Sancionaron el blanqueo y la moratoria

El Senado sancionó ayer la ley que contiene el paquete de medidas anticrisis de la administración kirchnerista, que establece el controvertido plan de blanqueo y repatriación de capitales en el extranjero, cuestionado por la oposición en pleno con el argumento de que abrirá la puerta al lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

En los más de cinco años de administraciones kirchneristas, nunca se habían oído imputaciones tan graves contra una iniciativa del Poder Ejecutivo como en esta oportunidad. La advertencia de que el país se convertirá "en un paraíso para el lavado de dinero" fue una de las denuncias más oídas en el debate.

También mereció el rechazo de la oposición la generosa moratoria para quienes tengan deudas impositivas y previsionales, que fue calificada de "jubileo" desde las bancas adversarias al kirchnerismo. "Esto es ponerle el cartelito de tonto al que cumplió con sus impuestos", sentenció el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe).

Tampoco se salvó de los cuestionamientos el plan de regularización de empleo en negro mediante la reducción de cargas patronales, tercer puntal del denominado "megaplán anticrisis".

La ley fue sancionada por 42 votos a favor, aportados por el kirchnerismo y el único representante del Movimiento Popular Neuquino, y 27 en contra. El blanqueo de capitales, en tanto, tuvo un resultado más cerrado (39 a 28). Los oficialistas que rechazaron esta medida fueron los santafecinos Carlos Reutemann y Roxana Latorre, Elena Corregido (Chaco) y los salteños Sonia Escudero y Juan Carlos Romero.

La norma nace cuestionada además por el Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales (GAFI), organismo intergubernamental del que la Argentina forma parte, que le remitió al gobierno de Cristina Kirchner una nota en la que le advertía sobre los peligros de aprobar una norma que flexibiliza el control en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero sucio. También el embajador de los Estados Unidos, Earl Wayne, dijo que su país miraba con atención el paso propuesto por el Poder Ejecutivo.

La clave del proyecto es el artículo 32, en el dice que siguen vigentes los mecanismos de la ley contra el lavado de dinero, pero exime a quienes se acojan a la repatriación de declarar el origen del dinero.

Quejas

La oficialista Escudero fue lapidaria en su crítica, al afirmar que con esta norma el Estado incurrirá en el delito de encubrimiento de lavado de dinero, pues releva a la AFIP de indagar el origen de los fondos. "Este proyecto deslegitima la autoridad moral del Estado", sentenció, y calificó de inconstitucional la iniciativa porque contradice las convenciones interamericana y de la ONU contra la corrupción rubricadas por la Argentina.

El cordobés Carlos Rossi (Partido Nuevo) agregó: "Con este proyecto, la Argentina pasa a engrosar la lista de países que les abren la puerta a los delincuentes y a los evasores".

La senadora peronista disidente Liliana Negre calificó la norma de "clara inmoralidad" y destacó que "esta ley contradice todos los principios y valores que la Presidenta ha sostenido" cuando rechazó, en 2002, la derogación de la ley de subversión económica propuesta por el gobierno de Eduardo Duhalde.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Fabián Ríos (PJ-Corrientes), aseguró que "desde ningún punto de vista se puede entender esta ley para lavar dinero ilegal o sucio", sino que el blanqueo apunta a aquellos argentinos que retiraron sus ahorros del sistema financiero por la crisis del 2001.

El radical Alfredo Martínez (Santa Cruz) rechazó ese argumento al remarcar que la propuesta del Gobierno no hace ningún tipo de diferenciación en esa materia: "Da lo mismo blanquear 10.000 pesos o diez millones; no hay ningún resguardo".

A pesar de la controversia generada en la Cámara de Diputados, ayer, sólo la porteña María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica) destacó que el blanqueo necesitaba la mayoría absoluta para su aprobación y que eso no ocurrió una semana atrás.

Por Gustavo Ybarra

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