado, con el fin de enviar señales de confianza al exterior y de intentar fortalecerse internamente.

El menú oficial incluye la intención de convocar a la consulta popular anunciada anteanoche por el presidente Fernando de la Rúa, como una forma de presión para que el Congreso y las administraciones provinciales encaren reformas tendientes a achicar estructuras y costos políticos.

En el Ministerio del Interior, incluso, se analiza la alternativa de requerir al electorado su opinión sobre cambios en el Poder Judicial y en las agrupaciones sindicales.

Por ahora no hay resoluciones concluyentes respecto de la realización y las características del plebiscito, aunque en la cartera política, en la Jefatura de Gabinete y en la Secretaría General de la Presidencia están acelerando estudios sobre el proyecto.

Coincidencias básicas

A pesar de las indefiniciones, en esas áreas se advierten coincidencias básicas sobre la eventual consulta:

• Que sea no vinculante, por lo cual puede ser convocada por el Poder Ejecutivo.

• Que incluya no menos de tres preguntas y que éstas no sean simplistas sino lo más específicas posible (por ley, sólo admiten como respuesta Sí o No).

• La decisión sobre éstas la tomará el jefe del Estado luego de las elecciones legislativas del 14 de octubre.

• La fecha de la convocatoria sería inmediatamente posterior a esos comicios. La mayor parte de los funcionarios consultados habla de la última semana de octubre o la primera de noviembre. Juan Pablo Baylac, vocero presidencial, no descarta que el plazo pueda extenderse hasta principios de diciembre. En el medio, para el 17 y el 18 de noviembre, está previsto el censo nacional de población y vivienda.

Entre los ítem que se evalúan como potenciales preguntas figuran la unicameralidad de los sistemas legislativos, un tope de gastos de éstos respecto de los presupuestos anuales de los poderes ejecutivos correspondientes, la reducción del número de parlamentarios y la eliminación de las listas sábana.

Baylac planteó la posibilidad de que se emplee un sistema informático de votación, aunque en el Ministerio del Interior creen que no sería conveniente, por lo que se inclinan por el mecanismo tradicional de urnas.

Aunque el Gobierno ha presentado proyectos de reforma política, cuyo tratamiento ha sido dilatado en el Congreso, la idea de la consulta va más allá de los contenidos de aquellas iniciativas, referidas, fundamentalmente, al financiamiento partidario y a la duración de las campañas electorales.

La idea del primer mandatario es acompañar con este gesto el programa de equilibrio fiscal por el cual se logró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el Gobierno son conscientes de esta arriesgada partida política que, de concretarse, hasta podría suponer otra reforma constitucional. Es que una modificación al régimen parlamentario (número de cámaras o de legisladores) requiere, indefectiblemente, ese mecanismo.

De hecho, aunque la iniciativa dividió el arco político entre cuestionamientos y respaldos (como se informa aparte), el senador Carlos Corach (PJ) sugirió una nueva reforma de la Constitución para incluir la figura del primer ministro y reducir la cantidad de legisladores nacionales. Son 257 diputados y 72 senadores.

Reformas provinciales

Originariamente, el Gobierno había pensado en aprovechar los comicios legislativos del 14 de octubre para realizar la consulta, con el objetivo de amortiguar los resultados desfavorables que, estiman, obtendría el oficialismo. Pero los tiempos no dan. Según la ley respectiva, el plebiscito no puede ser convocado junto con elecciones ordinarias.

En la cartera política están basando parte de su trabajo en la iniciativa que hace pocos meses presentó Ramón Mestre a los gobernadores, por la cual propone reformas constitucionales provinciales para modificar sistemas legislativos, electorales, municipales y judiciales.

Si bien todo cambio a los mecanismos parlamentarios distritales y a los regímenes municipales es facultad exclusiva de las respectivas provincias, la eventual inclusión de esos asuntos en una consulta nacional tendría por fin presionar a las administraciones del interior.

En el país hay 1575 diputados y senadores nacionales y provinciales, 1122 intendentes y 8488 concejales, entre otros cargos electivos.

La pretensión oficial no es sólo que se disminuya esa cantidad de representantes, sino fijar pautas que apunten a eliminar o limitar prerrogativas arraigadas institucionalmente que, en ciertos casos, chocan contra la ética de la función pública y abultan arbitrariamente el gasto estatal.