Qué pasó con AySA

El Gobierno Nacional confirmó este viernes el inicio de un proceso de privatización de la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). El vocero presidencial, Manuel Adorni, realizó el anuncio desde la Casa Rosada y fundamentó la decisión en el deterioro de la compañía durante su gestión estatal, con críticas específicas a la administración anterior.

El Gobierno definió un esquema para la incorporación de capital privado en AySA, que implica la transferencia del 90% de las acciones que actualmente posee el Estado. Este proceso se ejecutará a través de un mecanismo mixto que combina dos instrumentos principales.

Se lanzará una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico que tome el control de la gestión, mientras que en paralelo se realizará una oferta pública inicial (OPI) para abrir el capital de la empresa a otros inversores en el mercado.

Esta modalidad fue la elegida por el Poder Ejecutivo entre dos opciones que había presentado la actual conducción de AySA, liderada por Alejo Maxit. La alternativa descartada proponía lanzar directamente las acciones a la Bolsa para que el mercado fijara su valor.

El 10% restante del paquete accionario quedará en manos de los empleados de la compañía. Según detalló Adorni, esto se enmarca dentro del programa de propiedad participada que ya se encuentra vigente. Todo el procedimiento de privatización será regulado y supervisado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El vocero aseguró que se ajustará “a los más altos estándares nacionales e internacionales para garantizar la transparencia del mismo”. El objetivo final, según el Gobierno, es modernizar el sector y mejorar tanto el precio como la calidad del servicio. “Es el paso más importante en el camino para la irremediable privatización de AySA”, afirmó Adorni.

La decisión de privatizar la empresa se basa en un diagnóstico crítico sobre su desempeño desde que el Estado asumió su control. El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostiene que desde su reestatización en 2006 hasta 2023, la compañía requirió aportes permanentes del Tesoro Nacional que totalizaron más de 13.400 millones de dólares.

Adorni señaló que, a pesar de esta inyección de fondos, la empresa experimentó un “fuerte deterioro en la infraestructura” y los costos operativos se incrementaron de manera significativa. Uno de los datos que destacó el funcionario fue el crecimiento de la dotación de personal, que aumentó un 90% durante la gestión estatal. A la par, el nivel de morosidad por parte de los usuarios alcanzó el 16%, una cifra que cuadruplica el promedio histórico del cuatro por ciento.

En contraste con el déficit de 278.000 millones de 2023, la gestión actual proyecta cerrar el primer año con un resultado operativo positivo de 104.000 millones, impulsado por las actualizaciones tarifarias. La empresa ya desvinculó a 1454 personas desde diciembre de 2023 y planea transferir 83 grandes obras de expansión a otras áreas del Estado.

El vocero presidencial apuntó directamente contra la administración de AySA durante el gobierno de Alberto Fernández, con Malena Galmarini como titular. Afirmó que, al asumir, la nueva gestión encontró que en ese período se gastaron más de 4800 millones de dólares y calificó el manejo de la empresa como una “plataforma de campaña”.

Adorni ofreció datos específicos para sostener esta acusación. Mencionó que se destinaron 200 millones de dólares a obras, de las cuales el 25% se asignaron a los municipios de Tigre y Malvinas Argentinas, “de donde provenía su cúpula directiva”, en referencia a Galmarini y al entonces vicepresidente, Leonardo Nardini.

También denunció que entre 2022 y 2023 se gastaron 1.300.000 dólares en patrocinios de AySA para eventos en esos mismos dos municipios. Rerecordó la compra de camionetas Kangoo en septiembre de 2023, las cuales, según sus palabras, “se adquirieron por un precio muy superior al que era el precio de mercado en aquel momento”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.