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Presupuesto 2027: fuerte suba del gasto en ciberseguridad, recortes en organismos técnicos y suspensión del fondo anticíclico
El proyecto fortalece el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) y reduce en términos nominales las partidas del INTA, la CONAE y el INTI; bajan las contribuciones sociales por la implementación del FAL; el texto comenzará a discutirse en Diputados la primera semana de octubre
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Más allá de las proyecciones de crecimiento, inflación y superávit fiscal, el proyecto de ley de presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso contiene una serie de decisiones que permiten reconstruir cuáles serán sus prioridades para el próximo año: una fuerte expansión de los recursos destinados a ciberseguridad y al Ministerio de Desregulación convive con recortes en organismos técnicos como el INTA, el INTI y la CONAE y cambios sensibles en materia social.
Una de las decisiones que ya generó una fuerte controversia es la propuesta de derogar artículos centrales de la ley de emergencia en discapacidad, retornar a un sistema de pensiones por invalidez laboral y desregular el nomenclador de prestaciones del sector. El Poder Ejecutivo también propone eliminar el régimen de actualización automática de las asignaciones familiares y eliminar los aumentos automáticos de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Pero la iniciativa introduce, además, cambios que van más allá del reparto de partidas. Uno de ellos es la suspensión durante 2027 de los aportes al Fondo Anticíclico Fiscal, creado para que el Estado ahorre recursos en períodos favorables y disponga de una reserva ante eventuales crisis o caídas de la recaudación.
La decisión cobra relevancia porque el propio Gobierno proyecta nuevamente cuentas fiscales positivas para el próximo año. Es decir, aun en un escenario en el que prevé recaudar más de lo que gasta, propone no destinar recursos a ese fondo de reserva durante 2027.
Cabe destacar que esto no es propio del gobierno libertario sino que es algo que se replicó en otras administraciones, tanto radicales como peronistas.
El Fondo Anticíclico fue concebido como un mecanismo para amortiguar los altibajos de la economía: acumular recursos cuando las cuentas públicas lo permiten para poder utilizarlos frente a un deterioro posterior de la actividad o de los ingresos del Estado.
Ciberseguridad
El reparto de las partidas permite observar un marcado contraste entre distintas áreas del Estado. Una de las mayores variaciones porcentuales aparece en los recursos destinados al Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), cuya partida aumenta un 697,9% respecto de 2026.
Su presupuesto pasa de $405 millones en 2026 a $3231 millones en 2027.
El salto debe leerse, sin embargo, teniendo en cuenta la reciente puesta en marcha del organismo -en febrero de este año- y la ampliación de sus funciones. Para 2027, el área prevé avanzar en la infraestructura destinada a prevenir, detectar y responder a ataques informáticos y proteger sistemas y activos digitales considerados estratégicos.
La CNC funciona en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que depende del jefe de Gabinete de Minstros, Diego Santilli. Está a cargo de Ariel Waissbein -doctor en ciencias matemáticas- desde febrero de este año. Previamente, Waissbein se había desempeñado como director de ciberseguridad en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), área bajo el comando del asesor Santiago Caputo.
El incremento contrasta con lo previsto para distintos organismos técnicos. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) pasará de $360.124 millones en 2026 a $315.538 millones en 2027: una reducción nominal del 12,4%, incluso antes de descontar el efecto de la inflación.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) sufrirá una caída nominal del 6,6%, de $207.968 millones a $194.169 millones, mientras que el presupuesto del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se reducirá 5,2%, de $91.070 millones a $86.358 millones.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en tanto, prácticamente mantendrá congelados sus recursos en términos nominales: pasará de $297.784 millones a $298.526 millones, una suba de apenas 0,2%. Frente a la inflación prevista por el propio Gobierno, eso implica una reducción en términos reales.
El impacto de la reforma laboral
El Presupuesto también refleja el impacto sobre la seguridad social de la reforma laboral aprobada este año.
Habrá una baja en los recursos de la seguridad social por la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) a partir de noviembre, un esquema de ahorro creado para financiar el pago de indemnizaciones por despidos y otras obligaciones derivadas de la finalización de los contratos de trabajo.
Para financiarlo, una parte de las contribuciones patronales que hasta ahora se destinaban al sistema de seguridad social dejará de ingresar a esos subsistemas y será derivada al FAL. La quita será equivalente al 1% de las remuneraciones para las grandes empresas y al 2,5% para las MiPyMEs.
Esos recursos dejarán de financiar distintos componentes de la seguridad social, entre ellos el sistema jubilatorio, las asignaciones familiares, el PAMI y el Fondo Nacional de Empleo, y pasarán a integrar cuentas destinadas a afrontar futuras indemnizaciones laborales.
El impacto ya aparece en las proyecciones para 2027. Aunque la recaudación por aportes y contribuciones a la seguridad social aumentará en pesos, perderá peso respecto del tamaño de la economía: pasará de representar el 5,26% del PBI en 2026 al 5,07% el próximo año.
El propio Presupuesto advierte que la comparación interanual se verá afectada negativamente por la puesta en marcha del FAL.
Desregulación
En sentido contrario, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tendrá un incremento nominal del 44,6%: su presupuesto pasará de $27.485,9 millones este año a $39.752,6 millones en 2027.
El aumento resulta particularmente llamativo por la función que cumple la cartera conducida por Federico Sturzenegger, encargada de impulsar la reducción y reorganización de estructuras estatales, la eliminación de regulaciones y la simplificación de trámites.
Buena parte de los recursos previstos para 2027 se concentra, sin embargo, en funciones vinculadas con la administración y transformación del propio Estado. El programa de Planificación Estratégica y Desarrollo de Recursos Humanos contará con $21.825 millones, mientras que otros $8.463 millones serán destinados a Transformación del Estado y Función Pública. La partida específica para Desregulación y Simplificación Normativa será considerablemente menor: $1.507 millones.
También aparece entre las partidas en alza el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), dependiente de la Jefatura de Gabinete, cuyo presupuesto crecerá 35,7% en términos nominales, de $65.668 millones a $89.100 millones.
Fondos fiduciarios
El presupuesto también consolida el proceso de disolución y liquidación de una serie de fondos fiduciarios que financiaban políticas públicas en áreas muy diferentes.
La lista incluye al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), destinado a obras en barrios populares; el Fondo Nacional del Manejo del Fuego; fondos destinados a la promoción científica y tecnológica; el Fondo para el Desarrollo Productivo (FONDEP); el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y el Procrear.
También aparecen el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Nacional para el Desarrollo de Actividades Ganaderas (FONGAN) y el Fondo para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, entre otros.
Las grandes variables
El proyecto prevé un crecimiento del PBI del 4%, una inflación promedio del 21,1% y un incremento del salario promedio del 25,4%.
Además, vuelve a proyectar un resultado fiscal positivo, exportaciones por más de US$130.000 millones y un balance comercial de bienes y servicios favorable superior a US$15.000 millones.
El tipo de cambio promedio contemplado para el año es de $1728.
Entre las planillas aparecen, además, otros datos que anticipan debates durante el tratamiento legislativo.
El costo fiscal estimado del régimen promocional de Tierra del Fuego será equivalente al 0,13% del PBI, mientras que las exenciones vinculadas con el impuesto a las Ganancias del Poder Judicial representarían alrededor del 0,14%.
El proyecto comenzará ahora su recorrido por el Congreso, donde el oficialismo deberá defenderlo en la Comisión de Presupuesto, que preside el libertario Alberto Benegas Lynch. Su debate comenzará en la primera semana de octubre con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.
Se prevé que también asistan al Congreso otros funcionarios para defender los principales lineamientos de la iniciativa y que, posteriormente, cada área del Gobierno acuda a explicar las partidas bajo su órbita.
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