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Prevén jueces contra el crimen organizado y más designaciones

Nombrarán magistrados penales federales en el interior y anuncian los juicios por jurados
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24 de febrero de 2016  

El paquete de leyes penales de urgencia que enviará el Gobierno al Congreso en marzo próximo se propone una profunda reforma en la organización de la justicia federal, con la creación de un equipo especial de jueces contra el crimen organizado, la designación de nuevos magistrados penales en el interior del país y la redistribución de otros.

Los cambios están contenidos en ocho proyectos de ley, que son los más apremiantes. El ministro de Justicia, Germán Garavano, las adelantó ayer a LA NACION. Hoy las presentará en conferencia de prensa con otras iniciativas del Ministerio de Justicia que prevén ejecutarse entre este año y 2019. Junto con otras leyes institucionales y planes para mejorar la gestión judicial, el acceso a la justicia, los derechos humanos y la implementación del Código Procesal Civil y Comercial, son parte de un paquete de políticas públicas que el Gobierno lanzará con el nombre de Justicia 2020.

Las principales iniciativas en materia de justicia penal son:

-Equipo de jueces contra el crimen organizado: se creará un grupo de 10 jueces, defensores y fiscales especializados en crimen organizado, básicamente narcotráfico y hechos interjurisdiccionales. Lo integrarán jueces de instrucción que se propongan voluntariamente. Dejan afuera a los federales. Buscan ayudar a los tribunales federales del interior del país en narcotráfico.

-Unificación de los correccionales con los de instrucción: desaparece así el fuero para delitos con penas más leves, que ya pasaron en su mayoría a la órbita de la Ciudad. Prevé generar mayor capacidad de jueces para absorber causas y evitar los problemas de competencia.

-Transformar tribunales orales comunes en tribunales federales: se busca así ampliar la cantidad de jueces que pueden hacer juicios por delitos federales, como narcotráfico, delitos de lesa humanidad o corrupción. Hay un importante déficit con juicios que esperan turno desde hace años. Hoy hay seis tribunales y dos que funcionan. Se busca que haya de 10 a 13 tribunales orales federales. Además, se propondrá que dejen de intervenir tres jueces por tribunal en los juicios con penas de hasta 15 años o de entre 6 y 10 años, según las dos ideas en estudio. Con esto multiplicarán por tres la cantidad de jueces disponibles para los juicios pendientes. "Hoy hay tres jueces para dictar un fallo que revisan otros tres. Esto generó un sistema que no da respuestas", dijo Garavano.

Nombrar jueces federales penales en el interior: a las secretarías penales de los juzgados federales del interior se las jerarquizará como juzgados y se nombrará al frente a un juez, designado constitucionalmente, no subrogantes. Los juzgados electorales seguirán por separado y al juez actual se le dará a elegir si quiere ser juez penal federal o quedarse con las otras competencias. No habrá cambios en la Capital con el juzgado federal de María Servini de Cubría.

-Nuevas medidas de prueba contra el crimen organizado: vigilancia electrónica, testigos de identidad reservada, entrega vigilada, ley del arrepentido. Es un paquete de ley parche que reforma el Código Procesal con herramientas para la criminalidad compleja.

-Ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa: la medida más política es la que limita a cuatro años la duración del cargo de procurador. Se busca que se aplique retroactivamente para que Alejandra Gils Carbó deje el cargo. "Queremos hacer una reforma institucional, en términos de equilibrio de poderes, que tiene que ver con los procesos de designación de fiscales, de remoción de fiscales, el rol del consejo de fiscales, que generan muchos más contrapesos. Luego va a haber otra reforma, con la reforma del Código Procesal Penal", dijo.

-Reforma del Código Procesal Penal: está suspendida, pero se activará en 2017, empezando por Tierra del Fuego y Salta.

Además, se prevén para más adelante otras iniciativas:

-Reforma del Código Penal: se busca que no interfiera con el debate por el Código Procesal, por lo que está previsto debatir el nuevo código de fondo en 2018, junto con el régimen penal juvenil, que viene de la dictadura.

-Juicio por jurados: es una propuesta que recién está prevista entre 2017 y 2019, una vez que se clausure el debate sobre el Código Procesal Penal.

-Gestión judicial: se impulsan el legajo digital, el rediseño de las oficinas judiciales, fortalecer la oralidad, publicar manuales de gestión, cambiar el horario judicial para que sea ampliado a mañana y tarde y acabar con la feria judicial de un mes que los empleados y magistrados tienen en verano.

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