Presupuesto 2023: Massa incorporó refuerzos por $567.000 millones, pero se mantendrá el ajuste en los programas sociales más sensibles

Con el propósito de contener la presión de las huestes oficialistas y acallar las críticas opositoras en la Cámara de Diputados por el fuerte ajuste que se proponía ejecutar el año próximo, el ministro de Economía, Sergio Massa, accedió a aumentar el gasto original previsto en el proyecto de presupuesto 2023 en $567.700 millones (0.4 PBI). Sin embargo, pese a los refuerzos que se incorporaron, se mantiene la tónica del ajuste y las partidas sociales más sensibles tendrán importantes recortes respecto de este año.

Ello se desprende de un informe que elaboró la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre la media sanción del presupuesto 2023 que por estos días discute el Senado. Allí da cuenta que este refuerzo por poco más de medio billón de pesos que se añade al presupuesto original no modifica el nivel de gasto total establecido en el proyecto –que va en línea con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional- sino que provendría de la reasignación de otras partidas. Desde Economía ratifican que, en efecto, no se aumentará el techo del gasto y que los refuerzos procederían de la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro, una caja –millonaria por cierto- destinada a transferencias varias al sector público y privado.

Esto no es nuevo: todos los presupuestos que pasan por el Congreso contienen cláusulas que habilitan al jefe de Gabinete a reasignar partidas a lo largo del ejercicio. Lo sintomático del presupuesto 2023 es que si bien las partidas destinadas a las políticas alimentarias, educación y seguridad social se verán reforzadas en poco más de $327.000 millones, este alivio no alcanzará para empardar la inflación promedio que se calcula para el año próximo (76,1%). En síntesis, tendrán caídas en términos reales, justamente en un año electoral.

El informe de la OPC focaliza su análisis por política transversal: niñez y adolescencia (NNA); personas con discapacidad; ambiente sostenible y cambio climático e igualdad de género. Las dos primeras anuncian fuertes recortes para 2023 pese a los fondos extra recibidos.

“Las políticas transversales sobre niñez y adolescencia son las que recibirían mayor cantidad de recursos totalizando $241.413 millones adicionales. Los incrementos previstos permitirían reducir la variación negativa de 11,7% exhibida en el proyecto original, pero el gasto NNA continuaría presentando una variación real negativa del 4% año contra año”, advierte.

¿Dónde se observan esas caídas? Básicamente en dos jurisdicciones: ANSES (a cargo de las asignaciones familiares) y el Ministerio de Desarrollo Social, una de cuyas misiones es atender las urgencias alimentarias. “En el caso de la ANSES, el refuerzo a las asignaciones familiares a activos no alcanzaría para mantener los valores percibidos durante 2022, mostrando éstas una reducción del 18,3% en términos reales”, señala la OPC.

“En el caso de Desarrollo Social, el aumento previsto para los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires permitiría que la actividad presupuestaria de todos los comedores escolares del país pase de tener una variación real negativa a una positiva. Sin embargo, el refuerzo al total de Políticas Alimentarias ($102.000 millones) no sería suficiente para revertir la variación negativa del programa presupuestario, por lo que las políticas de niñez y adolescencia en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social continuarían presentando una disminución real”, indica.

Educación

En materia de Educación, que fue una de las funciones presupuestarias más afectadas por el ajuste en el presupuesto original –lo que desató fuertes críticas incluso dentro del oficialismo-, se dispusieron refuerzos que llevarán cierto alivio. En efecto, habrá más recursos para el programa de becas Progresar (casi 60.000 millones extra) y a infraestructura y equipamiento escolar ($4100 millones). Al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), si bien se le añadirán $31.175 millones, caería un 3,4% respecto a 2022.

“Con los aumentos aprobados por la Cámara de Diputados, el gasto destinado a la función Educación y Cultura asciende a 1,26% del PIB”, señala la OPC, aunque a renglón seguido advierte que la misma Cámara baja incluyó un artículo que exige que la asignación mínima en materia educativa en 2023 sea equivalente a 1,33% del PIB. Ergo, el Gobierno deberá aumentar todavía más el presupuesto educativo (unos $108.078 millones) para cumplir la meta.

Para la política de atención de personas con discapacidad el refuerzo será de $11.019 millones aunque sólo se focalizan en las políticas alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social y en las asignaciones familiares de ANSES, señala la OPC. Pese a estas adecuaciones, habrá caídas reales en ambos rubros (-10% y -2%, respectivamente).

Además de conceder estos fondos adicionales a las partidas sociales, Massa también amplió en casi 200.000 millones el presupuesto destinado a las obras públicas plurianuales para satisfacer las demandas de gobernadores, intendentes y legisladores. En el caso del presupuesto 2023 los pedidos se reflejaron en la incorporación de 798 nuevas obras, que se suman a las 743 que estaban originalmente previstas.

¿Esto significa que todas estas obras se pondrán en marcha el año próximo? De ninguna manera. El artilugio se repite una vez más: el Ministerio de Economía accede a incluir nuevas obras en las planillas pero sin el financiamiento correspondiente; es el jefe de Gabinete el que, con su facultad de reasignar partidas, definirá cuáles de todas ellas arrancarán. Un clásico que se repite en cada debate presupuestario, sobre todo en los años electorales.