Otro revés para Cristóbal López por los $ 8000 millones que le adeuda al Estado nacional

Cristóbal López sumó un nuevo revés por los $ 8000 millones que le adeuda al Estado nacional. Esta vez, la Procuración General apoyó la posición de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y sostuvo que el concurso de acreedores debe tramitarse en la ciudad de Buenos Aires, en vez de en su pago chico, Comodoro Rivadavia, como pretendía el “zar del juego”.

El dictamen de la Procuración, firmado por Víctor Abramovich en vez de por Alejandra Gils Carbó , servirá de informe –aunque no vinculante- para la Corte Suprema de Justicia, que ahora determinará dónde se tramitará el concurso de Oil Combustibles. Hasta ahora se lo disputan el juez en lo Comercial, Héctor Vitale, en Buenos Aires, y el juez de Ejecución de Comodoro, Gustavo Toquier.

“Del examen de las constancias de la causa surge que al momento de la presentación en concurso preventivo -30 de marzo- se hallaba subsistente la inscripción registral del domicilio de Oil Combustibles en la ciudad de Buenos Aires ante la Inspección General de Justicia con asiento en esta jurisdicción”, estimó Abramovich. “Si bien la sociedad había iniciado el procedimiento para cambiar su domicilio legal a la provincia de Chubut en julio de 2015, esa modificación no fue culminada con anterioridad a la presentación del concurso preventivo”, explicó.

Por ese motivo, cerró la Procuración su dictamen de tres carillas, “la Justicia Nacional en lo Comercial debe entender en el presente concurso”.

Aunque no es vinculante, el dictamen de Abramovich implica un nuevo traspié para López y su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, quienes buscan negociar con los acreedores de Oil Combustibles –entre ellos, la AFIP- en su Comodoro Py, donde sus redes de contactos e influencias son mayores.

Tanto para López como para De Sousa la disputa comercial es apenas uno de los frentes judiciales que mantienen abiertos. También afrontan una causa en el fuero Penal Económico por la evasión agravada de los impuestos a las Ganancias e IVA, y los aportes previsionales de sus empleados, como así también otra ante la Justicia federal por sus roles en una presunta administración fraudulenta del entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray , en perjuicio del Estado.

En el fuero Penal Económico, López adelantó que quiere cerrar esa pesquisa. Para eso informó que se acogerá a la moratoria, lo que conllevaría la suspensión de la acción penal. Pero en la disputa por el concurso, sin embargo, para la Procuración, y en línea con la posición oficial de la Casa Rosada, “por lo expuesto, corresponde declarar la competencia de la Justicia Nacional en lo Comercial”.