Reclaman discutir deudas provinciales

Con la reaparición de Cristina Kirchner, los cambios en el gabinete nacional y la designación del gobernador en licencia Jorge Capitanich como jefe de Gabinete, los gobernadores esperan ahora poder avanzar en un tema que les preocupa: las deudas provinciales.

En 2010, como una salida para aliviar a los distritos con problemas, Cristina Kirchner ideó el Programa Federal de Desendeudamiento, al que adscribieron 16 provincias que tenían pasivos asumidos con el Estado nacional.

Ese régimen, prorrogado en 2011, vence en diciembre y no está contemplada su renovación en el presupuesto que fue aprobado por el Congreso en octubre. Si bien está bajo estudio, fuentes oficiales dijeron a LA NACION que no hay una decisión tomada acerca de cómo será abordado este problema.

El gobernador de Misiones, Maurice Closs, fue uno de los que ya acercó esa inquietud que enlaza a otros colegas. "Nos afecta por igual a varias provincias", sostuvo, poco después de visitar a Capitanich en su nuevo despacho. De hecho, destacó que el jefe de Gabinete conoce más que nadie esa situación porque Chaco es una de las más complicadas por esta cuestión.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la provincia de Chaco está tercera en el ranking de los más afectados, en términos nominales, con un ahorro anual calculado en $ 403 millones para este año gracias a la refinanciación de su deuda.

El podio lo lidera la provincia de Buenos Aires, con $ 3097 millones, y lo secunda Córdoba, con $ 543 millones. Son los territorios comandados por Daniel Scioli y José Manuel De la Sota, dos peronistas con ambición presidencial y trato zigzagueante, según la época, con el gobierno nacional. Claro que, si se tiene en cuenta el monto adeudado con el nivel de ingresos, la relación cambia y las provincias más ahogadas serían Jujuy y Río Negro. Le siguen, entre otras jurisdicciones, Misiones, Tucumán, Corrientes, Mendoza y Entre Ríos.

En este escenario, hay, por lo menos, dos caminos posibles: avanzar en una prórroga conjunta, con los mismos términos para todos, o negociar uno por uno, en un esquema más discrecional. En todo caso, los gobernadores saben que en la estrategia por cumplir, además de un argumento económico, pesará con fuerza la mirada política.