Salta: condenaron a un intendente por utilizar recursos municipales para construir la casa de una empleada
La causa se inició a raíz de denuncias de vecinos, que dieron cuenta de la presencia de camiones de construcción de la Municipalidad fuera de la casa particular
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LA NACION
José Rolando Guaimás, intendente de Animaná, fue condenado este martes a dos años y seis meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras probarse que había construido su casa con recursos municipales. El fallo fue dado a conocer por la jueza Norma Beatriz Vera, vocal de la Sala IV.
Según consignó El Tribuno de Salta, el funcionario deberá fijar domicilio y someterse a vigilancia diaria por dos años y medio. Junto a ello, se le prohibirá el consumo de estupefacientes y/o bebidas alcohólicas por el mismo lapso. En caso de incumplir alguna de estas reglas de conducta, podría dejarse sin efecto la condicionalidad de la pena.
Guaimás había sido imputado provisionalmente la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) en abril del año pasado, a raíz de denuncias de vecinos del barrio García Basalo que daban cuenta que, desde diciembre de 2020, camiones de construcción de la municipalidad hacían presencia constante fuera de un domicilio particular. Dicha vivienda no era del intendente si no de una empleada suya -identificada como Romina Alejandra Guanca-, quien recibió la misma condena.
De las investigaciones realizadas por el personal especializado de la UDEC se pudo establecer que el hombre que estaba encargado de la obra en la capital salteña era empleado de la Municipalidad de Animaná desde 1992, por lo que había realiza tareas de albañilería en la comuna por más de 15 años, detalló El Nuevo Diario.
Al ser indagado por la Justicia, el individuo reveló que hace tres años atrás el intendente le había propuesto trabajar sus horas de planta -de 7 a 13- en la casa de la imputada. Y fue a partir de los informes y testimonios recabados que la fiscal Salinas Odorisio decidió avanzar tanto contra el funcionario como su empleada.
En 2016, Guaimás había acusado a un exintendente de incurrir en un delito similar. Pidió iniciar acciones legales contra Ignacio Vicente Condorí por la retención de fondos por una suma de $549.938,89 dinero con el cual se debía financiar equipamiento para el Centro de Integración Comunitaria.
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