Qué es la Ley Bases de Javier Milei y cuáles son los principales cambios que impone

La Ley Bases y el paquete fiscal llegan este jueves a la última etapa de su discusión, después de meses de negociaciones y tratativas. La Casa Rosada cedió parte del contenido de los textos a cambio del visto bueno de los diputados y senadores para avanzar en la sanción. La Cámara de Diputados prevé aprobar la versión que votó el Senado, mientras que hay discusión sobre las medidas impositivas, sobre todo Ganancias y Bienes Personales.

El primer artículo, en el que se declara la emergencia pública por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética -que faculta al Ejecutivo a arrogarse poderes especiales en estas áreas-, no sufrió modificaciones en esta última etapa. En Diputados, no obstante, esta prerrogativa presidencial se recortó sustancialmente, cuando pasó de 11 emergencias a tan solo cuatro.

En el apartado sobre privatizaciones, el Gobierno fracasó en su intento de incluir en la versión final a Aerolíneas Argentinas, Correo y Radio y Televisión Argentina (RTA). Los opositores dialoguistas impusieron el criterio de discutir la versión aprobada en el Senado, que las excluye de las empresas sujetas a un proceso de venta por parte del Poder Ejecutivo. Quedaron, en cambio, las siguientes: Energía Argentina SA (ex Enarsa) e Intercargo, sujetas a privatización total; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que podrán incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, pero deberán conservar el control mayoritario por parte del Estado; y Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, como empresas sujetas a su privatización o concesión.

• Desregulación del Estado

Se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos. Se incorporaron 15 entes e institutos que no podrán disolverse. Se listan el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); el Servicio de Hidrografía Nacional; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD); Superintendencia de Seguros de la Nación; Superintendencia de Riesgos de Trabajo; y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Además, se sumó un párrafo en el que se garantiza el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

• Empleo público

Se establecen cambios en las normas para remover agentes estatales. Se consignó en la última revisión que los empleados que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio no podrán ser puestos en situación de disponibilidad hasta vencido el período de su licencia.

• Modernización laboral

A pesar de que un sector de la UCR retomó su pedido para limitar el poder de los sindicatos a través de una de sus principales fuentes de financiamiento, esta cláusula finalmente fue eliminada del dictamen final. Se quitó el artículo establecía que, para los empleados no afiliados a los gremios, sólo se podían cobrar cuotas solidarias con su consentimiento previo. Sin este párrafo, lo podrán seguir haciéndo contra su voluntad.

• Justa causa de despido

Fue incluida la “participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos” como una grave injuria laboral y objetiva causal de extinción del contrato de trabajo.

• Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI):
• Se establece un régimen especial, con fuertes incentivos impositivos y cambiarios, para alentar inversiones en sectores clave de la economía, como energía, turismo, petróleo y gas y agroforestal.
• Fue reformulado el artículo 163 que declara “nulo de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al régimen de manera que aplique solo a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al RIGI.
• En el Senado se incluyó un inciso por el que se prevé el fomento del desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI.
• Se limitó el margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada que soliciten la inscripción al RIGI. Deberán destinar su mercadería exclusivamente a la provisión de la empresa dentro del régimen.
• En la última revisión se incorporaron incisos para garantizar que las compañías que adhieren al régimen empleen personas locales y contraten servicios de proveedores locales.
• Se eliminó la posibilidad de que los dividendos y utilidades de las compañías puedan ser giradas al exterior luego de transcurridos tres años.

• Blanqueo:
• Se eliminó la posibilidad de que las criptomonedas sean parte de los bienes que puedan ser regularizados. La redacción original estipulaba: “sin importar quien ha sido su emisor, quien es su titular o donde estuvieran depositadas, custodiadas o guardadas”, pero ante el rechazo opositor fue quitado del texto.
• Respecto del dinero que sea regularizado y depositado a Cuenta Especial de Regularización de Activos, se adicionó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo promueva con éste “la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las Provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas”.
• Se excluyó del régimen a los funcionarios públicos de los últimos diez años. En la redacción original se contemplaban aquellos que se hayan desempeñado en los últimos cinco años.
• Se excluyó del régimen a los hermanos de los funcionarios públicos. Se sumaron a los cónyuges, convivientes, padres e hijos.
• Se incluyó la prohibición de inscribirse en blanqueos futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.
• Se incorporó un nuevo artículo para aumentar un 20% la alícuota del impuesto a los Bienes Personales para quienes se inscriban en el blanqueo. Con esta modificación, la tasa pasaría del 0,5% al 0,6%.
• Impuesto a las Ganancias:
• La Cámara de Diputados aprobó en primer término reinstaurar el impuesto que había sido eliminado por el gobierno de Alberto Fernández (reemplazado por un tributo a los salarios más altos). El límite para tributar se estableció en 1,8 millones de pesos al mes (solteros sin hijos) y de 2,2 a 2,6 millones de pesos para casados con hijos. Las escalas son graduales a partir de esas cifras. El Senado lo rechazó. Ahora los diputados deben elegir si lo sostienen o no.
• No pueden incluir modificaciones, como las que se habían negociado en el Senado. Por ejemplo, el incremento del 22% del mínimo no imponible para La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.
• Impuesto a los Bienes Personales:
• Diputados votó una reducción de este tributo que considera clave para el éxito del blanqueo incluido en la misma ley. Sin embargo, el Senado la rechazó y ahora queda en manos de la Cámara baja definir si insiste o no en la redacción original.
• Monotributo social:
• Se mantiene con un esquema diferente al vigente, en el que quien adhiera pagará un monto mínimo en carácter de jubilación y la obra social será optativa.
• Ley Minera
• En el Senado se modificó el artículo 22 de la ley 24.196, sobre inversiones mineras, para incrementar del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído. Diputados debe decidir si lo deja o no.

LA NACION

• Senado de la Nación
• Ley de bases

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