La Justicia, presente en la discusión política

El Poder Judicial ha quedado en el centro de la escena política. Las controversias por la interpretación de la ley de medios le han dado un protagonismo inusitado, convirtiéndolo en el escenario donde transcurre una batalla legal –y política– entre actores con visiones y argumentos contrapuestos. Las presiones y la intensidad de la disputa son tales que diversos actores se han pronunciado enfáticamente, algunos denunciando presiones del Gobierno a los jueces, otros reclamando mayor independencia del Poder Judicial frente a las corporaciones, y otros manifestando su preocupación por una judicialización de la política.

Frente a este panorama cabe preguntarse si se trata de un fenómeno novedoso o, más bien, un patrón recurrente en nuestro sistema político. La relación entre Justicia y política ha sido objeto de intenso estudio por expertos y académicos. Desde el regreso de la democracia, muchas cuestiones centrales de la agenda pública han transitado por tribunales. Por ejemplo, la Corte Suprema, durante los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rúa y Kirchner, tuvo que resolver diversos aspectos de las políticas de derechos humanos, incluyendo la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y los indultos a los integrantes de las Juntas. Durante dos décadas este tema tan sensible políticamente estuvo presente de manera continua en los estrados judiciales y, así, el máximo tribunal tuvo una incidencia decisiva en el resultado final.

Algo similar ocurrió durante los gobiernos de Alfonsín y de Menem con las políticas de emergencia económica, y durante Duhalde y Kirchner con el corralito y la pesificación. En este caso no sólo se generó un proceso masivo de movilización legal con centenares de miles de ciudadanos reclamando por sus derechos, sino que reposicionó a la Corte como un actor clave en el proceso de formulación de políticas públicas.

Estos ejemplos confirman que durante décadas la Corte ha estado involucrada de manera activa en las más importantes discusiones políticas. Esto lo puede hacer en virtud de las facultades que le otorga la Constitución. La alegada judicialización no debe ser vista como una aberración o, en todo caso, no debe tener una connotación negativa. El control de constitucionalidad es una de las misiones fundamentales de la magistratura y debe ser respetada por los demás poderes y corporaciones. Al mismo tiempo, los jueces deben procurar que su intervención sea oportuna y que no genere demoras injustificadas que deriven en sospechas o acusaciones innecesarias.

La Corte ha mostrado cautela, responsabilidad y mesura y su accionar debe ser ejemplo en nuestras instituciones políticas. Existe una ley del Congreso que debe ser implementada de manera eficaz. Balancear su aplicación diligente con el respeto por la Constitución es un desafío para todos los actores involucrados.

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