Dos funcionarias avanzan en la redacción del proyecto de expropiación de Vicentin

Mientras se proclama abierto a un debate, el Gobierno trabaja en la elaboración del proyecto de ley de expropiación de Vicentin, que será presentado por el Poder Ejecutivo en el Congreso. En la Casa Rosada no quieren poner fecha de envío del proyecto, mientras se vislumbra una pulseada muy difícil en Diputados.

Quienes están dedicadas a la confección del texto de la iniciativa son la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, arquitecta jurídica de los proyectos de Alberto Fernández y la secretaria de gestión Administrativa del Ministerio de Desarrollo Productivo, María Claudia "Maca" Daverio, una colaboradora estrecha del ministro Matías Kulfas.

La semana pasada, cuando el tema copó la agenda por el intempestivo anuncio del Presidente, el equipo de Kulfas había permanecido hasta entrada la noche en las oficinas de la Secretaría Legal y Técnica, en la planta baja de la Casa Rosada. El fin de semana siguieron los intercambios entre ambas dependencias para avanzar en las formulaciones legales.

Según los documentos internos que circulan en el oficialismo y según señalan fuentes oficiales, el proyecto se ampararía en la Ley 21.499, de 1977, que prevé la declaración de la utilidad pública como fundamento legal a la expropiación de un bien. "El único camino que tenemos es el de la ley de expropiación. No es quedarse con la empresa, es rescatar a la empresa, porque, así como está, va rumbo al precipicio", dijo el Presidente el fin de semana en declaraciones radiales.

Sin embargo, en el Gobierno no se cierran a contemplar aspectos que hagan a la iniciativa más "digerible" para el PJ no kirchnerista y para los dos gobernadores con fuerte interés en el tema, Omar Perotti (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdoba). Es decir, para aquellos que pueden aportar votos clave en la Cámara baja. "Mandamos el proyecto para que haya un debate", sentencian cerca del Presidente. Y agregan: "Se trata de una expropiación porque es el único camino legal, nadie nos presentó una alternativa superadora legalmente válida".

Sobre la mesa persiste como interrogante si, al final del camino, es posible generar algún instrumento para una gestión mixta de la cerealera con participación estatal y de las cooperativas de pequeños y medianos productores. Era la idea que venían discutiendo el Gobierno y Perotti hasta que sorpresivamente llegó el anuncio del Presidente y la intervención de la compañía vía DNU.

En el Gobierno tampoco confirman cuál será la cámara de origen. En principio, la idea era que la iniciativa ingrese por el Senado, donde la holgada mayoría oficialista tiene el camino más pavimentado. Sin embargo, el fin de semana el oficialismo repartió entre los diputados del Frente de Todos un instructivo con el título "Aportes para el debate sobre el rescate de Vicentin SAIC" con lineamientos y respuestas a los detractores de la expropiación, de forma de prepararlos para dar la pelea.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que todavía no defendió a la iniciativa a viva voz, deberá trabajar para sumar voluntades y conseguir el quórum en la Cámara baja.

Juntos por el Cambio ya mostró su rechazo a la cuestión de fondo de la expropiación de Vicentin y también a tratar el tema en sesiones remotas, por ser un asunto ajeno a la gestión de la pandemia por el coronavirus.

El proyecto será enviado por el Poder Ejecutivo, aun cuando el Presidente le asignó la autoría intelectual de la iniciativa a la senadora Anabel Fernández Sagasti, muy allegada a Cristina Kirchner.

En texto que circuló en el Frente de Todos señala que "pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la utilidad pública, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no".

En ese sentido, el documento del oficialismo argumenta: "En nuestro caso el bien susceptible de expropiación es una sociedad comercial cuyo objeto se orienta a la producción y comercialización de granos, de allí la utilidad en un contexto falencial de la empresa y de grave situación económica producto de una herencia desastrosa del macrismo y la pandemia".

Un documento redactado por el interventor de Vicentin, Gabriel Delgado, con puntos para defender la iniciativa del Gobierno señala que la intención es "transformar al departamento YPF Aagro en YPF Agro SA" y que "si resulta positiva la votación [en el Congreso], se armará un fideicomiso" administrado por esa nueva sociedad. "Vamos a desarrollar desde YPF un proyecto relacionado con Vaca Viva (ya tenemos Vaca Muerta). Se están elaborando proyectos de ley que van en ese sentido donde YPF Agro tendrá un rol importante como instrumento del Presidente y su gabinete", agrega el documento interno.