Reuniones de última hora, diferencias y presión de la Iglesia: el oficialismo espera el aval de la Casa Rosada

La puja entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados por los vaivenes en materia de discapacidad es cada vez más evidente. A menos de 24 horas de la megasesión de mañana, el bloque oficialista continuaba negociando hasta anoche con sus aliados un proyecto que contemple los reclamos del sector. Las presiones son variadas y hoy llegaron a su punto más alto con el desembarco de la Iglesia en el Congreso.

Según pudo saber LA NACION, autoridades del Episcopado se reunieron por la tarde con representantes del bloque libertario para transmitirles su preocupación por la situación y reclamar al Gobierno que termine de cerrar un acuerdo que dé respuesta a las demandas del colectivo de discapacidad.

La intervención de la Iglesia llegó después de la reunión de la mesa política en la Casa Rosada que dejó al descubierto las dudas que todavía persisten a nivel interno sobre el respaldo a la iniciativa legislativa, principalmente por su costo fiscal.

Aun con este panorama, el oficialismo confía en conseguir el aval del Ejecutivo para avanzar con su propio dictamen. El objetivo es evitar que la oposición apruebe una nueva emergencia en discapacidad durante la sesión maratónica de mañana al mediodía, que tendrá un temario variopinto. Entre los proyectos se destacan el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y los que buscan dar respuesta a la creciente morosidad y al endeudamiento familiar.

Sin embargo, son pocos los que se animan a decir que el texto, tras meses de negociaciones y sucesivos cambios, esté completamente cerrado y tenga el visto bueno de la Secretaría de Legal y Técnica y el Ministerio de Economía, dos áreas clave donde mandan los Caputo: el asesor presidencial y el ministro, respectivamente.

“Nunca se sabe con la Casa Rosada”, ironiza un diputado aliado que esta tarde participó de la reunión de jefes de bloque, donde buena parte de la discusión giró en torno a la versión final del proyecto de discapacidad, con la que el oficialismo busca dar una respuesta “superadora” a los reclamos de los bloques dialoguistas.

En teoría, esta vez no habría “peros” del Ejecutivo que hagan caer el proyecto que viene negociando Laura Rodríguez Machado, la diputada exPro y una de las espadas legislativas del presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Pero la cautela es extrema. Todavía está fresco el derrotero que significó la publicación del Presupuesto en el que echaba por tierra todas las concesiones que la cordobesa le había dado al Pro y la UCR.

Un antecedente que volvió a cobrar fuerza la semana pasada, cuando el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, admitió durante su exposición sobre el Presupuesto ante los diputados, en una suerte de sincericidio, que “el Ejecutivo hubiera querido otra cosa”, en referencia al propuesta legislativa impulsado por Martín Menem.

Desde entonces, en la oposición crecieron las sospechas sobre un eventual veto a la prórroga de la emergencia en discapacidad, ante el difícil escenario que la oposición logre avanzar con su dictamen de minoría. O más insólito aún, un rechazo del Gobierno a su propia iniciativa.

No es casualidad. Hasta ayer, había quienes en la bancada libertaria no descartaban la posibilidad de un veto total o parcial del Presidente, según pudo saber LA NACION. Esta tarde, sin embargo, esa alternativa fue desestimada desde las más altas esferas del oficialismo. Una decisión de ese calibre dejaría muy mal parado a Menem y, por extensión, a Rodríguez Machado y otros diputados involucrados en la discusión.

Más aún cuando desde el universo libertario admiten que, en materia de discapacidad, el Gobierno ya perdió terreno en el plano discursivo. De ahí, la necesidad del oficialismo de desactivar la amenaza de la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Más temprano, durante la reunión de jefes de bloque, los libertarios se abocaron a revisar en detalle las modificaciones reclamadas por los espacios dialoguistas, en particular las exigencias del misionero Oscar Herrera Ahuad, quien habría consiguido incorporar varios de sus planteos al dictamen oficial.

“Se convalidó todo lo que pidieron los aliados”, se jactó otro de los presentes durante el encuentro. “Esta vez parece que está todo encaminado”, sostuvo otra fuente que recorre los pasillos del Congreso.

Según pudo saber LA NACION, el oficialismo habría asegurado la actualización del nomenclador ajustado mensualmente por inflación y un cronograma de pago de las comensaciones adeudades, este último un reclamo expreso del PRO.

Pero la letra chica del dictamen motivó una nueva reunión por la noche entre representantes de LLA y Herrera Ahuad, finalizado el encuentro con Episcopado, que continuó hasta altas horas de la noche.

Si bien impera el optimismo entre varios bloques y en el propio oficialismo, quienes están más involucrados en las negociaciones saben que el acuerdo todavía debe superar el último filtro de la Casa Rosada. Por eso, no se pueden descartar ajustes sobre la marcha durante la sesión.

Congreso Nacional

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