Rafecas ordenó tasar la vivienda de José López en Tigre
El juez considera que la mansión forma parte del patrimonio no declarado del ex funcionario
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LA NACIONMaia Jastreblansky
El juez federal Daniel Rafecas ordenó que hoy se efectúe la tasación de la mansión de Tigre que José López habitaba junto a su esposa, antes de quedar preso en el penal de Ezeiza. El objetivo del peritaje es que el valor de esa casa pueda imputarse como parte del patrimonio no declarado del ex secretario de Obras Públicas, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito. Para el magistrado sigue firme la hipótesis de que el ex funcionario simuló ser inquilino del inmueble cuando, en realidad, era su verdadero dueño.
Conocer el precio de mercado de la casona ubicada en Dique Luján es un paso técnico, pero importante. Según pudo conocer LA NACION de fuentes judiciales, durante la nueva indagatoria, pautada para el 5 de agosto, el juez le informará a López que ampliará el delito que se le imputa. Esto es porque además de contabilizar los US$ 9 millones no declarados -que quedaron al desnudo durante el episodio en el convento- se presumirá que el ex funcionario también escondió la propiedad de Tigre, por un monto que es necesario determinar.
Rafecas tampoco descarta, por este motivo, aumentar el alcance del embargo trabado a López, que hasta ahora había sido fijado en $ 200 millones contemplando solo el dinero en efectivo encontrado en los bolsos la madrugada del escándalo.
La tasación de la casona fue encargada al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro, que tiene jurisdicción sobre los partidos de la zona norte del Gran Buenos Aires.
En los papeles, el propietario de la casona de Tigre es Eduardo Gutiérrez, dueño de la constructora Grupo Farallón, que fue proveedora del Estado durante el kirchnerismo. Según los registros oficiales, en mayo de 2010 ese empresario le compró el terreno al contador Andrés Galera. Es decir, al supuesto "valijero" de la obra pública, señalado en el mundillo como quien hacía lobby para digitar licitaciones y recaudar supuestos "vueltos" o sobornos.
Siempre según los documentos en blanco, sobre ese lote, Gutiérrez terminó de construir el chalet y en febrero de 2011 se lo alquiló a López y a su esposa. El dueño del Grupo Farallón ya le mostró a la Justicia los contratos de locación y las transferencias bancarias por una renta mensual de US$ 2200 por mes.
Para la Justicia, sin embargo, la coartada del alquiler no se sostiene. Primero, porque durante los allanamientos se encontró una carpeta con planos, mails e indicaciones de López sobre cómo quería diseñar el chalet, una atribución que resultó llamativa para alguien que sólo sería inquilino. Las dudas crecieron cuando el fiscal Federico Delgado le tomó declaración testimonial al arquitecto a cargo de la construcción de la casa, y este reveló que jamás trató con Gutiérrez, sino sólo con Galera y con el ex secretario de Obras Públicas, quien lo contrató para obras de terminación.
La sospecha
La Justicia cree que López acudió a testaferros para disfrutar de un nivel de vida que no podía justificar siendo investigado por enriquecimiento ilícito, una causa que se inició hace ocho años y que se aceleró recién ahora.
Gutiérrez y Galera quedaron imputados al ser considerados "propietarios aparentes" del inmueble y, en consecuiencia, presuntos partícipes necesarios del delito. Están llamados a indagatoria el miércoles y el jueves de la semana que viene, respectivamente. Es decir, horas antes de la nueva citación a López.
Hasta ahora, nadie reclamó por la restitución del inmueble. Ni López, ni su esposa María Amalia Díaz (también imputada), ni los que figuraron como dueños oficiales.
Para la valuación de la casona de Tigre, Gutiérrez pidió sumar a su propio tasador, a modo de perito de parte. El chalet bajo la lupa, color ocre, tiene dos enormes plantas, pileta y salida privada al Río Luján. Según el arquitecto, López hizo sobre la casa trabajos de refacción, un enrejado y un gimnasio.
La casa hoy está fajada y con custodia permanente de la Policía Federal, tanto en los alrededores de la casa como en su interior. Esta medida de seguridad se dispuso cuando, a principios de mes, se registró un sospechoso episodio con un joven de 22 años, que fue encontrado adentro del inmueble con intenciones de robar.
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