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Quiénes son los jueces que sobreseyeron a la vicepresidenta Cristina Kirchner y varios de sus ex funcionarios por encubrimiento
El trámite para la integración del Tribunal Oral Federal N° 8 para este caso incluyó varias excusaciones, recusaciones y un apartamiento
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LA NACION
El impacto del fallo todavía resuena. El Tribunal Oral Federal 8, que analizó los planteos de los acusados y declaró nulo el caso estaba integrado originalmente por los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñíguez y el juez Nicolás Toselli, pero la conformación del Tribunal para esta causa incluyó a López Iñiguez y a los jueces Daniel Obligado y José Antonio Michilini. Los tres jueces entendieron que no hubo delito en la firma de ese acuerdo. La sentencia, de más de 300 páginas, implica que Cristina Kirchner, Zannini, Andrés Larroque, Juan Martín Mena, Luis D’Elía y otros seis acusados quedaron sobreseídos.
La conformación del TOF 8 para intervenir en este caso implicó varias excusaciones, recusaciones y un apartamiento. La jueza Sabrina Namer fue apartada en 2018 por la Cámara de Casación, tras un pedido por una de las querellas que representa a los familiares de 2 de víctimas del atentado, por temor de parcialidad. Entonces salió sorteado José Antonio Michilini.
Pero además, el juez Nicolás Toselli decidió excusarse por ser yerno del exembajador en Siria Roberto Ahuad, quien es testigo en la causa. Entonces salió sorteado Fernando Canero, que también se excusó, y luego Jorge Tassara, quien falleció en 2019. Finalmente Daniel Obligado salió sorteado y hoy también integra el TOF 8 para decidir sobre este caso.
Gabriela López Iñiguez
Se desempeñó primero en la Justicia porteña y luego concursó para ser jueza federal, cargo para el que juró en 2017. Integró el TOF 4 para el juicio contra el empresario santacruceño Lázaro Báez, en el que se lo condenó, pero es la presidenta del TOF 8, que hoy tiene a su cargo el caso por la firma del memorándum con Irán.
López Iñiguez firmó los fallos que excarcelaron a Carlos Zannini y a Luis D’Elía, con cuestionamientos a la arbitrariedad en la aplicación de las prisiones preventivas. También firmó el fallo que, en base a criterios jurídicos, dejó en libertad a Amado Boudou en 2018, y condenó a De Vido por la tragedia de Once.
En el fallo que condenó a Lázaro Báez, López Iñiguez votó en disidencia a sus colegas, con contemplaciones y diferencias sobre el origen del lavado de 50 millones de dólares; mientras ellos se inclinaron a afirmar que el dinero proveía del direccionamiento de contratos de obras públicas hacia las empresas de Báez, la jueza consideró que eso no estaba probado y que, según la investigación, era dinero proveniente de la evasión impositiva
José Antonio Michilini
Es juez titular del TOF 1 desde 2018, pero integró el TOF 8 al frente del caso por la firma del memorándum con Irán. Antes de llegar a los tribunales de Comodoro Py, fue juez correccional en Lomas de Zamora, y llegó al cargo de juez federal en 2015. Integra el tribunal que tiene a cargo el caso Memorándum porque uno de los jueces titulares de ese tribunal, Nicolás Toselli, se excusó de intervenir en la causa durante 2018.
Michilini es el juez que, en 2017, cuando el TOF 1 absolvió a Amado Boudou en el caso por el delito de falsedad ideológica en la transferencia de un auto, votó en disidencia y pidió su condena. El caso luego fue reabierto y juzgado por otro tribunal. Además es uno de los jueces que condenó a José López por enriquecimiento ilícito, en el caso donde se lo investigaba por los bolsos que revoleó en un convento con 9 millones de dólares. Actualmente está a cargo, también, del proceso oral contra el represor Miguel Etchecolatz por las torturas a Jorge Julio López.
Daniel Obligado
El juez Daniel Obligado integra el TOF 5 desde 2007. Antes de arribar a los tribunales de Comodoro Py, se desempeñó durante siete años en los tribunales de Lomas de Zamora. Es socio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y simpatizante de la lista Celeste, que históricamente tuvo posturas más ligadas al kirchnerismo.
El año pasado, como juez de ejecución penal, le concedió el arresto domiciliario a Amado Boudou en el marco del Caso Ciccone (por el que fue condenado a cinco años y diez meses de cárcel), con el argumento de que corría riesgo en prisión por la pandemia de coronavirus y de que sus hijos lo necesitaban en su casa. En la misma semana que firmó ese fallo, ante un planteo con argumentos similares (por la pandemia de coronavirus), le negó el arresto domiciliario a un detenido por una causa de narcotráfico.
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